Intención política y posibilidades jurídicas

Cuando el pasado febrero, los dirigentes de la izquierda abertzale presentaron los estatutos de Sortu en los que, por vez primera, rechazaban la violencia de ETA, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, tras admitir su novedad, pidió que no se legalizara la nueva marca porque era conveniente que la izquierda radical pasara por una "cuarentena", alegando las veces que en el pasado había engañado a la sociedad.

Algo similar propuso el 17 de abril el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Durango (Vizcaya) cuando, dirigiéndose a la izquierda abertzale, dijo: "Cuatro meses no bastan para convencer después de todo lo que ha pasado en 40 años de violencia", tras valorar los pasos que habían dado de alejamiento de la violencia.

En esa clave política hay que entender el interés común en el PSOE y el PP en promover la ilegalización, hace un mes, de Sortu, y ahora, de Bildu, materializada en la impugnación, presentada ayer por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo.

En esa clave, en la de que tiene que pasar más tiempo para que la izquierda abertzale sea creíble, y en otra, muy ligada a ella: en seguir presionando a la izquierda radical para que siga tirando de ETA y consiga que pase de la actual situación de tregua permanente a un cese definitivo de la violencia.

Pero una cosa es la intención política de los dos principales partidos de tratar de impedir la presencia electoral de Bildu, que cuenta con un amplio apoyo en la opinión pública, a excepción del País Vasco, y otra las posibilidades jurídicas.

En este sentido, el Tribunal Supremo, que decidirá este fin de semana sobre las candidaturas de Bildu, no lo tiene fácil. Es cierto como señala la documentación policial, que recoge la Abogacía del Estado, en su impugnación de todas las candidaturas de Bildu, que la banda terrorista ETA aboga porque la izquierda abertzale participe en una coalición independentista, como lo es Bildu.

Pero no es menos cierto que la estrategia de la coalición independentista está diseñada por los dirigentes de la izquierda abertzale -Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Rafael Díez Usabiaga...-, tras la ruptura de ETA de la tregua de 2006; que hay, también, numerosos textos de la banda que reflejan tensiones entre la izquierda abertzale y ETA sobre su disputa por la vanguardia del movimiento independentista; y, sobre todo, que hay pruebas públicas del progresivo alejamiento de la izquierda abertzale de la violencia de ETA, desde febrero de 2010 hasta hoy.

Para mayor complicación judicial, Eusko Alkartasuna y Alternatiba, que acompañan a la izquierda radical en Bildu, son partidos legales. Con este complejo panorama decidirá el Tribunal Supremo si acepta o rechaza las candidaturas de Bildu.

La decisión judicial tendrá, también, trascendencia política. Si la opinión pública española se inclina por el rechazo a las candidaturas de Bildu, no sucede lo mismo con la vasca. En Euskadi se percibe con mayor claridad el cambio de actitud de la izquierda abertzale en relación con la violencia de ETA. Por eso, el Gobierno recalca, en su discurso político, que son los tribunales quienes decidirán sobre Bildu y no el Pacto Antiterrorista entre el PSOE y el PP.

Las machaconas declaraciones de algunos dirigentes del Partido Popular identificando con ETA sin matices a líderes de la izquierda radical que se están alejando públicamente del terrorismo chirrían en el País Vasco y se están convirtiendo en propaganda indirecta para la izquierda abertzale. De tal modo, que algunos de sus dirigentes dicen que decidan lo que decidan los tribunales, políticamente están ganando la batalla de opinión en Euskadi.