“Me quité las gafas y llegaron los porrazos”

Faustino Villora recibió un montón de porrazos en la carga que las policías nacional y local protagonizaron el 8 de abril de 2010 contra miembros de Salvem El Cabanyal que, sentados en el suelo y con las manos en alto, intentaron detener el paso a una excavadora que poco después reducía a escombros una de las casas de este barrio valenciano amenazado por la prolongación de una avenida hasta el mar. No fue una acción espontánea, el Ministerio de Cultura había dictado una orden de protección sobre el barrio y la Delegación del Gobierno, apelando a este documento, había solicitado tan solo unas horas antes que se suspendieran los derribos. Pero el Ayuntamiento de Valencia, aprovechando un paréntesis legal de días, llevó a cabo los derribos.

Villora, exportavoz de Salvem y vecino de El Cabanyal, se vio en los tribunales con algunos de los superiores que ordenaron la actuación policial, para los que el fiscal pidió la absolución porque no se demostró en la sala que fueran autores materiales de las lesiones denunciadas por Villora y otros vecinos tras la carga. “Cuando se efectuó la carga, tuve tiempo de quitarme las gafas y sé que me pegaron. Hubo un momento en que perdí el conocimiento y lo único que recuerdo cuando desperté es que me faltaba un zapato. Lo pedí hasta 50 veces y algún testigo me dijo que un policía lo tiró a la pala”, recordó ayer Villora en el juicio de faltas por lesiones que se celebró en la Ciudad de la Justicia.

Villora pidió que se le abonen los 130 euros por su zapato, especial para adaptarse a la prótesis que lleva en su cadera izquierda. Su abogada añadió a la petición dos meses de multa a 15 euros diarios por una falta de lesiones y una segunda multa de 20 días por 15 euros diarios Es el último de los protagonistas que tenían pendiente el juicio, el resto de casos se han archivado. Durante su testimonio, uno de los dos agentes denunciados —del Cuerpo Nacional de Policía— describió la actuación policial como “congruente, proporcionada y oportuna”, a lo que el fiscal en la exposición de conclusiones matizó que no ponía en duda su congruencia pero sí que fuera proporcionada y oportuna. Los abogados de la defensa, al igual que el fiscal, pidieron la absolución de los policías.

Dos días antes, el 6 de abril, se produjo un primer altercado entre la policía, vecinos y políticos que acudieron a manifestarse contra los derribos y a solidarizarse con los afectados. Entre ellos estaban la diputada de Compromís Mònica Oltra y la parlamentaria de Esquerra Unida Marga Sanz.

El caso de Oltra tuvo mucha trascendencia porque el Ayuntamiento de Valencia la denunció por resistencia a la autoridad, lo que elevó el asunto, dada su condición de aforada, al Tribunal Superior de Justicia, ante el que llegó a estar imputada por desobediencia a la autoridad cuando el PP fue aceptado como acusación popular. Sin embargo, el fiscal pidió su absolución, medida que el juez Juan Montero evitó, optando por rebajar la calificación a una falta, y el tema volvió a la jurisdicción ordinaria.

Eso ocurrió en junio de 2010. El juzgado de instrucción número 10 de Valencia, del que era titular la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, se hizo cargo del asunto, y desde entonces nada ha impedido que contara el plazo de seis meses que conduce a la prescripción. El actual titular del juzgado, Xosé Luis Rubido Da Torre, declaró prescrito el procedimiento de juicio de faltas que afecta a Oltra y a Sanz el pasado marzo y lo ha ratificado el 8 de junio, pese a los recursos del Ayuntamiento y la fiscalía en sentido contrario.

“Lo más relevante, prescrito o no, es que no hubo infracción penal alguna”, declaró ayer Mònica Oltra sobre la decisión del juez. La parlamentaria de Compromís recordó que la fiscalía ya había señalado “que no había ni delito ni falta” en los incidentes con la policía en El Cabanyal.