Estatuto: aniversario con balance pesimista

El 28 de junio de 2010 se acabó una etapa en la historia de Cataluña y empezó otra que apenas ha dado sus primeros pasos. El Tribunal Constitucional (TC) falló sobre el Estatuto casi cuatro años después de que el Partido Popular impugnara un texto que había contado con un amplio respaldo parlamentario y ciudadano. La sentencia cerró el paso a Cataluña en su aspiración de aumentar sus cotas de autogobierno y su margen competencial. Un año después, sus efectos se hacen notar lentamente.

"La sentencia del TC ha roto el pacto constitucional de 1978", asegura Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Argumenta Pérez Royo que, según la Constitución, los estatutos se fundamentaban en un pacto político, un acuerdo que entorpeció el TC. Similar análisis dibuja Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, que expone: "El modelo constitucional se ha visto rebajado, más por la forma que por el contenido del fallo. Hay artículos inconstitucionales que están intactos en otros estatutos. Esto crea un agravio permanente".

Sin blindaje competencial

"Con la sentencia de hace un año, parte del Estatuto del 1979 habría sido declarado anticonstitucional", agrega el también catedrático de derecho constitucional de la UB Enoch Albertí. Albertí alerta: un año después, queda claro que la sentencia rebaja la calidad del texto: "Se ha convertido una pieza bastante irrelevante, en el sentido de que no ofrece las garantías que permitían dar el salto a la autonomía". El catedrático expone que el fallo acabó con la pretensión de Cataluña de blindar sus competencias. Ello también ha afectado a la Generalitat: "Ha quedado debilitada, junto a las comunidades autónomas". Coincide Arbós, que señala el peligro de regresión autonómica. Ambos catedráticos, sin embargo, creen que el proceso estatutario ha valido la pena.

La sentencia tiene de momento más efectos políticos que prácticos. Un año después, el TC ha aumentado su descrédito, con la dimisión de tres magistrados como último capítulo de su crisis. El soberanismo, que centró la masiva marcha contra el recorte del 10 de julio, se mantiene estable en un apoyo del 25%. Y Cataluña afronta una nueva etapa, con Convergència i Unió de nuevo en el poder. Los recortes sociales y la crisis centran ahora la preocupación de los ciudadanos, y el Estatuto ha quedado en segundo plano.

Falta todavía tiempo, coinciden los tres expertos, para que el fallo tenga más efectos. "Con el Estatuto ha pasado todo, y no ha pasado nada. Ni se ha roto España ni la sentencia se ha notado, por la crisis", mantiene Pérez Royo. Un ámbito sí se ha visto afectado: la política lingüística. El Tribunal Supremo se apoyó en la sentencia del TC para cuestionar en tres fallos la inmersión lingüística en las escuelas. "Podemos ir a peor", avisa Arbós. Se suma Albertí: "El tema lingüístico será una fuente de problemas en el futuro considerable. El TC estableció una doctrina contradictoria".

Los partidos catalanes, con la excepción de Partit dels Socialistes e Iniciativa, han dejado de lado el Estatuto, y todos han abandonado la unidad que les impulsó las semanas posteriores al fallo. CiU lo fía todo al concierto económico, y ERC solo quiere hablar de independencia. "Las espadas están en alto. El nacionalismo catalán ha dado por roto el pacto, ha visto que no tiene que ser leal con la Constitución", ilustra Pérez Royo, que concluye: "Se ha roto algo muy gordo. En algún momento, esa barbaridad pasará factura".

Todo queda en manos de la política, sentencian los catedráticos, de la voluntad de los partidos (principalmente el PP), de impugnar o dejar que sigan su curso las leyes que el Parlament apruebe basándose en el Estatuto. Tendrá que pasar más tiempo para saber si el fallo sigue extendiendo sus efectos.