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Huelga de recogida de basuras en Alicante: los operarios no cobran

Inusa no paga la nómina y debe unos 700 euros en atrasos a cada operario Tres municipios pontevedreses inician también una protesta indefinida

La recogida diaria de basura en las calles de Alicante afronta una convocatoria de huelga indefinida, en plena temporada turística y al final del mes de agosto. El comité de empresa de la concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura, Inusa, acordó ayer convocar una huelga “indefinida” a partir del próximo día 28 de agosto por la noche.

La protesta está motivada, según Pedro García, presidente del comité de empresa, en “el impago” del anticipo de la última nómina, y en los constantes “atrasos” del incremento salarial pactado en el convenio firmado en 2010. En resumen, los 600 operarios que integran la plantilla de esta firma no han cobrado la primera parte de la nómina correspondiente al mes de agosto, (unos 500 euros que perciben cada día 15), pero además la empresa debe a cada empleado otros 600 ó 700 euros, del último año y medio, correspondientes a los atrasos del incremento del 1,80% firmado en el convenio vigente. “Llevamos arrastrando el problema desde el mes de marzo, y los operarios ya no pueden más”, admitió García.

Los sindicatos responsabilizan tanto al Ayuntamiento, que preside Sonia Castedo, como a la empresa de esta situación “insostenible”. Un operario ironizaba: “Al final pretenden que trabajemos gratis, ya estamos apurados como para no cobrar”, se quejó este empleado que recordó la maltrecha nómina que perciben que ronda los mil euros.

La contrata de Inusa, cuyo consejo de administración preside el empresario Enrique Ortiz, imputado en caso Brugal, está participada en un 35% por FCC, en otro 35% por Cespa y el resto por el contratista alicantino, ronda los 40 millones de euros anuales. Según explican los empleados, la empresa aduce problemas económicos debido a la deuda actual de unos 30 millones de euros por parte del Ayuntamiento. Fuentes del comité consideran que la nómina de agosto “está en peligro”, por eso entienden como “necesaria” la convocatoria de esta huelga indefinida que secundaría la práctica totalidad de la plantilla.

Los servicios mínimos fijados por los sindicatos garantizan la recogida en los centros sanitarios, colegios, mercados municipales y un retén de guardia con tres operarios en caso de accidente o de urgencia.

Por su lado, el concejal de Atención Urbana del Ayuntamiento, Andrés Llorens, del PP, atribuyó estos problemas a la “crítica situación financiera” de los Ayuntamientos, que mantienen servicios y han reducido ingresos. “Todo es por la asfixia económica a la que nos somete Zapatero”, espetó el edil que aprovechó la ocasión para criticar al presidente del Gobierno, y recordó que en otros ayuntamientos la situación es “todavía peor”, con despidos e incluso la suspensión de servicios básicos.

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En el caso concreto de Inusa, Llórens reconoció una deuda de unos 30 millones de euros, debido a la ampliación de contratos y nuevas prestaciones en las emergentes áreas residenciales de Alicante, pero aseguró las liquidaciones ordinarias mensuales se “van pagando con regularidad”. Y como ejemplo aseguró que ayer mismo ordenaron el pago, que será efectivo en unos días, de 2,7 millones de euros a Inusa correspondientes a la última certificación del servicio. “Esperemos que así se evite la huelga, que no es deseable para nadie”, concluyó el edil.

Por su lado, Pablo Rosser, concejal del PSOE, lamentó que la “mala gestión” del PP la estén sufriendo los trabajadores, y en un futuro los alicantinos. Rosser exigió tanto a la empresa como al Ayuntamiento una solución que evite la huelga. “No sería razonable que se exija sólo a la empresa concesionaria cumplir exhaustivamente con la contrata, si el ayuntamiento incumple con los plazos en sus pagos a Inusa”, dijo Rosser. El PSOE quiere saber su el Ayuntamiento está pagando “en tiempo y forma” a la empresa concesionaria o existen demoras que repercuten en los empleados.

Huelga de basuras en tres municipios pontevedreses

Tras dos años de reclamaciones sin respuesta, los 25 trabajadores de Urbaser que recogen la basura en los municipios pontevedreses de Ponte Caldelas, Soutomaior y Vilaboa iniciaron ayer una huelga indefinida con la que pretenden que la empresa, concesionaria del servicio, se siente a negociar un convenio colectivo. Los empleados no tienen un régimen específico y se rigen por un documento marco de 1996, que fija sueldos un 30% menores que otros trabajadores de la misma empresa con las mismas funciones en otras localidades, según denuncia Carlos Corredoira, representante de la federación de servicios de UGT en la comarca de Pontevedra.

La concesionaria ha contraatacado denunciando la convocatoria ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Vigo. Los trabajadores lamentan “que los servicios mínimos fijados superan los de una jornada normal“.

V. HONORATO, Pontevedra

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