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Las pymes y los autónomos denuncian la desaparición de 450.000 empresas

Las cuentas pendientes de las Administraciones a los proveedores se han duplicado desde 2005

Casi el 90% de las pequeñas empresas ha tenido problemas de liquidez en el primer trimestre

El 90% de las pymes ha tenido problemas para pedir créditos. Ampliar foto
El 90% de las pymes ha tenido problemas para pedir créditos. GETTY

Detrás del déficit de las Administraciones públicas hay mucho más que el cúmulo de acusaciones del Partido Popular sobre la supuesta “quiebra total” de Castilla-La Mancha, los gastos del Gobierno de Francisco Camps en la Comunidad Valenciana o los agujeros de Canal 9. Ahí están decenas de miles de pequeñas y medianas empresas, empleados y trabajadores autónomos que sufren los desequilibrios de las cuentas públicas. Retrasos de meses en los cobros e impagos que en el mejor de los casos convierten el día a día en una cuesta arriba y, en definitiva, contribuyen a debilitar el tejido empresarial y a disparar las estadísticas del paro.

La situación no es nueva, pero los efectos de la crisis han duplicado el apartado de “cuentas pendientes de pago” de las Administraciones en tan solo cinco años. El lunes el presidente de la  Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Jesús Terciado, recordó que 450.000 negocios (el 13% del total) han desaparecido desde 2007. De ellos, cerca de la mitad se destruyeron por culpa de la morosidad. El balance del Banco de España confirma esta tendencia con otros datos: los organismos públicos debían a finales de 2010 45.794 millones de euros a las llamadas sociedades no financieras (los proveedores), más del doble que a principios de 2005, cuando los gastos previstos en esa rúbrica apenas superaban los 20.000 millones.

Jesús Terciado, presidente de Cepyme. ampliar foto
Jesús Terciado, presidente de Cepyme.

¿Las causas? Además de la zozobra de los mercados, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) apunta a la costumbre de Ayuntamientos y Comunidades de encargar lo que en principio no pueden pagar confiando en los créditos que ya no se conceden. Se trata de una perversión del sistema que afecta sobre todo a las empresas del sector sanitario y llega a extremos de más de 600 días de retrasos en los pagos en las Islas Baleares, Murcia y Cantabria, como recoge un informe de la consultora PWC, o en la Comunidad Valenciana, según han denunciado varios proveedores.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, es más que claro: “Las Administraciones Públicas se han convertido en la principal fuente de destrucción de empleo”. Hay excepciones, es decir organismos más solventes que otros, como los Consistorios de Bilbao, Barcelona y Pamplona, o los Gobiernos de Navarra, La Rioja, Asturias y Castilla y León. Pero en general la situación es dramática, y Amor desgrana unos datos que, asegura, afectan tanto a las comunidades o Ayuntamientos del Partido Popular como los gobernados por el PSOE u otras formaciones. “Antes de las elecciones del 22-M la deuda estaba en 12.000 millones y la demora de pago era de un promedio de158 días”, explica. Tres semanas después de los comicios locales, el escenario ha degenerado y abre el camino a unas perspectivas aún más sombrías. Según los cálculos de la federación las deudas ascienden ahora a unos 14.000 millones y los días de retrasos en los pagos ya son 170. Lo que se traduce en casi dos millones de trabajadores autónomos con el agua al cuello.

La valoración de Cepyme, que agrupa a cerca de un millón y medio de empresas, también es negativa. Fuentes de la confederación confirman que los retrasos afectan a la gestión de todos los partidos, y “al final los que soportan buena parte del descontrol del déficit son los pequeños empresarios".

Un informe de las Cámaras de Comercio corrobora este panorama y detalla que en el primer trimestre del año casi el 90% de los pequeños negocios ha tenido problemas de liquidez y que “el 71,4% de las pymes que son proveedoras de las Administraciones públicas ha tenido dificultades para efectuar el cobro”. “Los problemas para cobrar", según la encuesta de las Cámaras, "se han presentado sobre todo con las administraciones locales (57,1%), en segundo lugar con las autonómicas (41,6%) y por último con la administración central (19,5%)”. El retraso medio, de todas formas, no difiere mucho del de los autónomos: se sitúa en torno a los cinco meses. 

Los retrasos y los impagos afectan a Administraciones de todos los partidos

Estas circunstancias convierten a España, según las partes afectadas, en una anomalía en el tablero europeo, donde la demora de pago media es tres veces inferior. Mientras Bruselas estudia una normativa comunitaria que debería entrar en vigor en 2013 y que fija los límites de pago a las microempresas en un mes, la ley de morosidad sigue siendo en realidad una de las que más insumisos tiene la legislación española, y los infractores serían precisamente los Ayuntamientos, las Diputaciones y las Comunidades.

¿Soluciones? Puesto que una vía de escape real pasa por una reestructuración del sistema financiero y por el principio del fin de la crisis, los pequeños empresarios mientras tanto piden al Gobierno una reforma de la ley de morosidad para que se establezca un régimen sancionador, y que se abra una nueva línea de ICO para ayudar a los Ayuntamientos.

La Cecam cifra la deuda del Gobierno de Barreda en 400 millones

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, cifró ayer la deuda de Administración castellanomanchega con los empresarios entre 400 y 500 millones de euros.

Pese a que fuentes de la confederación aclaran que no disponen de un estudio pormenorizado de las cuentas pendientes, el representante de la Cecam avaló con su valoración durante la Asamblea anual del organismo el cálculo de José María Barreda. El presidente de la región sitúa la deuda en 416 millones a finales de marzo, es decir, la quinta parte de la que ha denunciado el Partido Popular.

Nicolás pidió también que el traspaso de poderes en el Gobierno regional se haga "de la manera más tranquila posible" para que la región y su economía sean capaces de dar una imagen "de cierta solvencia".