179 pueblos andaluces se apresuran a liquidar sus cuentas para no perder dinero

Como aquellos estudiantes que dejan los deberes para el último momento, los municipios andaluces se apresuran a remitir al Ministerio de Economía y Hacienda la liquidación de sus presupuestos de 2010 para no quedarse sin los fondos que el Estado transfiere a las entidades locales, y que suponen entre el 20% y el 25% de sus recursos financieros. El pasado martes, un total de 488 municipios de la comunidad, casi todos de tamaño mediano y pequeño, no habían entregado aún el documento. Ayer, según los datos del departamento que dirige Elena Salgado, esta cifra se había reducido a 179 pueblos.

La Ley de Economía Sostenible, aprobada en 2010, obliga a las entidades locales a remitir antes del primer trimestre del año la información de la liquidación de los presupuestos del año anterior. Si no lo hacen, el Gobierno les retendrá los fondos de la llamada participación en los ingresos de Estado. El Ejecutivo prorrogó hasta el 31 de julio el plazo para ponerse al día. Sin embargo, todavía hay pueblos que se arriesgan a agravar su asfixia económica ya que si no presentan la liquidación, a partir de octubre dejarán de recibir la transferencia mensual del Estado.

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, afirmó que “es de sentido común que habrá que pedir otra moratoria”, posibilidad que Economía todavía no maneja, según una portavoz oficial del Ministerio. Toscano afirma que “no hay una justificación clara” para que un número tan grande de municipios no haya remitido la liquidación, pero apunta dos factores: el cambio de color político en numerosos ayuntamientos tras las elecciones del pasado 22 de mayo y la falta de personal para encargarse de la liquidación. No obstante, Toscano considera que si se le cierra a los consistorios el grifo de los fondos del Estado “muchos se verían al borde no poder pagar ni las nóminas”.

Hacienda dejará de pagar hasta que los ayuntamientos se pongan al día

La portavoz del Ministerio asegura que la carta que se remitió a los alcaldes en la que se informaba del ultimátum del 31 de julio no tenía como objeto retener el dinero de los ayuntamientos sino simplemente fomentar que los consistorios remitan la información. La retención de los fondos mensuales a los pueblos incumplidores comenzará a partir de octubre, lo que no significa que los municipios pierdan el derecho a disponer del dinero. “En el caso hipotético de que un ayuntamiento presente la liquidación en diciembre, se abonará el dinero a partir de ese mes y los atrasos retenidos correspondientes”, afirma la portavoz. De momento en el Gobierno no se han recibido solicitudes de aplazamiento.

El año pasado los más de 8.000 municipios españoles recibieron un total de 11.858,3 millones de euros de transferencias por la llamada participación en los ingresos del Estado. Los grandes municipios —capitales de provincia y comunidad o aquellos con más de 75.000 habitantes empadronados— pueden obtener la cesión de determinados impuestos que el Estado comparte con las comunidades autónomas. En los municipios pequeños, el 75% de la transferencia se calcula por la población de derecho ponderada, el 12,5% con arreglo al esfuerzo fiscal que hace el municipio y el 12,5% restante se calcula en relación inversa a su capacidad tributaria. Estos cálculos se revisan cada cuatro años.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, ejerce de intermediaria en los pagos. El Estado, tras descontar las deudas de los municipios con Hacienda y la Seguridad Social, ingresa la remesa cada mes en el presupuesto de la JuntaPara, que transfiere la cantidad al municipio con carácter trimestral.

Con información de Fernando J. Pérez, Ginés Donaire, Valme Cortés, Marta Soler y Rocío Huerta.