Tres pasos para el fin de ETA

Los líderes de los principales partidos están cumpliendo su compromiso de dejar fuera de la campaña electoral la hoja de ruta a seguir tras el cese definitivo de la violencia de ETA. Es una confirmación de que se lo han tomado en serio. Pero el que no la exhiban no significa que no hayan intercambiado opiniones sobre qué hacer. Las ha habido entre los líderes del PSE —Patxi López—, PP —Antonio Basagoiti— y PNV —Iñigo Urkullu—. También José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy conocen de primera mano lo que plantean los líderes vascos. De las conversaciones entre los partidos se apunta una hoja de ruta. Pero será el Gobierno que surja del 20-N, al ser el que tiene las competencias, quien tome las decisiones, y lo hará de acuerdo con los principales partidos. Al Ejecutivo vasco le corresponderá aportar el clima político. Este es el resultado de las conversaciones:

» Primer paso: Las víctimas. Tanto López como Urkullu han reclamado a los líderes de la izquierda abertzale que reconozcan el daño causado a las víctimas del terrorismo como condición necesaria para que el Gobierno pueda dar pasos en el futuro, sobre todo en materia penitenciaria.

Los partidos implicados en el fin de ETA —PSOE, PP y PNV— creen necesaria la unidad y evitar que las víctimas del terrorismo se sientan ofendidas por dar pasos precipitados en la reinserción de los etarras que la ley contempla. "Hay que ir todos juntos, y es necesario pasar un tiempo para que las víctimas comprueben y asuman el fin de ETA".

De ahí que los partidos hayan pedido a la izquierda abertzale, además de paciencia, la necesidad del reconocimiento del daño causado por parte de la banda. Hace semanas que la izquierda abertzale admitió que preparaba un documento sobre el tema. Pero algunas fuentes señalan que aún tardará algún tiempo en hacerlo público, difícilmente antes del 20-N. "También ellos necesitan tiempo para llegar a acuerdos", señalan fuentes nacionalistas.

El reconocimiento del daño causado facilitaría los pasos del Gobierno

» Segundo paso: Decisiones pendientes de los tribunales. El reconocimiento del daño causado a las víctimas del terrorismo abriría los cauces para que el Gobierno y la justicia tomaran medidas. Algunas están pendientes de los tribunales. Así, la legalización de Sortu, el partido de la izquierda abertzale, está pendiente del Tribunal Constitucional.

El alto tribunal decidió esperar a que pasaran las elecciones para debatir sobre Sortu. El cese definitivo de la violencia de ETA facilita la legalización de Sortu, ya que la acusación de ser brazo político de una banda armada se diluye al cesar la actividad de ésta.

Por la misma regla de tres, el recurso que los abogados de Arnaldo Otegi presentaron ante el Tribunal Supremo tiene muchos visos de prosperar, ya que difícilmente puede sostenerse la acusación contra Otegi de ser dirigente de una banda armada cuando dicha banda ha cesado definitivamente.

También el Tribunal Constitucional tiene pendiente de pronunciamiento la aplicación de la llamada doctrina Parot (cumplimiento sucesivo de penas de prisión hasta completar el límite de 30 años). Las deliberaciones sobre algunos recursos de presos etarras están avanzadas y tras las elecciones del 20-N podría acordarse el criterio a seguir. El Tribunal va a examinar las liquidaciones de condena practicadas tras la doctrina Parot caso por caso, y etarras que ya han cumplido muchos años de condena podrían ser puestos en libertad.

Sortu, Otegi y la ‘doctrina Parot’, para después de las elecciones

» Tercer paso: Medidas penitenciarias. El acercamiento, e incluso cumplimiento de condena en domicilio, en el caso de presos enfermos de gravedad, es una medida que ya se aplica y podría generalizarse. El último caso, materializado el viernes, es el de Jesús Martín Hernando. Recientemente también se aplicó esta medida a Ibón Iparraguirre, Ramón Foruria y Sagrario Yoldi.

Otra de las primeras medidas que podría aplicarse es el acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco o próximas. Esta medida se incardinaría en la anulación de las medidas excepcionales que se han aplicado a los presos etarras como consecuencia del cese definitivo de la violencia.

Esta filosofía, el tratamiento penitenciario similar de los presos etarras al de los comunes una vez acabado el terrorismo, la ha defendido Urkullu ante Zapatero y Rajoy. Con la misma filosofía, a los presos de ETA se les podrían aplicar los beneficios penitenciarios.

Pero, para ello, antes tienen que reconocer, individualmente, el daño causado a las víctimas, de acuerdo con la reforma penal de 2003. También, y cumpliendo ese requisito, podrían concederse indultos. Los presos etarras que han cumplido la mitad de la pena podrían ver reducidas sus condenas hasta en cuatro meses por año. Los partidos creen que si la izquierda abertzale y ETA reconocieran el daño causado a las víctimas podrían propiciar que los presos etarras lo hicieran individualmente y cumplieran con la ley.

Teniendo en cuenta que la amnistía no está contemplada en la Constitución, el proceso será largo para aquellos presos de ETA que han sido condenados por delitos de sangre recientemente, en la última década. Otra medida a largo plazo es la reintegración de presos y huidos de ETA en la vida laboral, que también está en las conversaciones, a propuesta del PNV.