El PP intenta bloquear el Consejo Audiovisual

Antes de su creación, el Partido Popular lanza su mensaje: el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) es “innecesario”. El organismo encargado de velar por el buen funcionamiento de la radio y la televisión “incrementa el gasto público y se perfila como un órgano censor”, dicen los dirigentes populares, que arremeten contra el acelerón que ha dado el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, para la constitución de esta autoridad independiente. El CEMA viene avalado por la Ley General de la Comunicación Audiovisual, pero su puesta en marcha acumula un retraso de un año.

Para agilizar su creación, el Gobierno acordó en el Consejo de Ministros del 3 de junio llevar a cabo los “contactos necesarios” con los grupos parlamentarios para elegir a sus siete miembros (un presidente y seis consejeros). La elección requiere una mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados. De no alcanzarse este techo se celebrará dos meses después una nueva votación, en la que solo se requerirá mayoría absoluta. En este caso no sería preciso el acuerdo del PP. Los socialistas, con el apoyo de los nacionalistas, podrían sacar adelante los nombramientos.

Pero el PP, que sí pactó los nombres de los miembros del consejo de administración de RTVE, no parece estar ahora por la labor. El diputado popular Miguel Ángel Cortés asegura que el Ejecutivo quiere “colocar a los amiguetes” antes de que termine la legislatura. Mañana preguntará a Jáuregui en la sesión de control al Gobierno por qué “se obceca” con la creación de un nuevo organismo en tiempos de crisis.

El PP no dice abiertamente si lo cerrará cuando llegue al poder (Esperanza Aguirre clausuró el consejo audiovisual de la Comunidad de Madrid), pero insiste en que “no hace ninguna falta” y que “el mejor consejo es el que no existe”. Su propuesta pasa por integrarlo en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) dando origen a un órgano convergente con dos brazos: uno dedicado a la televisión y otro a las telecos. Los populares critican el aumento de entidades reguladoras y el gasto que acarrearía el CEMA. El Gobierno, sin embargo, asegura que su creación no alteraría el plan de austeridad porque no supondría un incremento neto del gasto. Mientras no disponga de medios propios, el Consejo Audiovisual utilizará los medios técnicos de la secretaría de Estado de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Industria.

Los socialistas defienden una autoridad independiente de los poderes políticos o económicos, encargada de regular y supervisar el sector. Entre sus funciones figuran las de garantizar la transparencia y el pluralismo en la radio y la televisión, velar por la imparcialidad y neutralidad de los medios públicos y hacer que se cumplan las normas sobre publicidad, menores o inversión en cine. “Tal y como está concebido es un órgano censor, que entra a juzgar los contenidos y la veracidad de las informaciones”, dicen fuentes del PP.