El camino de ida y vuelta de la izquierda 'abertzale' a las instituciones

Desde que Batasuna, el brazo político de ETA, fue desalojada de las instituciones, la izquierda abertzale había visto abortados todos sus intentos de contar con representación política. Ahora, con Bildu, se ha convertido en la segunda fuerza política vasca y trata de abanderar un nuevo proceso que encamine al País Vasco a la paz.

Ilegalización de Batasuna

En el verano de 2002 se inicia el proceso de acoso al ala legal de ETA a través de dos vías. Una es netamente política: el PP –que está presente en el Gobierno presidido por José María Aznar- firma con el PSOE el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que les lleva a aprobar la Ley de Partidos, que impide a organizaciones vinculadas con el terrorismo presentarse a unas elecciones municipales. Además, se inicia una vía judicial, cuando el juez Baltasar Garzón utiliza como argumento esta ley para suspender el 26 de agosto a la organización “por estar integrada en el grupo terrorista dirigido por ETA".

Después, llegarían las sentencias: primero en el Tribunal Supremo, que el 17 de marzo de 2003, decide por unanimidad la ilegalización de las siglas Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, dos meses antes de las elecciones municipales de ese año. El 16 de enero de 2004, el Tribunal Constitucional confirma este fallo por unanimidad, lo que cerró también a Batasuna el paso a las elecciones generales de ese año.

Los herederos

Tras la ilegalización de Batasuna, la izquierda abertzale ha buscado otras siglas para presentarse a las elecciones, pero los tribunales han ido impidiendo a los candidatos la concurrencia por los vínculos con la organización ilegalizada. Eso ocurrió con Herritarren Zerrenda, partido creado para las europeas de 2004, que no pudo presentarse en España, pero sí en Francia. Lo mismo ocurrió con Aukera Guztiak en las elecciones al Parlamento vasco de 2005 o con Abertzale Sozialisten Batasuna, en los comicios municipales de 2007.

Finalmente se recurrió a las siglas de el Partido Comunista de las Tierras Vascas, una formación fundada en 2002, que logró nueve parlamentarios vascos en las autonómicas de 2005 y a Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV), un partido fundado en los años treinta, para las municipales de mayo de 2007, que alcanzó 337 concejales, convirtiéndose en la tercera fuerza en el País Vasco.

Sin embargo, el PP ordenó al fiscal general del Estado que impugnara todas las candidaturas abertzales y, finalmente, el 16 de septiembre de 2008, el Tribunal Supremo declara ilegal también a esta formación. La decisión fue ratificada después por el Constitucional. Esto no se tradujo en la disolución de los Ayuntamientos en los que gobernaba la organización, porque las actas son personales de cada concejal.

En las autonómicas de 2009, la izquierda abertzale trata de repetir la estrategia y se impulsan dos candidaturas: Askatasuna y Demokrazia Hiru Milioi (D3M). Pero el 8 de febrero de 2009 el Tribunal Supremo anula las listas, decisión que ratificaría cuatro días después el Constitucional. Ante la imposibilidad de presentar listas, la izquierda abertzale hizo campaña por el voto nulo.

Tregua solo en Cataluña

El 18 de febrero de 2004 ETA anuncia el fin de la violencia en Cataluña, después de que dos de sus dirigentes, supuestamente Josu Ternera y Mikel Antza, se hubieran reunido en Perpiñán (Francia) con el entonces secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya, Josep LLuís Carod Rovira.

Primer alto el fuego permanente

Un vídeo grabado por tres etarras con el rostro cubierto anuncia el 22 de marzo de 2006 un “alto el fuego”, en el que ETA anuncia su intención de “impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como pueblo nos corresponden”. Este anuncio lleva al Gobierno, presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a comprometerse a negociar con la banda terrorista, para lo que pide, y consigue, la autorización del Congreso de los Diputados. Mientras se establecen los contactos con ETA, la policía continúa con las investigaciones al terrorismo e inicia un proceso de verificación del alto el fuego.

La tregua salta por los aires

Pero entonces se producen dos hitos que comprometen la viabilidad del proceso del fin de terrorismo. El primero es el robo de un arsenal de pistolas en la empresa Sidam, en la localidad francesa de Bauvert, a pocos kilómetros de Nimes, el 24 de octubre de 2006. El segundo, más grave, se produce apenas 15 días después del primer encuentro formal entre representantes del Gobierno y de ETA. Fue el brutal atentado, con 200 kilos de explosivo, en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas de Madrid, donde había unas 20.000 personas, y en el que murieron dos hombres. Ese mismo día Zapatero anuncia el fin de la negociación, después de que Arnaldo Otegi, líder de Batasuna, asegurara que el proceso aún no estaba roto, sin condenar el atentado.

Nuevos atentados

Poco después, se suceden otros dos actos terroristas que cerrarían por completo cualquier posibilidad de enderezar el proceso de negociación. El primero es la muerte de dos guardia civiles, Fernando Trapero y Raúl Centeno, el 1 de diciembre de 2007 en un tiroteo en Capbreton, al suroeste de Francia, en un encuentro fortuito, cuando estos hacían labores de vigilancia. El 7 de marzo de 2008 se produciría el asesinato del exconcejal socialista Isaías Carrasco en Mondragón a manos de un etarra que le descerrajó cinco tiros cuando acababa de subirse al coche para ir a trabajar.

Cese de acciones armadas y ofensivas

Un nuevo video, esta vez emitido en la cadena británica BBC el 5 de septiembre de 2009, es el medio que vuelve a utilizar ETA para anunciar otro alto el fuego. Ahora lo denomina “cese de acciones armadas y ofensivas”. Pero este nuevo gesto de ETA no convence al Gobierno, que insiste en el cese definitivo de toda violencia y persiste en la lucha antiterrorista. Casi dos semanas después, los terroristas difunden un nuevo comunicado en el que afirman que varios mediadores internacionales han pedido una comisión para verificar el alto el fuego. En los sucesivos meses se producirían varias acciones contra la cúpula y el entramado de ETA. Entre ellas, la detención en Francia de los sucesivos dirigentes, como Francisco Javier López Peña, Thierry, que había ordenado poner fin a la tregua anterior con el atentado de la T-4. O el líder militar de la banda, Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki.

Alto el fuego permanente, general y verificable

Muy tocada por la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la debilidad de ETA es cada vez mayor. A ello se suma que, en febrero de 2010, Batasuna había apostado por un proceso democrático sin violencia y reclamaba a la banda un compromiso de finalizar las acciones armadas para facilitar ese proceso. Eso lleva a ETA a emitir un nuevo comunicado, el 10 de enero de 2011, también en un vídeo, esta vez difundido por el diario Gara, en el que ya habla de “alto el fuego permanente, general y verificable”. PSOE y PP reciben la noticia con escepticismo, porque consideran insuficiente la determinación de la banda: no menciona el abandono de las armas y pone como condiciones la territorialidad y la autodeterminación.

Fin del impuesto revolucionario

El pasado abril las organizaciones de empresarios vascos, Confebask, y navarros, CEN, anuncian que han recibido cartas de ETA que les comunican el fin del pago del impuesto revolucionario, la extorsión que la banda ha exigido durante décadas a las empresas vascas.

Un nuevo intento de acudir a las elecciones

Bajo la denominación Sortu, la izquierda abertzale vuelve a tratar de dar el salto a la política y registra el pasado 7 de febrero los estatutos de la nueva formación, con la intención de presentarse a las municipales de mayo. Pero el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil envían dos informes a la Fiscalía General del Estado y a la Abogacía del Estado, donde establecen que la nueva formación política es un proyecto de ETA y la continuidad de Batasuna. Al poco tiempo, la Abogacía General del Estado presenta ante el Supremo una demanda para ilegalizar Sortu y cuatro días después lo haría también la Fiscalía General. El 23 de febrero, el Supremo acuerda ilegalizar Sortu, tras una deliberación de 10 horas. Por primera vez, la resolución no es unánime y se toma por nueve votos a favor y siete en contra.

Bildu da el salto

Pero esta vez la izquierda abertzale tenía un plan B para poder concurrir a las municipales. El 7 de abril presenta Bildu, una coalición formada por Eusko Alkartasuna, el partido del exlehendakari Carlos Garaikoetxea, y Alternatiba, una escisión de IU, e independientes. De nuevo la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal impugnan las candidaturas ante el Supremo, y este decide expulsar a Bildu de las municipales. De nuevo, tras 13 horas de debate, hay división entre los magistrados: la decisión la apoyan nueve de los 16 magistrados. Sin embargo, esta vez el Tribunal Constitucional, reunido de urgencia y en una decisión histórica, cargada de tensión y precedida de fuerte presiones políticas de un lado y de otro, decide revocar la suspensión de las listas dictada por el Supremo. Esto permite a Bildu presentarse a las elecciones y convertirse en el segundo partido más votado en Euskadi, por detrás del PNV, con 953 concejales, 74 alcaldías y 22 mayorías simples.