Los médicos deberán recetar por principio activo y no por marca

Se acabaron las recetas de Losec, Clamoxyl o Viagra, por ejemplo. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS, el grupo donde están representados el Ministerio de Sanidad y las consejerías de Salud de las 17 autonomías) acordó ayer que los médicos deberán prescribir por principio activo, es decir, por el nombre de la molécula que confiere las propiedades terapéuticas. Así, quien use Losec deberá acostumbrarse a que en su receta ponga omeprazol, el del Clamoxyl, que diga amoxicilina, y en vez de Viagra dirá sildenafilo.

La ministra de Sanidad, Leire Pajín, afirmó después de la reunión —la primera con los nuevos consejeros de los Gobiernos autonómos, la mayoría del PP, después de las elecciones del 22 de mayo— que con esta medida el ahorro estimado rondará los 2.000 millones de euros anuales, una cantidad que espera que las comunidades destinen a “reducir deuda y pagar proveedores”. Otras medidas en el ámbito farmacéutico elevarán lo ahorrado a 2.400 millones.

La prescripción por principio activo no es un simple cambio de nombre. Cuando un médico no receta una marca concreta, sino que indica el principio activo, el farmacéutico debe dispensar, de todos los productos con la misma composición y presentación que haya en el mercado, el más barato. Y ahí es donde se produce el ahorro.

La medida no es en sí nueva. Lo novedoso es que se obligue a los médicos a hacerlo. “La Organización Médica Colegial está en esta línea. Incluso su recién aprobado código deontológico lo incluye”, afirmó Pajín ayer, en la rueda de prensa posterior a la reunión. Por ello, es de esperar que no haya reticencias entre los profesionales para aplicarla, aunque es de esperar también que el decreto que establezca esta obligación incluirá excepciones, que el médico deberá justificar. Un caso que podría darse es que el paciente tenga alergia a un excipiente (las otras sustancias químicas que se incluyen en el medicamento y que no curan, pero sirven para compactarlo si es una pastilla, darle un color determinado o un sabor más agradable, por ejemplo). Otro es que se trate de un enfermo con problemas para seguir su medicación, por lo que estarle cambiando de marca cada vez (cada laboratorio tiene una presentación en sus envases, que es su imagen) puede causarle aún más confusión.

Algunas comunidades, como Andalucía, llevan años fomentando la prescripción por principio activo (se calcula que las recetas así redactadas son ya el 85% de las que emiten los médicos de la comunidad), pero otras no están ni muchísimo menos tan avanzadas, afirmó Pajín. La media nacional, según datos del Ministerio de Sanidad, ronda el 40% de las recetas, lo que demuestra que queda mucho camino por recorrer.

La medida tiene otra ventaja, al menos política. Supera en su alcance al cataloguiño gallego (una lista propia de medicamentos de los que los farmacéuticos de la comunidad deben dispensar el más barato), por lo que acaba con el conflicto entre la Xunta y el ministerio, que está en el Tribunal Constitucional.

Esta no es la única medida acordada ayer por Sanidad y las comunidades. Otra decisión que se tomó es modificar el sistema de precios de referencia. Este es el importe máximo que aceptan pagar las Administraciones por un medicamento del que haya un fármaco genérico equivalente. Cuando lo implantó el PP, este límite se tomaba como la media de los tres productos más baratos. Tras los últimos cambios, es el de menor precio. Pero se fijaba por una orden ministerial, lo que quería decir que era posible que si salía otro genérico más barato el impacto no fuera inmediato. Ahora no se hará así, y el recálculo será automático, dijo Pajín.

También en este asunto, se elimina el plazo de dos años que dio la actual vicepresidenta económica, Elena Salgado, cuando era ministra de Sanidad a los laboratorios para adaptarse a los nuevos precios. Si un laboratorio quiere que su producto sea subvencionado —y, por tanto, recetado— deberá estar al mínimo precio posible, sin excepciones.

Además, se prevé una rebaja del 15% del precio de los medicamentos que lleven más de 10 años en el mercado sin que haya aparecido un genérico (con lo que están fuera del sistema de precios de referencia aunque ya no tengan la patente en vigor). Estas medidas representarán un ahorro adicional de 400 millones de euros, calcula Sanidad.

El impacto de esta iniciativa afecta a tres sectores: laboratorios (un 64% aproximadamente), farmacias (el 27%) y distribución (el 5%). La más afectada, Farmaindustria, adelantó su malestar, pero dejó para hoy un análisis de los acuerdos.

En cambio, para compensar en algo al sector de las oficinas de farmacia rurales (las que atienden a poblaciones de menos de 1.500 habitantes), Pajín anunció unos índices correctores de sus márgenes que les permitan ganar algo más por cada producto.