El juez observa indicios de delito en la trama del Plan General de Alicante

Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, instructor de la rama del caso Brugal sobre un presunto trato de favor del Ayuntamiento al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), considera que hay indicios de delito en los hechos investigados.

El magistrado hace este razonamiento en el auto, dictado el pasado viernes, mediante el que valida las escuchas telefónicas que dieron pie al inicio del caso. Aunque todavía no han sido calificados provisionalmente, los hechos investigados “revisten indicios de ser delictivos y han provocado una gran alarma social debido al quebranto que suponen en la confianza de la actuación de las Administraciones”, razona el juez.

En el auto, Tejada rechaza los recursos de las partes a las escuchas, que comenzaron con el pinchazo del teléfono de Ortiz el pasado 9 de mayo de 2008. El magistrado valida las intervenciones porque, en su opinión, no es el momento procesal para dilucidar esos recursos. El juez cree este tipo de cuestiones debe dirimirlas el magistrado que juzgue los hechos, si hubiera vista oral.

En este sumario el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, acusa a 21 personas, entre ellas, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi. Briones atribuye a ambos los delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información. Del total de acusados, el juez ya ha imputado a nueve. Los más destacados son Ortiz y su mujer y los abogados urbanistas José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa) y el exedil socialista Javier Gutiérrez.

El juez valida las escuchas ante la "alarma social"

El magistrado ManriqueTejada esgrime la “alarma social” como uno de los argumentos a la hora de validar las escuchas telefónicas que propiciaron la investigación sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El juez considera que el delito de tráfico de influencias que se perseguía con la autorización de las intervenciones genera “alarma social” al cuestionar los procedimientos de licitación de las Administracioens Públicas.

 El juez también rechaza los argumentos de las defensas sobre una supuesta vulneración de los derechos fundamentales (privacidad de las comunicaciones) y considera que en este caso debe prevalecer el interés general, y máxime cuando también “se intuye la posibilidad de que algún cargo público pudiera estar informando a un empresario con carácter previo a que éste realice una compra de terreno”. “Las intervenciones telefónicas decretadas y prorrogadas eran el medio idóneo para conseguir el fin investigador propuesto, eran necesarias por no existir otro medio más moderado para averiguar la posible influencia, ingerencia delictiva en la redacción de instrumentos de planeamiento territorial público \[PGOU de Alicante\], y era una medida que proporcionaba más ventajas para el interés general que perjuicios para el derecho a la intimidad en conflicto. También más beneficios para el Estado de derecho”, argumenta Tejada en su auto.

La resolución del magistrado Manrique Tejada difiere de la dictada el pasado 14 de junio por el instructor general del sumario de caso Brugal, Carlos Sanmartín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, que anuló parcialmente las intervenciones telefónicas. El auto de San Martín ha sido apelado por todas las partes, incluido el fiscal Anticorrupción, a la Audiencia de Alicante, en concreto la sección 7ª con sede en Elche.

Las defensas de los imputados en el caso del PGOU declinaron ayer pronunciarse sobre el auto del Juzgado número 5 de Alicante. No obstante, el letrado que representa a los abogados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, propietarios del bufete Salvetti, señaló que con toda probabilidad presentará un recurso de apelación. De materializar el anuncio, este recurso tendría que ser visto, por motivos de territorialidad, por otra sección de la Audiencia con sede en la ciudad de Alicante. Ello conllevará que dos salas distintas del máximo órgano de la judicatura de Alicante tendrían que pronunciarse sobre las escuchas.

Las reacciones al auto del juez Tejada solo provinieron del bando de la oposición municipal, PSPV y EU, personados en el sumario. El juez igualmente ha desestimado sendos recursos de estas partes que cuestionaban la legitimidad de los recursos de las defensas.

Elena Martín Portavoz, del grupo municipal del PSPV, señaló que “el presunto tráfico de influencias de Castedo queda más que patente en las escuchas que ahora son consideradas por el juez como medio idóneo, y necesarias”. “Ya no le queda más salida \[a la alcaldesa\] que explicarse y confesar lo que pudieron hacer”, añadió. Mientras, Miguel Ángel Pavón, portavoz del grupo de EU, destacó el hecho de que “el auto anteponga la defensa del interés general a los posibles perjuicios que las escuchas pudieran haber causado a los implicados”.

La alcaldesa de Alicante declinó hacer comentarios, porque no le afecta la resolución al no ser todavía parte en el proceso. Ortiz dijo escuetamente: “No tengo nada que decir. Todo está en manos de mis abogados”.