Las trampas de una promesa

Es una promesa fácil y efectiva: todos los españoles tienen derecho a recibir los mismos servicios por parte del sistema nacional de salud independientemente de la comunidad en la que vivan. La acaba de mencionar Ana Pastor. Pero ella misma –médico y ministra de Sanidad entre 2000 y 2004- sabe que esa promesa tiene varias trampas. La primera, que no hay herramientas para imponerla. El sistema de transferencias a las autonomías, que la propia Pastor se encargó de completar en 2002 (aun a pesar de algunos gobernantes territoriales de su partido, como los de La Rioja y Murcia), no permite que alguien desde fuera decida qué servicios se van a dar. Lo único que está establecido es cuáles son las prestaciones mínimas que todas las comunidades deben ofrecer. A partir de ahí, cada una, con sus propios fondos, puede hacer lo que quiera.

Para que eso quedara claro, en 2005 –ya con Gobierno del PSOE- se aprobó la cartera de servicios mínimos, que son las prestaciones que todos deben ofertar. Claro que hablar de “mínimos” en España es una exageración. Para la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno, esta lista de prestaciones públicas, la inmensa mayoría de ellas gratuitas, sería un catálogo de máximos. Por eso a las comunidades, siempre deseosas de marcar la diferencia con las vecinas, les ha costado tanto sacar pecho y encontrar algo que ofrecer que no hagan las demás.

Uno de los campos en los que había más terreno para ser original era el de la prestaciones bucodentales. Pero un acuerdo del Consejo Interterritorial de 2007 –que es el encargado de acordar las prestaciones comunes- estableció también los mínimos para todos, sobre todo en lo que se refiere a los menores. También en el campo de la atención socio-sanitaria hay diferencias, o en el de la financiación pública de productos sanitarios (pañales, prótesis).

De hecho, cada vez que una comunidad ha tenido una buena idea en ese sentido –la primera unidad de identidad de género de Andalucía, por ejemplo-, lo que ha sucedido es que el resto la ha asumido y se han creado centros de referencia para atender a toda la población española que lo necesitara.

La segunda trampa de esta promesa es que, aceptando que hay algunas diferencias entre comunidades, no se dice cómo se va a unificar la oferta. ¿Se va a restringir el programa de atención bucodental que ya disfrutan en el País Vasco o los cuidados paliativos domiciliarios de Cataluña, por ejemplo? ¿O se va a forzar a las demás comunidades a ponerse a la par que las más generosas –se supone que dándoles el dinero para ello-?

Y queda una tercera trampa. O una llamada de atención. Porque si tan claro lo tienen, podían empezar por unificar la oferta en las comunidades gobernadas por el PP. Para eso no necesitan elecciones. Que todas den la vacuna de la neumonía, como Madrid y Galicia. O que estas la retiren e igualen la cartera vacunal de Murcia, por ejemplo. O que todas den todos los medicamentos subvencionados por la sanidad pública, o que los restrinjan igual que Galicia.