Giro soberanista

"No vale la pena discutir que el Tribunal Constitucional ha cometido un grave error. Ese debate ya no lleva a ninguna parte. El hecho cierto es que se ha cerrado una puerta y con ello toda una etapa histórica. El pueblo de Cataluña ha expresado su voluntad y esta no cambia porque la puerta se cierre; otras se abrirán o deberán abrirse porque la voluntad colectiva de un pueblo no puede conformarse en renunciar a una legítima ambición que 30 años de normal y progresivo desarrollo autonómico avalan y protegen". En estos términos se expresaba Miquel Roca en La Vanguardia el 20 de junio de 2010, es decir, inmediatamente después de que se hiciera pública la STC 31/2010, mediante la cual el Tribunal Constitucional resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diputados del PP contra la reforma del Estatuto de Autonomía para Cataluña. El título del artículo de Miquel Roca era: España tiene un problema.

No creo que pueda dudarse de que Miquel Roca sabe lo que dice. A él se debe la que es, en mi opinión, la mejor definición que se hizo en las Cortes Constituyentes de 1978 del objetivo que se pretendía alcanzar con el reconocimiento conjunto del principio de unidad política del Estado y del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España, que figura en el artículo 2 de la Constitución: "Desde mi perspectiva nacionalista no puedo dejar de constatar, no sin emoción, que hoy coincidimos todos en la voluntad de poner fin a un Estado centralista; coincidimos todos en alcanzar por la vía de la autonomía un nuevo sentido de la unidad política de España" (cursivas mías).

Esta coincidencia es la que, para Miquel Roca, se ha roto con la STC 31/2010.

La Constitución ha dejado de ser considerada como propia por parte del nacionalismo catalán

En esta misma línea se ha expresado Jordi Pujol. Lo ha hecho en varias ocasiones desde la publicación de la STC 31/2010, pero lo ha hecho de manera muy articulada en una conferencia pronunciada el 29 de marzo de 2011 en la Universidad Pompeu Fabra, en la que, tras lamentar en sus palabras iniciales que se trataba de una "conferencia que durante muchos años había pensado que no tendría que hacer nunca... porque significa reconocer que se han de revisar, como mínimo, algunos de mis planteamientos de siempre", pasa revista de manera pormenorizada a la contribución del nacionalismo catalán a la gobernabilidad del Estado desde los momentos iniciales de la Transición hasta el momento inmediatamente anterior a la STC 31/2010, para llegar a la conclusión de que, tras la sentencia, se ha quedado sin argumentos frente a quienes dentro del nacionalismo catalán defienden una posición independentista. Coherentemente con esta conclusión, Jordi Pujol ha acabado votando positivamente de manera anticipada en la consulta sobre la independencia de Cataluña celebrada en Barcelona el pasado domingo. (La conferencia de Jordi Pujol no tiene título y ha sido publicada en su integridad en La Vanguardia en su edición digital de 29 de marzo de 2011).

El actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, y ocho consejeros también votaron en dicha consulta, que consiguió una participación general del 18%.

Independientemente de lo que pensemos los demás sobre la STC 31/2010, lo que sí parece claro es que el nacionalismo catalán considera que se ha roto el pacto constituyente sobre cuya base se había venido ejerciendo el derecho a la autonomía. A pesar de que se ha seguido escrupulosamente el procedimiento de reforma definido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Cataluña, el Tribunal Constitucional ha decidido que la voluntad expresada a través de dicho procedimiento no cabe en la Constitución. La puerta se ha cerrado y ustedes se quedan fuera. El giro soberanista del nacionalismo catalán no es más que la respuesta a dicha decisión del Tribunal Constitucional.

Es pronto para saber qué consecuencias puede tener en el funcionamiento de nuestro sistema político este giro soberanista. Está claro, como ha puesto de manifiesto la abstención de CiU en la votación sobre la proposición de independencia de Cataluña en el Parlamento el pasado miércoles, que todavía no tiene el suficiente peso como para hacer en el Parlamento catalán y en el Gobierno lo que ya se ha hecho en la calle.

Pero el paso que se ha dado ya no es reversible. La Constitución española ha dejado de ser considerada como Constitución propia por parte del nacionalismo catalán, que se encuentra ahora en una posición más próxima a la que se ha encontrado el nacionalismo vasco desde la entrada en vigor de la Constitución. Se ha borrado políticamente la diferencia entre el plan Ibarretxe y la reforma del Estatuto de Autonomía para Cataluña.