El Supremo rechaza revisar la condena a 11 islamistas por los cables de Wikileaks

El Tribunal Supremo no ha autorizado la presentación de un recurso de revisión por parte de los 11 islamistas condenados por pertenencia a un grupo terrorista que proyectaba supuestamente atentar con explosivos en el metro de Barcelona, en enero de 2008. El alto tribunal no considera una “nueva prueba” que permita acreditar la inocencia de los condenados el contenido de unos cables de Wikileaks en los que se indicaba que el testigo cuyas manifestaciones sirvieron para fundamentar la condena era en realidad un “agente encubierto de un país tercero”.

Según el auto que deniega la interposición del recurso, el Supremo explica que para la interposición del recurso de revisión “es preciso que las nuevas pruebas lo sean efectivamente” y demuestren la inocencia del condenado o justifiquen la imposición de una pena menos grave. Y en los cables de Wikileaks, “únicamente se refleja una supuesta comunicación diplomática en la que se recogería la apreciación de un tercero sobre el contenido de una conversación informal mantenida con un fiscal español”.

De dicha conversación “solamente resultaría la opinión personal acerca de la forma en la que pudiera calificarse de modo coloquial la relación del testigo referido con las autoridades o los servicios policiales o secretos de otro país”. Por tanto, no se trata de un documento del que se derive la constatación de que tal persona operó desde un primer momento como un agente encubierto, y no puede afirmarse que de esa información de Wikileaks se pueda establecer la inocencia de los islamistas en relación con los hechos por los que fueron condenados.

El pasado enero, el Supremo ya redujo sensiblemente las penas a 11 islamistas sentenciados por la Audiencia Nacional por integrar una célula islamistas que proyectaba atentar en el metro de Barcelona en un supuesto ataque suicida. A los dos principales implicados, Qadeer Malik y Shaib Iqbal, les absolvió del delito de tenencia de explosivos, por lo que sus condenas quedaron reducidas de 14 años y medio a seis años de cárcel.