Sanidad, insostenibilidad o propaganda

Otra vez a vueltas con la insostenibilidad de los servicios públicos. En esta ocasión, del sistema sanitario, al igual que hace un año estuvo en el punto de mira el sistema público de pensiones. Una vez más, nos enfrentamos a denuncias que acaban siendo la antesala programada de nuevos recortes a nuestro Estado del medioestar que, con actuaciones de estas características, retrocede hacia el malestar social y la crisis de legitimidad de las instituciones democráticas. Son las consecuencias del golpe de mercado que vivimos.

Sus responsables tratan de inculcarnos el miedo y la incertidumbre. Buscan una suerte de transmutación de la economía del riesgo al sistema social, para lo cual vinculan la crisis al déficit público y este al gasto social, justificando así los ajustes y recortes sociales —que ellos llaman valientes, en vez de dolorosos— para salir de la crisis. Sin embargo, estamos frente a la mentira y, aunque se repita 100 veces, no deja de serlo a la vez que mera propaganda.

Hace algo más de un año nadie dudaba de la viabilidad y sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. A ello ayudaba que las retribuciones a nuestros jubilados representan un 70% de la media comunitaria, con un coste en relación al producto interior bruto perfectamente asumible —inferior en tres puntos del PIB a la medida de la UE—, con gastos de gestión ínfimos y con una contribución de más de 12 puntos a la disminución del índice de pobreza. Al tiempo, todo era silencio con respecto a las enormes pérdidas de los fondos privados de pensiones.

Y llegó el golpe de mercado. A partir de mayo de 2010 lo blanco se convirtió en negro y el sistema público de pensiones pasó a ser, ya sin rodeos, ese oscuro objeto del deseo de la banca, los fondos de inversión y de pensiones y, cómo no, de los organismos internacionales. La sostenibilidad se tornó en insostenibilidad y las imprescindibles reformas ejecutaron un recorte que rompía por primera vez en un siglo con la conquista histórica de la jubilación a los 65 años debido al cambio demográfico, ¡como si este hubiera sido una sorpresa!, y eso que los sindicatos paliaron el ajuste.

Ahora lo que han puesto en el punto de mira es al Sistema Nacional de Salud. Uno de los cinco mejores sistemas sanitarios públicos del mundo en resultados con su población y, al mismo tiempo, uno de los más eficientes y con menos gasto se ha convertido para la derecha política y económica en un sistema insostenible. Incluso lleva a que PP y CiU clamen ya abiertamente por una operación urgente de rescate y un Pacto de Estado. ¡Cuánto cinismo! Los mismos que primero retrasaron y luego impidieron el Pacto de Estado por la Sanidad, ahora lo reclaman.

Pero todo esto se veía venir. Quienes ahora se rasgan las vestiduras con la supuesta insostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y pujan para ver quién le atribuye mayor déficit (van desde los 9.000 hasta los 15.000 millones de euros) son los que se han beneficiado de los márgenes de ineficiencia con su mala política. Primero, mediante la medicalización y medicamentalización de la salud; luego con las nuevas formas de privatización o la parasitación de la gestión del sistema público, etcétera. Los intereses privados que rodean al sistema público ya no ganan lo que ganaban, por lo que tratan de aprovechar el duelo existente entre los cirujanos del déficit (el Gobierno central, las CC AA, la Comisión Europea, el Banco de España, el PP o los nacionalistas conservadores) para cambiar el modelo universal, público y gratuito, por un modelo mixto de colaboración público-privada. Es su oportunidad de oro.

Su fetiche es el copago —o repago, como si los ciudadanos no financiasen ya el Sistema Nacional de Salud— y, además, sin reconocer que es una medida insignificante para financiar el sistema y contraproducente a medio plazo para la salud de los más débiles y, por ende, para el gasto sanitario. El único epígrafe donde ya existe copago —el gasto farmacéutico— hizo que este aumentara el doble con relación al resto del gasto sanitario. Ahí están las cifras históricas.

Lo que estos salvadores de la salud callan es que del modelo que buscan extender a nivel estatal ya se conoce su fracaso, tanto en casa como en nuestro vecindario. Sus resultados en salud son peores y su gestión, más cara, si no que se lo pregunten a las maquilladas listas de espera de Esperanza Aguirre o a sus pacientes más graves desplazados a los todavía hospitales totalmente públicos para blanquear la hoja de servicio de sus flamantes nuevos centros. Lo que no dicen es que al calor de la grave crisis económica pretenden convertir el derecho a la salud de todos en el negocio de unos pocos.

Nuestro sistema público padece crónicamente de una escasa financiación, como escaso es nuestro modelo impositivo hacia las rentas y los patrimonios más altos, precisamente esas que se pueden pagar sin problemas una sanidad privada en lo cotidiano, aunque recurran a la pública en casos puntuales y graves. Es la misma burla de aquellos que recetan rebajas de impuestos mientras alarman sobre la insostenibilidad del sistema.

Es cierto también que se puede ser más eficiente, sobre todo en condiciones de crisis. Pero no vale el recorte y, mucho menos, la amputación, machete en mano, propuesta por las derechas para mantener e incluso incrementar el nicho de negocio de los lobbies de quienes son portavoces. La eficiencia puede ayudar a reducir el gasto en farmacia y en tecnologías, más altos que la media de nuestro entorno, y mejorar así la calidad y la seguridad de la atención. Se pueden revisar las inversiones del método PFI, las encomiendas de gestión, se pueden integrar y simplificar subsistemas privilegiados que heredamos del pasado, etcétera… Pero, claro, estas medidas fortalecerían el modelo público y se trata de lo contrario, ¿o no?

Gaspar Llamazares Trigo es presidente y portavoz de IU en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso.