Las caras de la emergencia social

La vivienda centró gran parte de las iniciativas durante el último debate del Estado de la Nación: aumento del sueldo inembargable, incremento de la valoración de los pisos que se subastan y otras medidas contra los abusos. Pero no se aprobó la dación en pago, la entrega de la vivienda para saldar la deuda. Es uno de los quebraderos de cabeza de un millón de familias, un 20% de ellas inmigrantes, según las asociaciones de consumidores. Desde 2007 se han tramitado 250.000 ejecuciones hipotecarias. Son la punta del iceberg de una situación de miseria que algunas iniciativas autonómicas han intentado corregir con más voluntad que eficacia.

El candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, les dedicó parte de su discurso de presentación. “Son personas con nombre y apellido, que han perdido la autoestima, la confianza en el futuro. No nos podemos resignar. Hay que correr más. Es una urgencia, una necesidad vital”. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también los ha incorporado a sus mensajes. "El Estado no debe dejar nunca de cuidar a los más débiles", ha dicho.

El problema de la vivienda es una evidencia más de la situación de España, que afronta uno de sus peores índices de miseria, un indicador creado en los sesenta y que suma las tasas de paro e inflación. La población más desfavorecida es la que primero y más se resiente, como los inmigrantes o los niños. El informe de UNICEF Infancia en España advierte de que casi uno de cada cuatro niños, un 24,1%, está en riesgo de pobreza relativa, es decir, que vive en hogares que tienen unos ingresos inferiores al 60% de la media nacional. Este dato sitúa a España a la cola de los 27 países miembros de la UE, sólo superada por Rumanía, Bulgaria, Letonia e Italia.

Y la inversión del Estado no parece que pueda poner remedio, ya que España ocupa, junto a Grecia, el último lugar de la UE en el gasto público en familia e infancia, con un 0,7% del PIB, por debajo de la media de la UE, que se situó en el 2,3%, según el mismo informe de UNICEF.

Ante esta situación, algunos Gobiernos y Parlamentos autonómicos han intentado promover iniciativas, algunas eficaces, pero otras meramente simbólicas.

El Gobierno vasco cuenta entre sus medidas la recompra de la vivienda de protección oficial cuyas hipotecas se encuentren en situación de impago. El objetivo es que los bancos y cajas vean menos riesgo en la concesión de préstamos para la adquisición de pisos de protección. Unos 17.000 vascos, el 18% más que el pasado año, también reciben 292 euros de media para el alquiler de vivienda. Además, existe la Reta de Garantía de Ingresos, 650 euros (738 a los pensionistas) para personas sin ingresos o salarios precarios. Un total de 53.981 familias vascas la cobraron el pasado mes de marzo, un 46,6% más que hace dos años.

El presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, no descarta dirigir una iniciativa legislativa autonómica al Congreso sobre la dación en pago. También ha aprobado 200 millones de euros para obras de modernización y mejora de los centros educativos con el fin de crear empleo en el sector de la construcción y, en especial, entre parados de larga duración con cargas familiares. Además, aprobó becas de 400 euros mensuales a jóvenes en paro y con hijos a su cargo.

En la Comunidad Valenciana solo el grupo minoritario Compromís presentó una iniciativa, en forma de proposición no de ley, encaminada a “evitar abusos por parte de las entidades financieras y el sobreendeudamiento familiar”. La proposición no de ley exponía la dación en pago.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), también la incluyó en su campaña electoral para las autonómicas del 22 de mayo. Sin embargo, las autonomías no tienen competencias en este ámbito, por lo que Aguirre redujo su propuesta a una advertencia sobre condiciones y garantías del préstamo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, pidió el pasado 7 de julio que se cumplan las sentencias de desahucio por el impago de hipotecas, ante la ola de desalojos parados por el movimiento 15-M, que comenzó el 16 de junio en el barrio madrileño de Tetuán.

Cataluña lidera la clasificación en número de ejecución por impago de hipotecas y ha sido una de las comunidades más activas en defensa de la dación en pago. Una plataforma empezará en septiembre a recoger las 500.000 firmas necesarias para promover una iniciativa legislativa popular. Paralelamente, en el Parlamento catalán, Iniciativa (ICV-EuiA), Esquerra (ERC) y Ciutadans (C’s) presentaron tres propuestas que han desembocado en una comisión que debatirá durante tres días a finales de este mes posibles soluciones para las personas embargadas. El objetivo es que el Parlament vote y apruebe una proposición de ley que se elevará al Congreso para que de luz verde a la dación de pago.