El juez cita a Mas por el cerco al Parlamento catalán
El presidente de la Generalitat podrá declarar, si lo desea, desde su domicilio o su despacho Dos diputados ecosocialistas estudian no comparecer porque "no tienen nada que aportar"
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha citado a declarar como perjudicados al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a otros 10 diputados por el acoso que sufrieron el pasado 15 de junio al ser atacados por un grupo de indignados cuando trataban de acceder al Parlamento catalán. Los 10 diputados deberán acudir a Madrid los próximos días 13, 14 y 15 de diciembre. Mas podrá declarar, si lo desea, en su domicilio o en su despacho.
El magistrado además considera que las fotos que tomaron a los 17 indignados imputados cuando estaban en comisaría no vulneran su derecho al honor y ha rechazado la petición de sus defensas de que el caso sea juzgado por los tribunales catalanes.
El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha asegurado hoy que Artur Mas y su ejecutivo están "siempre a disposición de lo que determine la justicia" y van a colaborar en el caso del cerco al Parlament. Tras la reunión de hoy del Gobierno catalán, Homs ha garantizado "toda la colaboración que se pida al gobierno de la Generalitat, en este caso y en cualquier otro, por parte de la administración de justicia".
Además de Mas, el juez quiere interrogar a los diputados nacionalistas Gerard María Figueres, Josep María Llop, Jordi Turull, Ana Isabel Marcos y Santi Vila (CiU); a los socialistas Montserrat Tura y Ernest Maragall (PSC); a los ecosocialistas Joan Boada y Salvador Milà (ICV-EUiA) y al independentista de Soliudaritat Alfons López Tena (SI).Todos los partidos catalanes han considerado lógica la citación del juez salvo los ecosocialistas que enviarán una carta al magistrado para advertirle que "poco más" podrán explicar sobre los incidentes en el Parlament, aunque se pondrán a su disposición si lo considera necesario.
El portavoz adjunto de Iniciativa, Jordi Miralles, ha calificado de "despropósito" la decisión de la Audiencia Nacional -entidad que considera que debería disolverse- y ha recordado que ningún diputado ecosocialista ha presentado denuncia alguna y que no tienen nada nuevo a aportar.El magistrado no ha citado a ningún diputado de Esquerra pero la portavoz de ese partido, Anna Simó, ha coincido con los ecosocialistas en desestimar que sea la Audiencia Nacional la que juzgue estos altercados porque, a su juicio, debería haberlo juzgado la jurisdicción catalana.
Por contra, Oriol Pujol, presidente de CiU en el Parlament, ha recordado que ya sugirieron a los diputados afectados que presentaran denuncia ante lo que fue "un zarandeo del estado de derecho, y no un juego de intenciones", y ha expresado la predisposición de todos ellos a colaborar con la justicia para evitar que se repitan incidentes como los acaecidos con el objetivo de que se les dé la gravedad que se merecen y no para buscar un culpable ni un castigo ejemplar. Albert Rivera, de Ciutadans, ha aplaudido que los que sufrieron los altercados en primera persona puedan declarar y que se juzgue a las personas que, según el Código Penal, cometieron un delito, aunque ha admitido que le sorprende que hayan citado a Mas porque llegó en helicóptero.
El TSJC reprende a Interior por prohibir una protesta del 15-M
La citación del juez Velasco no es la única resolución judicial que afecta a los indignados de Cataluña. Esta mañana el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha reprendido a la Generalitat por vulnerar su derecho de manifestación el pasado 18 de septiembre. La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo considera que el Departamento de Interior, que dirige Felipe Puig, impuso a los simpatizantes del Movimiento 15-M condiciones "sin justificación suficiente" y lo hizo sin tiempo para que pudieran recurrirlas.
El 5 de septiembre los indignados solicitaron permiso a la Generalitat para celebrar la manifestación el día 18 de ese mismo mes. El departamento de Interior contestó a su petición el día 16 imponiéndoles una serie de condiciones, como no poder ocupar las calzadas. Al ser inhábiles los sábados y los domingos, los convocantes no tuvieron margen para recurrir, lo que, según el TSJC, les sumió en una "inseguridad jurídica".
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