Cotino declara de interés un solar para un centro vinculado al Opus

La Fundación Mainel, vinculada al Opus Dei, solicitó en 2005 a la Generalitat que declarase de interés comunitario 53.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable en Massarrojos, pedanía de Valencia, para construir un centro sociocultural, con pistas de pádel, tenis y piscina. Seis años después, Juan Cotino rubricó esta declaración de interés comunitario pasadas las recientes elecciones y poco antes de dejar vacante el cargo de consejero de Territorio para presidir las Cortes Valencianas.

La declaración de interés comunitario se suele emplear cuando en caso de que no exista suelo urbano en un municipio y el proyecto tenga un uso o aprovechamiento colectivo. Es una fórmula que se emplea, por ejemplo, para edificar colegios o residencias públicas cuando no existe suelo programado para ello. En este caso, la Fundación Mainel planea un edificio para residencia privada con instalaciones socioculturales y deportivas cerca del paraje del Tos Pelat. El Consistorio que preside Rita Barberá tramitó con celeridad la petición de la fundación en 2005. Tres años antes, descartó, sin embargo, la posibilidad de desarrollar un campo de golf en esta misma pedanía de Valencia, explica el Grupo Municipal Socialista.

La solicitud de declaración de interés comunitario, en 2005, provocó una oleada de alegaciones de vecinos de la pedanía —que presentaron firmas en contra—. El complejo está proyectado junto al término de Moncada, en las faldas de la montaña donde se descubrió un poblado Íbero. La Colla Ecologista de Massarrojos alegó entonces que la construcción de la Fundación Mainel se situaría a escasos 150 metros del Poblado Ibérico del Tos Pelat (siglos VI-IV a. C), donde se llevan a cabo excavaciones desde el año 2002. Además, la Colla argumentó que el complejo privado estaba previsto en una zona catalogada por el Patricova como inundable, en el lecho del Barranco del Palmar, con una cuenca de centenares de kilómetros de recepción.

La declaración de interés comunitario se concede por el periodo máximo permitido, 30 años, pero la Fundación Mainel tendrá que pagar a cambio un canon al Consistorio de algo más de 800.000 euros, según el expediente urbanístico, al que ha tenido acceso este diario.

Los vecinos afectados insisten en que la parcela se ha vallado sin permiso municipal, el paraje tiene una vegetación autóctona que puede verse amenazada o que la actuación no se justifica en suelo no urbanizable. “Lo lógico es buscar suelo ya urbanizable o intentar una permuta de terrenos”, se quejan. El suelo fue cedido por dos particulares a la Fundación Mainel hace años.

Por otro lado, los vecinos insisten en que el acceso rodado a lo que será este complejo de ocio es insuficiente —una carretera que parte de Massarrojos en la que apenas caben dos coches—. Los promotores tienen ahora seis meses para solicitar la licencia.