Inédita bronca entre el Poder Judicial y la fiscalía por una 'ley mordaza'

La iniciativa legislativa de cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha derivado en la mayor bronca institucional que se recuerda en esta legislatura entre el Ministerio de Justicia, el Parlamento, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, ante el intento de modificar aspectos muy sensibles de la ley de Enjuiciamiento Criminal como el secreto del sumario, la supresión de recursos y la acción popular, a través de enmiendas al proyecto de Ley de Agilización Procesal. Fuentes fiscales no han dudado en calificar el proyecto de auténtica "ley mordaza", ya que vulnera el deber del Ministerio Fiscal de "informar a la opinión pública", y afecta a sus funciones de velar por los derechos de los ciudadanos y por la independencia de los tribunales

La fiscalía se enteró de las enmiendas a través de Internet, lo que derivó en un incidente verbal en un restaurante entre el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el vocal del Poder Judicial  José Manuel Gómez Benítez, cuando el primero mencionó al gobierno de los jueces, "que ahora parece que también quieren legislar".

La controversia se trasladó ayer a las instituciones: las asociaciones de fiscales cerraron filas y convocaron una reunión de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal para este jueves, en tanto el Consejo del Poder Judicial hizo pública una durísima nota arremetiendo contra el fiscal general del Estado.

Por su parte, desde el Ministerio de Justicia no se ocultaba su malestar por lo sucedido, que se atribuyó única y exclusivamente a los acuerdos entre vocales judiciales y los grupos parlamentarios, y, sin “tomar partido en esta trifulca”, se remitió al proyecto de ley de Agilización original que se envió al Congreso antes de las enmiendas. Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que el ministro Francisco Caamaño, no ha estado informado de este proceso.

De momento, tras la bronca, el Grupo Socialista ha decidido retirar las enmiendas a la ley de Enjuiciamiento Criminal que restringen las funciones del fiscal. El PSOE no quiere seguir adelante con su enmienda al artículo 301 de la ley de Enjuiciamiento, que deja en el juez la decisión sobre qué partes de los sumarios pueden hacerse públicos en los medios, con exigencia de responsabilidades y sanciones a todas las partes personadas.

Los cuatro vocales del Poder Judicial que intentaron introducir la "ley mordaza" son los progresistas Margarita Robles y José Manuel Gómez Benítez, antes enemigos y ahora aliados, y los conservadores Manuel Almenar y Fernando de Rosa, vicepresidente de la institución, informa José Antonio Hernández. Erigidos en comisión asesora, se han dedicado en los últimos meses a hablar con los grupos parlamentarios para trasladarles una serie de propuestas para modificar el proceso penal, sin esperar a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo borrador tiene listo el Gobierno, pero que no tiene fecha de aprobación. Las propuestas asumidas por los distintos grupos incluyen, por ejemplo, la eliminación de recursos durante el proceso de instrucción, lo que limita la actuación del fiscal y elimina garantías, y la regulación del secreto del sumario.

Críticas al "oscurantismo" de la reforma

La carrera fiscal, encabezada por Conde-Pumpido y las dos asociaciones (la conservadora Asociación de Fiscales  y la Unión Progresista de Fiscales), se pusieron en pie de guerra y criticaron la pretensión de modificar la Ley de Enjuiciamiento sin el preceptivo informe del Consejo Fiscal y con “oscurantismo”.  

En concreto, los fiscales de la UPF exigen que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que afecta a derechos fundamentales se realice respetando "los cauces oportunos" y consideran "inaceptable" que se intente "boicotear" el avance de nuestro país en el concierto mundial de propiciar una Administración de Justicia enfocada "a la protección de las víctimas y de los más desfavorecidos".      

Según fuentes fiscales, la supresión de recursos como el de reforma impediría pedir medidas cautelares e incluso  “haber impugnado la libertad del etarra Troitiño”. Respecto a la autorización judicial previa a dar información, dijeron que esa enmienda “amordaza a la fiscalía” y le impide cumplir con su deber de “informar a la opinión pública”, establecido en su Estatuto orgánico. Algunos fiscales consultados atribuyeron esta enmienda a la posición de los grupos políticos, contrarios al exceso de publicidad de los casos de corrupción.

Otras fuentes criticaron una enmienda apoyada por el Partido Popular al artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento, que pretende que la acción popular pueda continuar hasta el juicio oral a pesar de que el fiscal  y la acusación particular pidan el sobreseimiento. Precisamente el papel de la acción popular está en entredicho y pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional en relación con la doctrina Atutxa. 

En el trasfondo del enfrentamiento subyace también el hecho de que las enmiendas “dan todo el poder al juez” y “dejan a la Fiscalía desarmada”, mientras que el borrador de la futura ley de Enjuiciamiento potencia la posición del fiscal en la instrucción del proceso.

Al hilo de estos reproches, la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial, de la que forman parte Robles y Almenar, emitió un comunicado en el que rechaza la afirmación de Pumpido de que el Consejo está “invadiendo las funciones del poder legislativo”. La durísima nota del Poder Judicial asegura que esa "acusación" de Conde-Pumpido “no solo carece del menor fundamento sino que, además, significa una gravísima descalificación de este órgano constitucional del Estado”. Según fuentes del Consejo, fue la propia Robles la que forzó el comunicado. Fuentes del la Fiscalía del Estado calificaron de "desproporcionado" este comunicado del Poder Judicial. 

El vocal Gómez Benítez dijo que intentaron anticipar algunas reformas como limitar a un año el secreto del sumario y “poner orden en las filtraciones”. Según este vocal, la actual regulación del secreto del sumario "nadie la cumple, ni los abogados ni los fiscales". La iniciativa  procede de los acuerdos del Pleno relativos a que había que introducir reformas en el secreto de las actuaciones sumariales. Gómez anticipó que ahora “la ley de Agilización no va a salir y se va a retirar”.

El Grupo Socialista retiró anoche las enmiendas, salvo las referidas a la responsabilidad de las personas jurídicas que, tras la reforma del Código Penal son obligadas. No obstante, hoy mismo se constituirá la ponencia, donde empezará la negociación del resto de enmiendas y las de los otros grupos.