Aceptar la pena no era la solución

Compatibilizar el título oficial de molt honorable con el calificativo judicial de corrupto habría sido tan incompatible como inasumible. Francisco Camps —encapsulado en sí mismo desde que le estalló en pleno rostro el caso Gürtel a través de las páginas de EL PAÍS— pasó horas el miércoles despejando esa colisión vital y se decantó por dimitir. O se lo hicieron comprender así los mismos cerebros del partido, empezando por Rajoy, que le arrojaron a la cuneta para apagar su numantina resistencia. Aceptar una sentencia firme de cohecho para esquivar, no un mero paseíllo judicial sino todo un desfile diario durante al menos una semana ante un jurado popular, ni mucho menos era la panacea o la tirita de un mal densamente larvado. Ni siquiera habría servido para allanar el camino de Rajoy a La Moncloa.

Asumir la culpa y los consiguientes antecedentes penales en el asunto de los trajes acarreaba más heridas. Los turistas extranjeros que visitan las playas valencianas no habrían dado crédito a los previsibles titulares. Verbigracia: “El presidente corrupto Camps inaugura hoy (...)”. Ocurrió con el exjuez Javier Gómez de Liaño, que dejó la toga después de que el Tribunal Supremo le condenase por prevaricación. Y si prevaricador es el peor epíteto que puede soportar un juez, corrupto es su equivalente en política, y más en un presidente. ¿Se imaginan en plena campaña electoral para las generales un pie de foto de Rajoy junto a Camps? Ni los propios valencianos ni el turista extranjero lo entenderían. No ya el pie de foto, sino tener un presidente al que, con todas las de la ley, los medios podrían tildar de corrupto sin temor a una querella, que devendría estéril. Y es que estaríamos hablando de un presidente confeso y penado en firme por cohecho.

El miércoles a Camps le convencieron, o se autoconvenció, de que ética e incompatibilidad van unidas. Y se adosó el mejor de los apósitos, irse.