La corrupción que comenzó en la basura

La Comunidad Valenciana limita al norte con el caso Fabra, en el centro se sitúa el caso Gürtel y al sur, con el caso Brugal, que empezó a oler mal en 2006. La más sureña de las tramas corruptas de la Comunidad Valenciana suma, desde entonces, cerca de un centenar de imputados en una red político empresarial sobre adjudicaciones de contratas de basuras y redacciones de planeamientos urbanísticos. Todo ello en Alicante, con dos grandes empresarios imputados, Angel Fenoll y Enrique Ortiz, y dos dirigentes políticos destacados, el entonces presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll (PP), y la ahora alcaldesa de la capital, Sonia Castedo (PP), entre otros muchos. Los únicos dos socialistas que aparecen en el sumario dimitieron de sus cargos aun antes de estar imputados. Los populares siguen ocupando puestos públicos.

- En 2006, el empresario Ángel Fenoll hizo pública una grabación en la que una empresa competidora trataba de sobornar al alcalde de Orihuela, José Manuel Medina (PP), para hacerse con la contrata del servicio de basuras del municipio. El valor del contrato era de más de nueve millones de euros y, tras dos años y con la investigación ya en marcha, recayó en un grupo de empresas que son tapadera del propio Fenoll, según ha concluido la policía.

- Las pesquisas sobre las contratas relativas a las basuras se ampliaron a la adjudicación del Plan de Residuos de toda una comarca, la de Vega Baja, competencia en este caso de la Diputación de Alicante, bajo el mando de José Joaquín Ripoll, que escogió a otra empresa, la del empresario Enrique Ortiz.

- La intervención, por orden judicial, del teléfono de Ortiz desveló también una supuesta compra de partidos de fútbol con el objetivo de que el equipo que presiden, el Hércules, subiera a primera división, categoría en la que ha estado durante esta temporada. La justicia archivó esta parte de las diligencias porque las prácticas para adulterar resultados deportivos no eran delito en el momento en el que se destapó el caso.

- La investigación dio con otro posible delito, el de tráfico de influencias en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, cuando la ahora alcaldesa, Sonia Castedo, era concejal de Urbanismo y mientras dirigía el municipio Luis Díaz Alperi, ahora diputado autonómico. Los informes policiales, y las grabaciones autorizadas por el juez, desvelan la connivencia entre el empresario y los políticos.

- La lista de imputados y las ramificaciones de la pieza principal de Brugal también se extiende a la localidad de Calp, donde se investiga un supuesto cohecho por la contrata de la basura del municipio, adjudicada también a Ángel Fenoll

Coches, viajes y pisos son algunas de las dádivas que los políticos recibieron, según la policía, de los empresarios. La investigación también ha desvelado vídeos con entregas de dinero a concejales. Y es que el caso se inició y se ha ido ramificando, fundamentalmente, por las grabaciones intervenidas al industrial que destapó la trama corrupta, Ángel Fenoll, que se guardó, a modo de garantía, todas estas “pruebas” para sacarlas en el momento en el que quienes eran sus amigos dejaran de serlo. Es decir, cuando considerara que sus negocios podían verse perjudicados por decisiones políticas. Antes de eso, había financiado la campaña electoral del PP, en 2007, en cinco municipios de Alicante, según los informes policiales.

Los delitos por los que se investiga a empresarios y políticos son cohecho, fraude y tráfico de influencias, revelación de secretos, información privilegiada y negociaciones prohibidas a funcionarios. Y la complejidad y extensión de la trama puede demorar años la resolución judicial del caso.