El 15-M en Barcelona condena la violencia pero evita la autocrítica

“Como todo el mundo sabe, rechazamos la violencia”, leyó ayer una miembro del movimiento del 15-M en Barcelona. Los indignados se desmarcaron así de los disturbios del miércoles contra algunos diputados que intentaban entrar al Parlamento catalán. Pero rechazaron cualquier culpa ante lo ocurrido. “No nos sentimos representados por estas acciones y, por tanto, no nos hacemos responsables de las mismas”, aseguró esa misma persona, en la primera comparecencia pública tras los incidentes. “No puedo ser crítico con algo que no he hecho, no he promovido, ni he coordinado”, respondió a preguntas de los periodistas una de los tres indignados que participó en la rueda, convocada oficialmente por Acampada Barcelona, aunque señaló que hablaba a título individual porque nadie les representa.

“No se promovió una acción violenta ni la parada real del Parlamento”, añadió otro miembro del movimiento, en nombre de la comisión jurídica de los indignados. Días antes, en otra convocatoria de prensa, aseguraron que su objetivo era impedir la entrada de los diputados para que no pudiesen votar los Presupuestos.

Los que “promuevan, dirijan o presidan” manifestaciones que alteren el funcionamiento de los Parlamentos se enfrentan a una pena de seis meses a un año de cárcel, según el artículo 494 del Código Penal. Más grave es el 498, que prevé penas de tres a cinco años a las personas que empleen “fuerza, violencia, intimidación o amenaza” para impedir a un diputado asistir a su puesto de trabajo.

Los indignados ven un intento de “estigmatizar” el movimiento

Los Mossos d’Esquadra detuvieron, durante los disturbios, a seis personas por desobediencia y resistencia a la autoridad. Todas ellas han quedado en libertad con cargos. Un séptimo manifestante, menor de edad, también fue arrestado y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Todos ellos afrontarán, en todo caso, penas menores.

Los que pueden tener verdaderos problemas son los que hayan cometido los delitos contra las instituciones del Estado. El Departamento de Interior asegura que ha identificado, hasta ahora, a 10 personas que podrían haber participado en las acciones contra los diputados. La policía autonómica está estudiando las imágenes del cerco al Parlamento. Todo el material será remitido a la fiscalía.

“Se están sobredimensionando” los incidentes para desviar la atención de los problemas reales, aseguró el movimiento. A su entender, hay un intento de “estigmatizar” a los indignados para justificar la “represión policial” contra ellos. “Las camisas manchadas de unos pocos políticos parecen más que los 40 heridos”, lamentaron, en referencia a los contusionados en la operación policial. Stéphane Hessel, autor del libro ¡Indignaos! expresó el jueves su “más firme rechazo” hacia cualquier agresión.

La vista está puesta ahora en la manifestación de mañana, que saldrá a las cinco de la tarde de la plaza de Catalunya. La portavoz de la coalición ecosocialista ICV-EUiA, Laia Ortiz, llamó a la ciudadanía a participar en la marcha. La convocatoria se prevé pacífica, según fuentes policiales.

Por otra parte, 15 intelectuales y juristas, entre ellos el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y los escritores Maruja Torres y José Luis Sampdro, firmaron ayer un manifiesto en defensa del activista Arcadi Oliveres. El consejero de Interior, Felip Puig, amenazó con denunciarle por calumnias al sostener que algunos mossos de paisano alentarion la violencia.