El expresidente del Barça José Luis Núñez, condenado a seis años de cárcel

La Audiencia de Barcelona ha hecho pública esta mañana la sentencia por la trama de corrupción en la Inspección de Hacienda de Cataluña con un fallo que impone duras penas a todos los acusados y únicamente absuelve a 2 -el financiero Javier de de Rosa y su asesor Jorge Oller- de las 14 personas que se sentaron en el banquillo.

Los peor parados han sido Josep Maria Huguet, máximo responsable de la inspección de Hacienda de Cataluña entre 1985 y 1994, que ha sido condenado a penas que suman 11 años de prisión por los delitos de cohecho y falsedad, y los inspectores de Hacienda Álvaro Pernas, Manuel Abella y Roger Bergua, condenados a 12, 11 y 9 años de cárcel, respectivamente.

Después de conocerse la sentencia, la fiscalía ha anunciado que solicitará la imposición de medidas cautelares contra los principales condenados. De esta forma, mañana se volverá a reunir el tribunal de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona en una vista pública y se conocerá la petición del fiscal, entre la que no se descarta el ingreso en prisión inmediato de los condenados mientras se resuelve el recurso ante el Tribunal Supremo, que puede durar dos o tres años.

Este caso acabó con las aspiraciones de José Borrell a la presidencia del Gobierno en 1999, porque fue él quien nombró a los altos funcionarios ahora condenados cuando era secretario de Estado de Hacienda. El proceso arrastró a renombrados empresarios de Barcelona, que ahora también han sido condenados. Entre ellos el constructor y expresidente del FC Barcelona José Luis Núñez Clemente y su hijo José Luis Nuñez Navarro, condenados cada uno a  seis años de prisión por los delitos de cohecho y falsedad. También ha sido condenado a penas que suman siete años y medio de cárcel Juan José Folchi, administrador de Torras Hostench London en 1990 y que ya ha estado en prisión por otros procesos en el caso Kio.

La cúpula de la Inspección de Hacienda en Cataluña amañó las actas que tenía que realizar a diversas empresas de Barcelona a cambio de importantes sumas de dinero. El tribunal presidido por la magistrada Carmen Sánchez Albornoz, también ha condenado a dos años de cárcel a Eduardo Bueno, presidente de la inmobiliaria Ibusa y candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat en 1984. Otro empresario con antecedente penales que también ha sido condenado ahora es Joan Antoni Sánchez Carreté, que fue asesor fiscal personal del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y al que el tribunal ha sentenciado a dos años y medio de prisión.

Todos los acusados han escuchado impertérritos la lectura del fallo de la sentencia, que también ordena el decomiso de las cantidades de las que se beneficiaron los inspectores de Hacienda, que superan los cinco millones de euros. Además, el tribunal condena a las empresas que se beneficiaron de las inspecciones a indemnizar a la Haciendad Pública con un total de 11.752 millones de pesetas, el equivalente a unos 75 millones de euros, como responsables civiles subsidiarias.