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El PP frena la investigación por financiación ilegal en Valencia

Los populares son los únicos que no han respondido a la solicitud de información del juez

Carlos Fabra, Alberto Fabra y Francisco Camps, en una imagen de la campaña electoral de 2007.

El PP no tiene prisa porque se resuelva la acusación de financiación ilegal que pesa sobre el partido en Valencia. De hecho, la dirección nacional es la única que no ha respondido al requerimiento de información que hizo el magistrado que instruye la causa en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El instructor pidió a la direccional del PP que determinara quién o quiénes fueron responsables o intervinieron en la contabilidad del partido en la Comunidad Valenciana. Y solicitó un informe sobre el “modo de funcionamiento”, el grado de “autonomía económico-financiera y contable” y el modo en que Génova fiscaliza y controla al PP valenciano. El juez pedía además que se explicara, especialmente, cómo funciona la contabilidad electoral “y en concreto la derivada de las campañas de los años 2007 (autonómicas y locales) y 2008 (generales)”, que son las que se están investigando ante la posibilidad de que varias empresas corrieran con gastos electorales de los populares y de forma encubierta, a través del endoso de facturas.

La petición se realizó el pasado mes de julio, cuando el tribunal valenciano aceptó investigar esta parte del caso Gürtel.

En el mismo auto, el magistrado solicitaba información y documentación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se instruye el grueso de la trama, que ya la ha remitido; al Tribunal de Cuentas, que ya la ha enviado; a la Sindicatura de Cuentas, que ya la ha cursado; a la presidencia de la Generalitat valenciana, que también ha hecho lo propio, aunque no con toda la información que se reclamaba. La policía, a la que se preguntó por los avances de la investigación, ha registrado un escrito en el tribunal en el que explica que, dado el volumen de la documentación del caso, aún no ha concluido su informe pero que lo remitirá “en breve”. Sin embargo, el PP no se ha pronunciado.

El magistrado precisa de la información antes de citar a declarar a los imputados

Estas pesquisas son necesarias para que el magistrado determine quiénes están involucrados en la causa. En julio ya señaló a la cúpula del PP valenciano, que estaba bajo la responsabilidad del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. E indicó que los hechos eran “presuntamente atribuibles” a Vicente Rambla (exvicepresidente); Ricardo Costa (exsecretario general del PP); David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV); Yolanda García (tesorera del PPCV; Cristina Ibáñez (administradora del PPCV), en lo que respecta a la financiación irregular, apartado en el que también se incluye al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Además, el mismo magistrado señaló a Rambla, Milagrosa Martínez (expresidenta de las Cortes valencianas y exconsejera de Turismo); y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de Turismo) como presuntos responsables de los supuestos delitos de cohecho y prevaricación.

Todo ello habría ocurrido, supuestamente, mientras la trama mafiosa hacía regalos al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres altos cargos de su Gobierno. Camps se sentará por ello en el banquillo ante un tribunal del jurado el próximo 12 de diciembre