Bildu pone en cuarentena todas las inversiones en carreteras de Gipuzkoa
La Diputación revisará los 25 proyectos redactados por el anterior gobierno
![Mikel Ormazabal](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F298aedf5-790e-4a90-98ed-9ad679cdde79.png?auth=35aa7b41467444d7176a3b9b99399cfd1f4b86162b2c1da737f720ae4c5f43e0&width=100&height=100&smart=true)
![Larraitz Ugarte, ayer en la Diputación guipuzcoana.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/PMHPSDBD4H5D76RAD44VA25IPE.jpg?auth=72ea7594734d435e4c0802dbfcfbd531701808f2790b1d3286145553530fde10&width=414)
La Diputación de Gipuzkoa, gobernada por Bildu, ha decidido poner freno a la política “temeraria” de inversión en nuevas carreteras que había planificado el anterior ejecutivo foral, en manos del PNV y Hamaikabat. La primera medida de urgencia, adoptada ayer mismo por el consejo de diputados, consiste en renunciar a la construcción de la variante de Zarautz, presupuestada en 35 millones de euros, y una rotonda en la N-I en Lasarte-Oria (6,25 millones), según informó la portavoz foral y diputada del ramo, Larraitz Ugarte. Además, Bildu ha decidido poner en cuarentena otros 23 proyectos viarios que estaban previstos para el periodo 2012-2015 y que totalizan una inversión de 696 millones.
Ugarte criticó la gestión realizada por los anteriores responsables forales en materia de infraestructuras viarias. El equipo presidido por Markel Olano, del PNV, proyectó construir en cuatro años un total de 25 nuevas carreteras, enlaces y rotondas por un montante de 731 millones. La relación de inversiones incluye, entre otras, la variante de Andoain (120 millones), el tramo Azkotia-Urretxu (110 millones), Mutriku-Sasiola (82 millones), Antzuola-Bergara (71,5 millones) o la variante del alto de Etxegarate (53 millones). Bildu va a “replantearse” todas estas obras por razones exclusivamente “económicas”.
Además de los 731 millones en carreteras, la anterior Diputación contempló gastar otros 235 millones durante el mismo período en la conservación de carreteras, supervisión de proyectos, túneles, puentes y “promesas hechas a ayuntamientos”. La diputada de Infraestructuras Viarias afirmó que estos planes solo podrían ejecutarse aumentando el nivel de endeudamiento de la Diputación, que actualmente es de casi 600 millones. Bildu ha optado por frenar en seco estos proyectos, dado que asfixiaría la capacidad económica de la Diputación. El gobierno foral presentará esta semana un proyecto presupuestario para 2012 por algo más de 600 millones de euros, anunció Ugarte.
Bildu dice haber recibido una herencia alarmante que obliga a practicar una política de contención total de los gastos. Ugarte puso como ejemplo la maltrecha situación económico-financiera de la sociedad pública Bidegi, encargada de la gestión y explotación de las autopistas de Gipuzkoa, acumula una deuda de 900 millones. En el consejo de administración celebrado este pasado lunes afloró una deuda de 900 millones, de los que 500 millones corresponde a un crédito contratado con el Banco Europeo de Inversiones para construir la AP-1. En marzo de este año, informó la diputada, Bidegi solicitó otro préstamo de 400 millones a la banca comercial sujeto a los ingresos que se iban a obtener de la explotación de las autopistas.
Ugarte criticó duramente las condiciones del contrato suscrito en 2003 por Bidegi con la UTE Bidelan, encargada de gestionar el cobro de los peajes de la AP-8 y la AP-1. En su día, Aralar denunció la adjudicación a Bidelan se efectuó mediante un supuesto “tráfico de influencias” a favor de empresas vinculadas a cargos internos del PNV. Ugarte señaló ayer que Bidegi firmó un “negocio redondo” a favor de Bidelan que esconde “unos intereses políticos tremendos”. “Bidelan presenta todos los años una cuenta de gastos y Bidegi le paga esa cantidad y un 7,7% adicional por beneficios”, subrayó. “Bidelan es un chollo de UTE que no asume riesgos y cuanto más gasta más beneficios tiene”, añadió la diputada.
El nuevo consejo de Bidegi adoptó esta semana el acuerdo de reducir un 15% el salario del director general —aún vacante— y un 10% el del resto de directores de la compañía pública, además de eliminar las dietas de 300 euros que cobraban los consejeros por asistir a cada reunión.
La política de recorte de gasto ha llevado a la Diputación guipuzcoana a plantearse la conveniencia de modificar la política de cobro por el uso de las autopistas e implantar el “peaje por tramos”, para penalizar los desplazamientos cortos y abaratar los de mayor distancia. Ugarte recordó que sería una medida provisional a la espera de la decisión definitiva que se adopte en el debate sobre financiación de carreteras que se abrirá en las Juntas Generales. La diputada recordó que Bildu es partidaria de instaurar la “viñeta social”.
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