La Xunta lleva dos meses sin adjudicar concursos de obras o servicios
Feijóo admite que los recortes no solo aplazarán obras, también las anularán
Desde el pasado 1 de agosto el Gobierno gallego no ha resuelto un solo concurso público, y sus consejerías se han limitándo a culminar la tramitación de procesos ya resueltos anteriormente. Así lo viene reflejando durante los dos últimos meses la página web de la Xunta en la que por ley se deben públicar los distintos trámites por los que pasan todos los contratos de la Administración. En ella el Gobierno gallego no ha reflejado en todo este tiempo ni una sola adjudicación provisional, el momento en que un deparamento escoge de entre las candidatas que optan al concurso.
Durante estos dos meses solo se han consignado en la web de contratos públicos varias adjudicaciones definitivas, el trámite final que cierra las contrataciones cuando no se han producido recursos contra la adjudicación provisional o cuando se opta por contrataciones a dedo —sin concurso público— de cuantías menores.
En este tiempo solo la Sociedade Pública de Inversiones (SPI), que acomete determinadas infraestructuras por encargo de las consejerías pero recurriendo a créditos, ha resuelto varios concursos públicos. El más significativo, este sí adjudicado el 9 de septiembre, para la construcción por 16 millones de euros de un edificio para juzgados en Ourense. Será posible levantarlo gracias al planeamiento urbanístico provisional que el Consello de la Xunta aprobó ayer para sortear el bloqueo que supuso la anulación del plan general vigente por el Tribunal Supremo.
El parón en las adjudicaciones, que va más allá del que se registra cada verano en todos los gobiernos, se produjo un mes y medio antes de que la Consejería de Hacienda dictase una instrucción que pide al resto de departamentos limitar al máximo los gastos nuevos en lo que queda de año. Todo, para lograr el ajuste de 129 millones de euros que ha tenido que realizar en las cuentas autonómicas.
Las infraestructuras viarias son la última de las prioridades de la Xunta
De ese último recorte al Presupuesto apenas se conoce ningún detalle y solo la Consejería de Cultura aclaró que lo restará del capítulo de ayudas, aparte de no comenzar ningún proyecto nuevo. Feijóo explicó ayer que su Gobierno dará toda la información este mismo mes y que lo que trata de ver ahora es qué proyectos se aplazan al ejercicio 2012 y cuáles tampoco tendrán cabida el año próximo y por tanto serán anulados. Dejó entrever que algunos proyectos serán descartados en lugar de sufrir un mero aplazamiento. “Las retenciones de crédito están hechas y tienen soporte documental, puesto que no vamos a recibir esos fondos no vamos a hacer gastos para no incurrir en un déficit mayor al pactado”, aclaró el presidente.
E insistió en que su prioridad este año ha sido el gasto social y dentro de las infraestructuras, las obras sanitarias y educativas, así como las residencias y centros de día. Dejó claro que las infraestructuras viarias están a la cola de sus prioridades en este contexto de crisis porque ya recibieron un fuerte impulso en las épocas de vacas gordas entre 2003 y 2008. Esa decisión se está dejando ver en la caída de la licitación de obra pública autonómica. Según un informe de la patronal de la construcción en la primera mitad del año, cuando la Xunta únicamente licitó actuaciones por 229 millones de euros, un 40% menos que en el mismo periodo de 2010.
En todo caso, antes de que termine el año la Xunta debería adjudicar el concurso de mayor importe de los que tiene pendientes y que todavía está en plazo, el que permitirá convertir en autovía el Corredor do Morrazo y mantener las carreteras de la zona por 364 millones de euros.
El consejero responsable de las infraestructuras, que en estos últimos meses viene reclamando sin éxito más fondos para su cartera, aseguró a principios de septiembre que su departamento explicará, cuando lo tenga listo, el reajuste de las obras. Fue un día después de que la titular de Hacienda, Marta Fernández Currás, hiciese recaer el grueso del tijeretazo para ahorrar los 129 millones (el resto hasta 243 se solventarán con deuda) sobre el departamento de Hernández.
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