Los espejos en los que Rajoy quiere que se miren las comunidades

Mientras el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, hace llamadas a la austeridad y a la contención del gasto de las autonomías, los Gobiernos regionales del PP no han respetado por igual estas normas básicas de funcionamiento. Madrid, la comunidad que mejor cumple los objetivos del déficit impuestos por el Gobierno, Valencia, una de las que más deuda arrastran, y Galicia, que recurre al pago aplazado, son tres modelos diferentes de gestión autonómica. Murcia, la cuarta autonomía gobernada hasta ahora por el PP comparte con Valencia sus métodos de gestión. Y todas apuestan por el recorte en el gasto corriente, el que afecta más directamente a los servicios a los ciudadanos, y el endeudamiento a largo plazo para las grandes inversiones en infraestructuras. Además, estos gobiernos acompañan sus medidas de una fenomenal propaganda para ensalzar sus logros.

GALICIA

La Xunta ve caer su presupuesto a niveles de 2006 y aplaza el pago de hospitales a 20 años

Mientras el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, hace llamadas a la austeridad y a la contención del gasto de las autonomías, su alumno aventajado en Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asume compromisos de deuda extrapresupuestaria a 20 años para construir hospitales y centros de salud. En un contexto de reducción de ingresos y cuando aun tiene que devolver al Gobierno central 2.500 millones durante esta legislatura correspondientes a anticipos a cuenta mal calculados en 2008 y 2009, el Presupuesto del Ejecutivo gallego cae este ejercicio un 10,8% hasta los 10.548 millones de euros. Y Galicia retrocede en poder adquisitivo al año 2006.

Con ese escenario, cuatro de cada diez euros que invierte la Xunta se pagarán en futuras anualidades, mientras Feijóo presume de austeridad y buena gestión e incluso presenta superávit en los números del primer trimestre de 2011. Su discurso de “hacer más con menos” tiene truco. Parte del recurso a la fórmula de pago aplazado que permitirá al Gobierno gallego construir el mayor hospital de la comunidad en Vigo, del que no pagará un euro en esta legislatura y cuyo coste tendrán que asumir los cinco próximos gobiernos. La infraestructura costará 1.400 millones de euros con una factura que se pagará a 20 años desde 2013. La misma fórmula permitirá edificar otro complejo similar en Pontevedra y 19 centros de salud diseminados por toda la Comunidad que como el de Vigo se adjudicarán a empresas (toda la gestión salvo la prestación sanitaria). Y todo con cargo a deuda extrapresupuestaria que no computa en las cuentas de la comunidad, por lo que previsiblemente Galicia seguirá cumpliendo con el objetivo de déficit.

Además, para contrarrestar los 1.177 millones que se han quedado por el camino, la Xunta de Feijóo ha recortado un 41,6% las ayudas a empresas, un 31,2% la política cultural y un 20,6% los fondos para Medio Rural. Y por mucho que porfíe en que el gasto social se mantiene: Sanidad pierde un 4,9% y Educación casi dos puntos más, si bien el descenso está por debajo de la media de otros departamentos. La promoción de empleo en un territorio que se desangra con 70.000 parados más en los últimos dos años también pierden un 8,4% de los fondos.

Nada más aterrizar en el Gobierno, el Partido Popular finiquitó la gratuidad universal de los libros de texto (sólo se pagan a las familias con rentas más bajas), y este año ha suprimido el transporte público a las zonas de marcha —un programa pionero instaurado por Fraga para evitar los accidentes de los jóvenes en la comunidad con más dispersión poblacional—.

Una docena de centros de día y guarderías construidos durante la legislatura anterior por el bipartito continúan cerrados a cal y canto y 30.000 marineros se han quedado sin el seguro colectivo de accidentes que financiaba la Administración gallega, por falta de dinero. La Consellería de Mar ha dejado de pagar el complemento de la pensión, 557 euros mensuales, a 187 mariscadoras mayores de 65 años que no habían llegado al máximo de la cotización.

La Xunta no pondrá un ladrillo en los dos edificios que faltan para completar la Cidade da Cultura, el macrocomplejo que Peter Eisenmann diseñó en la cumbre del Monte Gaiás por encargo de Fraga y que ya ha consumido 473 millones de euros. Con dos edificios abiertos, la continuidad de la obra está aplazada sin fecha. Los trabajadores de las empresas públicas, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades, han visto cómo se les comía un 5% a sus nóminas en virtud de una aplicación extensiva del recorte de sueldo -a los funcionarios aprobado por el Gobierno de Zapatero- que Feijóo no se ha cansado de criticar.

Con todo, la medida más polémica de la Xunta que propició un recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional fue el catálogo de medicamentos, que sólo permite a la sanidad pública financiar el fármaco más barato. La medida está oficialmente suspendida por el alto tribunal, pero en la práctica los médicos la siguen aplicando en hospitales y centros de salud. Mientras, Feijóo presume de que ahorra 300.000 euros al día en medicinas y acusa a los socialistas de Santiago y Madrid de estar vendidos a los intereses de las multinacionales farmacéuticas.

COMUNIDAD VALENCIANA

Camps anuncia recortes drásticos en la Administración pero tendrá dificultad para cumplir los objetivos del déficit en 2011

Con una situación financiera más que precaria, el Gobierno valenciano, que preside Francisco Camps ha anunciado que reducirá en un 25% los cargos de confianza de la Administración valenciana y reducirá en un 30% las subvenciones y las transferencias este mismo año. Además ha planteado la creación de una central de compras y la reestructuración de las empresas de la Generalitat en dos grandes grupos. Por un lado las de carácter inversor y por otro las que prestan servicios. Aunque Camps no ha detallado sus planes, se da por hecho que reducirá el número de empresas públicas y que dará entrada, en la medida que pueda, a la iniciativa privada, fundamentalmente en los sectores de infraestructuras, sanidad y educación.

Se trata del segundo plan de austeridad que pone en marcha el Gobierno valenciano, con reducción de subvenciones, transferencias y gasto corriente, pero cuyos resultados son difícilmente comprobables y, en todo caso, no han tenido ningún efecto en las cuentas regionales. El recorte se ha limitado a reducir empresas públicas y fundaciones que estaban inactivas y cuyo personal se ha transferido a otros servicios. La Generalitat habló en su día de que iba a reducir con los dos planes unos 1.000 millones de euros. En este contexto, el presupuesto valenciano cae un 4,7% respecto a 2010, hasta los 13.713 millones de euros.

Canal 9 es otro de los retos pendientes. Desde que el PP llegó al Gobierno en 1995, la deuda de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) se ha multiplicado por 40 y se eleva 1.287 millones de euros, mientras que la plantilla se ha duplicado y supera el millar de trabajadores. Ahora el presidente valenciano ha prometido en su programa electoral "racionalización del gasto, revisión de estructuras, eficiencia y mejora de la gestión empresarial". Para ello, Francisco Camps ha anunciado un contrato programa que, previsiblemente, obligará a cambiar la ley de creación de RTVV.

La Comunidad Valenciana, que cerró el año pasado con una deuda de 17.600 millones (el 17,2% del PIB), ya incumplió el déficit fijado por el Ministerio de Economía en 2010 y, previsiblemente tendrá muchas dificultades para ajustarse al objetivo del 1,3% de este año. Los impagos del Gobierno valenciano a los proveedores de la Administración valenciana han generado en los últimos meses numerosos problemas de gestión, como el resgistrado el pasado mes de marzo cuando se dejó de repartir el correo de los juzgados a causa de la enorme deuda, ahora refinanciada, de la Generalitat con Correos.

COMUNIDAD DE MADRID

Aguirre ha metido la tijera en el gasto corriente y se ha esforzado en cumplir los objetivos de estabilidad en los tres últimos ejercicios

La Comunidad de Madrid tiene las cuentas más saneadas de las regiones de España. Es la única autonomía que ha cumplido con el objetivo de estabilidad durante los tres últimos ejercicios. Madrid registró en 2010 un déficit del 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, el menor de toda España. Aún así los responsables del Gobierno regional anunciaron la semana pasada que incrementarán la deuda en 1.270 millones de euros, lo que elevaría la deuda total a 14.762 millones de euros.La situación de las arcas regionales se deben a los diferentes planes de recortes y de adelgazamiento de la Administración regional que ha aplicado el Gobierno que preside Esperanza Aguirre desde que estalló la crisis, en el verano de 2008. No en vano, el presupuesto regional de 2011, con 16.724 millones de euros, ha sido el más austero de toda la historia autonómica de Madrid.

El Ejecutivo madrileño asegura que ha logrado ahorrar 1.730 millones desde entonces. Entre las principales medidas destaca la supresión de 102 entes, organismos y empresas públicas regionales y la reducción del gasto en el resto de sociedades públicas de Madrid que ha supuesto una reducción del gasto de más de 600 millones de euros. Además, el Gobierno regional aplicó la rebaja del 5% al sueldo de los funcionarios y a todo el personal laboral de la Comunidad de Madrid y de las empresas públicas. En este periodo el Gobierno popular de Madrid ha reducido el número de consejerías de 15 a 9. La reestructuración del Gobierno regional ha supuesto la reducción de 15 altos cargos, aunque el Ejecutivo regional evita precisar el número de personal de confianza y el recorte que ha aplicado.

El vicepresidente regional, Ignacio González, ya ha anunciado que hay margen para seguir reduciendo consejerías y que se seguirán aplicando políticas de austeridad aunque sin precisar cuáles. Madrid también redujo la flota de vehículos oficiales de 124 a 73 coches. Entre los planes del Gobierno regional está la privatización del Canal de Isabel II, la empresa pública de gestión del agua de Madrid, que supondría una importante inyección de recursos a las arcas regionales.

Al mismo tiempo, en los últimos ocho años el Ejecutivo madrileño se ha embarcado en la construcción de una serie de infraestructuras, lo que incluye ocho grandes hospitales, a través de la privatización de las obras y la concesión de la gestión y el mantenimiento a empresas privadas. El gasto no computa en los presupuestos, ni en la deuda, pero está presente a través de los fuertes cánones que paga la Administración regional a las concesionarias.