Alberto Fernández: "La inmigración legal es garantía de integración"

Ilusionado ante la perspectiva de poder condicionar el futuro gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, candidato del Partido Popular (PP), se muestra comprensivo en esta charla digital con los lectores con el movimiento del M-15, que ha suscitado una masiva movilización popular en todo el país. El cabeza de lista popular por Barcelona anima a los votantes a expresar su indignación acudiendo a las urnas a expresar su voto y a hacerlo con la papeleta del PP. “Nadie puede estar satisfecho con el 22% del paro, el 45% de paro juvenil y un 30% de fracaso escolar, la inseguridad o congelación de las pensiones”, afirma Fernández Díaz, que recuerda, aunque sin citarlo, que su partido cuando gobernó redujo el desempleo a la mitad; generó trabajo y saneó el sistema de pensiones.

La campaña de Fernández Díaz ha girado básicamente en torno a la inmigración pero solo ha recibido dos preguntas sobre ese tema. Uno de los lectores cuestiona al veterano político popular sobre cómo compatibilizar los principios éticos o morales y la aplicación de los derechos humanos con una inmigración legal y ordenada, que puede implicar la expulsión del país. “La inmigración legal”, responde el candidato, “es la mejor garantía de integración para que los inmigrantes puedan acceder a la oportunidad que buscan de una vida mejor y a la que tienen derecho. La expulsión del inmigrante delincuente reincidente no lo será por extranjero si no por reincidente”.

Apasionado del fútbol –es socio del Espanyol-, Fernández Díaz ha recurrido a una metáfora futbolística para hablar de la necesidad que tiene Barcelona de ser una ciudad líder y no aspirar solo a “clasificarse para la Champions”. Para ello reclama una administración más participativa y que no suplante a la iniciativa privada; mejores infraestructuras –entre ellas, el corredor mediterráneo- y apoyo a los emprendedores. Y acaba con una denuncia y un deseo: primero revela que al Ayuntamiento le mueve un espíritu recaudatorio al imponer las multas de tráfico –calcula que ha ingresado 100 millones más en los últimos cuatro respecto  a la cifra que preveía- y anhela que los tribunales permitan finalmente que puedan celebrarse con normalidad corridas de toros en Barcelona. La prohibición aprobada por el Parlamento catalán entrará en vigor en diciembre de 2012.