Cospedal cuestiona los datos oficiales y apunta que el déficit triplicará el permitido

Ya ha quedado lejos la idea de que no se podrían pagar los sueldos de los funcionarios de Castilla-La Mancha —“es una prioridad de mi Gobierno, los empleados públicos van a cobrar”, señaló ayer Dolores de Cospedal—, pero la secretaria general y presidenta de esa comunidad se reafirmó ayer en una de sus principales acusaciones cuando aún no había tomado posesión: la de que se han falseado los datos.

Cospedal dijo ayer en dos ocasiones, primero en Onda Cero y después en la rueda de prensa habitual de los lunes, que los datos de déficit que había ofrecido el Gobierno de Castilla-La Mancha “no eran reales” y que según sus estimaciones, con los datos que ahora conoce, el déficit podría triplicar a final de año lo que está autorizado por Hacienda, esto es, en lugar de un 1,3% permitido llegaría hasta el 4%.

Cospedal no aclaró —y su equipo después tampoco— si con esa denuncia de “datos no reales” se refería a los datos ya publicados del primer trimestre o a las previsiones que hizo el Gobierno de José María Barreda. No es lo mismo. Equivocarse en unas previsiones es habitual, aunque la desviación sería enorme, pero la crítica que se hace es política. Publicar datos falsos es algo muy grave que perjudicaría la credibilidad de España en un momento de inestabilidad de los mercados. No en vano las palabras de la presidenta de Castilla-La Mancha se transformaron inmediatamente en un titular de la portada del Wall Street Journal. Jonathan House, el corresponsal del diario conservador, señalaba incluso que estas palabras de Cospedal “aumentan la preocupación sobre el estado real de las cuentas autonómicas” e incluso le atribuía haber “ayudado a enviar la prima de riesgo española a un nuevo récord histórico”.

Si el déficit se va al 4%, como apunta Cospedal, hay dos posibilidades, o en realidad tres. O la secretaria general del PP admite que su comunidad va a incumplir el objetivo de déficit, algo contradictorio con el discurso de Rajoy y de ella misma sobre la necesidad de reducir el déficit, o plantea un recorte mucho mayor del esperado y que podría incluso afectar a sanidad y educación, pese a las promesas de no tocarlas, ya que estas partidas suponen el 80% del Presupuesto. La tercera opción es la de subir impuestos, pero está descartado por el PP.

Cospedal no quiso ayer aclarar cuál será su opción. De momento, la presidenta de Castilla-La Mancha ha pedido una reunión urgente con la vicepresidenta primera, Elena Salgado, para hablar de sus cuentas. Cospedal sostiene que quiere aclarar qué conocimiento tiene Salgado de las cuentas regionales, ya que cuando rechazó el último plan de recorte de déficit que había planteado Barreda, sostuvo que solo había que hacer algunos ajustes. Cospedal insistió en reclamar una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera —previsto a finales de julio— y otra de la Conferencia de Presidentes.

El caso de Cospedal no es único. Varios presidentes autonómicos del PP señalan que las cuentas están mucho peor de lo que esperaban. Sin embargo, de momento ninguno plantea recortes en Sanidad y Educación al estilo de los aprobados en Cataluña con la abstención del PP. Rajoy ha dado una orden clara de austeridad a todos sus barones, que están cumpliendo con medidas simbólicas de recorte de consejerías y altos cargos, pero fuentes del PP señalan que no es previsible ningún plan de recortes radical antes de las generales. Después, señalan, todo es posible, dependerá de la situación económica.