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La Defensora del Pueblo pide que se incluya el despilfarro como delito

Cava de Llano ha pedido al Ministerio de Justicia que estudie su inclusión en el Código Penal

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano.
La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano.

“Es un clamor en la calle y les advierto de que no voy a mirar a nadie, absolutamente a nadie, porque el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra”. De esta manera se lanzó la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, a hablar del despilfarro. Y lo hizo en el Congreso, durante su intervención para exponer la memoria de esta institución. Tras los cruces de acusaciones políticas sobre el despilfarro, la deuda y la existencia de facturas impagadas, Cava de Llano sorprendió con su anuncio, formulado ante el Ministerio de Justicia, para que estudie “con toda seriedad y rigor” la inclusión del despilfarro público como delito en el Código Penal.

La Defensora del Pueblo quiso hacer hincapié en la procedencia de ese dinero que gastan las administraciones públicas que salen de “los impuestos que gravan la renta o el consumo de millones de personas”. Y fue especialmente dura al hablar de las facturas que se acumulan en los cajones, “facturas que se cuentan por centenares, generadas alegremente, como si el dinero que con tanto esfuerzo cuesta ganar a los trabajadores o a los empresarios o a los autónomos fuera infinito”. “Facturas y deudas que habrán de pagar las futuras generaciones”, sostuvo.

María Luis Cava de Llano justificó su petición en el hecho de que el Código Penal persigue malas prácticas en la administración solo cuando existe un lucro personal y apunta que este “gasto inconmensurable”, generalmente, “no busca el lucro personal de quien lo decide pero sí su lucro político”. Argumentó que “la responsabilidad contable es patrimonial y no sancionadora” y está vinculada al concepto de “menoscabo de los caudales o efectos que tiene un sentido jurídico muy delimitado por la doctrina”.

Así, planteó su duda sobre si la legislación española es adecuada para expresar en términos jurídicos el “reproche social” que el despilfarro del dinero público merece y que es, según mantuvo “una de las causas determinantes de la crisis” que puede suponer el recorte de derechos sociales. Cava de Llano dijo trasladar las inquietudes de los ciudadanos, “aunque es más cómodo no hacerlo”.

La Defensora llamó a hacer una reflexión sobre este tema que “escandaliza profundamente, y con razón, a los ciudadanos” y argumentó que “desde la institución que represento es necesario reivindicar la necesidad de hacer cada día más fuerte el compromiso de la sociedad con el espíritu y la letra de los derechos fundamentales que recoge el artículo primero de la Constitución”.

“No es cuestión de mirar al pasado sino al futuro, para que entre todos dignifiquemos la clase política y demos respuesta a las demandas sociales sobre este tema tan justas como claras y reiteradas en los últimos tiempos”, concluyó.