El juez Ruz procesa a tres mandos policiales por el chivatazo a ETA

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz procesó ayer al que fuera director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y al inspector de la Brigada de Información de Vitoria José María Ballesteros por su presunta participación en el presunto chivatazo policial a los implicados en la red de la extorsión de ETA conocida como impuesto revolucionario.

El magistrado, en un auto de 75 folios, algo muy poco habitual, hace un recorrido por todo el proceso, los indicios que existen contra los imputados y finalmente les considera presuntos autores de tres delitos: colaboración con banda terrorista, —único delito que justifica por qué el caso está en la Audiencia Nacional—, revelación de secretos y, alternativamente, encubrimiento.

La resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de reforma, ante el propio juez Ruz, y de apelación ante la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional. Las defensas de los tres mandos policiales han anunciado que recurrirán la resolución. La fiscalía, previsiblemente, se adherirá a alguno de los recursos que se presenten. En el caso de que el tribunal, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, considerara que no se dan los requisitos del delito de colaboración con banda terrorista, el caso pasaría a un juzgado de Irún, localidad donde ocurrieron los hechos.

El juez detalla cómo a raíz de documentación incautada a varios miembros de ETA en Francia, se conoció la existencia de diversos pagos que empresarios del País Vasco extorsionados por la banda realizaban a una estructura de la organización terrorista denominada Gezi, que daba cuenta a Juan Antonio Olarra Guridi, jefe del aparato militar. También se descubrió que la red de extorsión, que operaba en España desde hacía 20 años, tenía su centro operativo alrededor del bar Faisán, regentado por Joseba Elosúa.

El auto puntualiza los contactos, citas orgánicas, instrucciones y cobros realizados en torno al Faisán, y las visitas periódicas que realizaban los presuntos etarras José Luis Cau Aldanur, El Bodeguero, José Ramón Sagarzazu, Txenpe, y Cristina Larrañaga para transmitir instrucciones del aparato de extorsión en Francia a Elosúa.

El 4 de mayo de 2006, cuando Cau se iba a reunir con Elosúa, este recibió un teléfono móvil a través del cual le avisaron de que se iban a realizar varias detenciones de los integrantes de la red de extorsión.

El juez atribuye al inspector Ballesteros ser la persona que supuestamente entregó el móvil a Elosúa, a través del cual fue informado presuntamente por el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, mientras que García Hidalgo, director general de la Policía en aquel momento, habría estado al corriente de todo.

El juez, en su resolución admite que el móvil del chivatazo no ha podido acreditarse. Por un lado señala que tenía que ver con “la situación actual política”, es decir, por el proceso de conversaciones entre el Gobierno y la banda terrorista para conseguir el fin de la violencia.

Pero acto seguido señala que los autores del chivatazo al revelar la inminencia de la operación policial, realizaron “una colaboración idónea y potencial a las actividades de la banda terrorista”, permitiendo que no se detuviera a los dirigentes del aparato de extorsión y facilitando la incautación del dinero. Y concluye, en una contradicción: “Si bien estos objetivos concretos no cabe entenderlos directamente queridos por parte de los imputados, en atención a las responsabilidades que, con distinto grado, ostentaban en el ámbito de la Seguridad del Estado, siendo seguramente otro el móvil o intención que guió su conducta (que hasta el momento no ha podido ser acreditado durante la instrucción)”.