El Gobierno admite que hubiera querido compartir la reforma con los ciudadanos

La gravedad de la coyuntura económica y la falta de tiempo es el principal motivo, según el portavoz del Gobierno, José Blanco, para no haber realizado una consulta a los ciudadanos sobre la reforma de la Constitución. Blanco ha admitido que al Gobierno "le hubiera gustado compartir con los ciudadanos esta decisión", aunque ha evitado mencionar la palabra referéndum: "Esta medida será eficaz si la resolvemos deprisa. Dado que estamos en una situación grave que exige respuestas rápidas, no vamos a transferir la responsabilidad que tenemos que asumir a los ciudadanos. Y ellos juzgaran la responsabilidad de quien ha tenido que asumir esta decisión", ha asegurado esta mañana Blanco en una entrevista a la cadena SER.

Los movimientos sociales y las protestas a favor de que se proponga una consulta para la reforma constitucional se han sucedido estos días. El Movimiento 15-M marchó ayer una marcha desde la calle Ferraz, donde se encuentra la sede del PSOE, hasta la del PP en la calle Génova y hoy está prevista una manifestación a las siete de la tarde desde Atocha hasta las inmediaciones del Congreso. Además, los sindicatos tienen su gran cita para el próximo 6 de septiembre.

Además Blanco ha asegurado que la reforma constitucional no garantizará el fin de los ataques a la deuda española: "No es una garantía, pero cuando reclamamos una gobernanza económica de la Unión Europea, solo podrá ser si se establece el principio de buen Gobierno en cada uno de los países. Nadie va a pagar los platos rotos de los demás", ha sentenciado. "La deuda excesiva es un lastre para el desarrollo de un país", ha explicado. Sin embargo, en el ámbito europeo no todas las voces son unánimes con respecto a incluir el tope de déficit en la Constitución. El presidente de la Unión Europea, Van Rompuy, aseguró ayer que no era necesario para que los Estados saneen sus cuentas públicas. 

La carrera principal que hoy se compite desde el Gobierno y el grupo parlamentario socialista que no es otra que la de conseguir la adhesión de los grupos nacionalistas, especialmente CiU. Los nacionalistas catalanes quieren seguir manteniendo el suspense hasta el final y su portavoz, Josep Antoni Duran Lleida, no ha querido aclarar esta mañana el sentido de su voto en el pleno monográfico de mañana, en el que se aprobará la reforma.

"No cederemos ante nada que limite la capacidad financiera de Cataluña. La reforma no ha de comportar alteración alguna del equilibrio de poder que la Constitución actual establece entre el Estado y las autonomías. Esa será nuestra línea roja", ha aseverado. CiU ha dejado claro hoy que no está de acuerdo en que no sea una ley orgánica la que fije el déficit estructural, informa Efe.

Por ello, en sus enmiendas CiU reclama que sean tanto el Estado, a través de las Cortes Generales, como las comunidades autónomas, a través de sus órganos legislativos propios, los que fijen, por un lado, ese máximo de déficit para garantizar la estabilidad presupuestaria, y, por otro, puedan decidir la autorización de emisiones de deuda pública y si contraen algún crédito.

Gaspar Llamazares ha afirmado rotundo que la reforma de la Constitución pactada por PSOE y PP para limitar el déficit público "expulsa a millones de españoles de la Constitución". El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) se refiere a la ausencia de referéndum, que impide que los ciudadanos -incluyendo a los cientos de miles de personas que no votaron a los dos grandes partidos, quienes se abstuvieron o votaron nulo, o quienes simplemente no votaron- manifiesten su opinión sobre lo que él considera "un golpe del bipartidismo y de los mercados".

Blanco ha dicho esta mañana que establecer en la Constitución el déficit es "esencial", porque según el portavoz del Ejecutivo, esa decisión trasciende en un momento que el ministro de Fomento ha calificado de "complicado" y en un contexto de mucha "volatilidad". Además, Blanco ha explicado que la estabilidad presupuestaria es un principio flexible y socialdemócrata.

Blanco ha asegurado que tampoco hay tiempo para aprobar en el Parlamento un impuesto que grave a las rentas más altas y que el debate sobre la recuperación del impuesto de patrimonio no se ha planteado aún en el seno del Ejecutivo. De la gravedad económica también han hablando los dos sindicatos principales. "Esta reforma no va a servir", el líder de UGT, Cándido Méndez, ha apelado a los tres años que en Alemania duró el debate en torno al cambio en la Constitución con respecto al límite de déficit. "El efecto va a durar menos que una onza de chocolate en la puerta de un colegio".