Ronda, dos décadas de denuncias sin respuesta

El pasado martes, varias unidades del Cuerpo Nacional de Policía irrumpían, de forma discreta, en el Ayuntamiento de Ronda (Málaga) para iniciar la operación Acinipo contra la corrupción urbanística. Los vecinos congregados en la plaza de la Duquesa de Parcent no sabían qué estaba ocurriendo exactamente en el interior del antiguo cuartel del siglo XVIII que alberga la casa consistorial, pero todos pronunciaban la frase-comodín que se escucha en las localidades cuyos políticos son objeto de investigación judicial: “Esto se veía venir”.

Aunque para los rondeños la detención del exalcalde socialista Antonio Marín Lara y otros ediles de su equipo de gobierno hasta las pasadas elecciones del 22 de mayo no constituya ninguna sorpresa, lo cierto es que tiene algo de punto de inflexión. La operación Acinipo cierra un ciclo de más de dos décadas en el que la Justicia, generalmente a instancias de la fiscalía, archivaba las múltiples denuncias de irregularidades urbanísticas presentadas casi siempre por grupos ecologistas. “En mi casa tengo un baúl lleno de denuncias que han acabado archivadas y sobreseídas”, afirma Juan Terroba, de Silvema Ecologistas en Acción, mientras muestra el primero de los escritos, de 6 de junio de 1990. En él, los conservacionistas ya hacían mención a que los responsables urbanísticos del Consistorio realizaban “modificaciones y alteraciones no justificadas (...) de calificaciones de suelo y de la normativa urbanística”. En 2002, Silvema solicitó, en vano, a la Junta de Andalucía que retirara a Ronda las competencias en materia de urbanismo en aplicación de la recién aprobada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

El principal caballo de batalla de los grupos ecologistas y también de Izquierda Unida ha sido el famoso complejo residencial Los Merinos Norte. Esta urbanización de 442 villas de lujo, 341 viviendas unifamiliares, un hotel, dos campos de golf y un club hípico a 12 kilómetros del casco urbano y en una zona protegida lindante con la reserva de la biosfera de la Unesco, fue denunciada en 2007 ante la Fiscalía de Medio Ambiente por Izquierda Unida. Según la coalición de izquierdas, el decreto por el que el entonces alcalde Marín Lara había dado el visto bueno a las obras era ilegal porque se había otorgado contra el criterio de la Agencia Andaluza del Agua, que no había autorizado el caudal necesario para abastecer a la urbanización.

Marín Lara trataba a cualquier precio de solventar los contratiempos de la urbanización. Tras la negativa del organismo de la cuenca a suministrar agua al residencial, firmó un convenio con los promotores de Los Merinos para abastecer al complejo mediante una tubería que conectara la depuradora de Ronda con las viviendas nuevas.

El 7 de marzo de 2011, el Juzgado de Instrucción número 1 de Ronda archivó la denuncia a instancias del fiscal de Medio Ambiente. El ministerio público, pese a destacar “la alegría con la que algunas veces los responsables políticos de turno conceden licencias de obra” sin tener en cuenta la inexistencia de recursos hídricos, consideró que la concesión por parte de Marín Lara no constituía prevaricación. El sobreseimiento en la vía judicial vino precedido por el cierre de la vía administrativa. En 2006, los ecologistas denunciaron ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta una serie de incumplimientos de la Declaración de Impacto Ambiental de la obra de Los Merinos por parte de la promotora. Los conservacionistas señalaron a la consejería movimientos de tierra, apertura de caminos y desmontes ilegales. Sin embargo, Medio Ambiente dejó correr el tiempo sin tomar medidas hasta que el 14 de enero pasado la entonces delegada de la consejería en Málaga, Remedios Martel, archivó la causa porque la infracción estaba “prescrita”.

Los promotores tampoco se quedaban de brazos cruzados en los tribunales. A cada declaración crítica o a cada excursión de los ecologistas por los terrenos de Los Merinos para comprobar la tala de cientos de encinas le sucedía una querella o una demanda. Terroba guarda un documento en el que detalla las 24 denuncias que los detractores de Los Merinos recibieron de los abogados que representan al entramado de sociedades que participaba en Los Merinos. Uno de los más perseguidos fue el fallecido escritor inglés Alastair Boyd, a quien los promotores trataron de acallar exigiéndole en los tribunales 22 millones de euros por sus declaraciones en la prensa inglesa sobre la urbanización.