El coche escoba de la corrupción

La aprobación por el comité electoral valenciano de las listas autonómicas para el 22-M dejó boquiabiertos a quienes todavía confiaban en un gesto de cordura de los dirigentes regionales del PP. La luz verde dada en Madrid al coche escoba encargado de recoger en las cercanías de los juzgados a 10 imputados o implicados en varios sumarios penales -desde el caso Gürtel al caso Brugal, pasando por algunos escándalos urbanísticos- mostró a renglón seguido que el presidente de la Generalitat ha ganado el pulso echado al timorato líder nacional del PP.

Una reciente investigación de los profesores Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-Vázquez sobre las consecuencias electorales de la corrupción municipal entre 2003 y 2007 con especial atención a Valencia y Andalucía (Fundación Alternativas, 2011) pone de relieve la escasa penalización sufrida en las urnas por los alcaldes sospechosos de ilegalidad. Queda por saber si la insensibilidad ante la corrupción y la falta de vergüenza ajena ante el ridículo opera de la misma forma en el ámbito autonómico.

La instrucción del caso Gürtel ha venido padeciendo desde el inicio la obstrucción del PP y se ha visto perjudicada por el desgajamiento de la causa entre el Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). La estrategia procesal de los populares entorpece la tramitación de ese complejo y dividido sumario a la espera de recuperar el poder y encontrar un pretexto -siguiendo el modelo de Berlusconi- para lograr la nulidad de las actuaciones. Esa tarea obstaculizadora ha aplazado hasta el momento (aunque la hora de conseguirlo parece próxima) el traslado desde el TSJM hasta el TSJCV de la pieza sumarial sobre la financiación irregular de los populares valencianos, clave para entender el mecanismo triangular Gürtel-Generalitat-PP de la corrupción.

La inminente fijación por el TSJCV de la vista oral para juzgar el delito de cohecho pasivo imputado al presidente de la Generalidad y a tres de sus secuaces permitirá sacar pronto al escenario la estampa más pintoresca y hortera de la trama Gürtel: el fondo de armario regalado por Orange Market (proveedora de servicios a la Generalitat) a Francisco Camps. Aunque en agosto de 2009 el TSJCV dictó en falso el sobreseimiento de la causa, el Supremo aceptaría meses después el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ordenaría reanudar la instrucción.

Los portavoces orgánicos y los medios de comunicación cercanos al PP tratan de neutralizar el caso Gürtel con el martilleo de los escándalos que acosan al PSOE en Andalucía. Pero escaso consuelo puede extraerse del mal de muchos o de los perversos efectos del pecado original. Las manchas malolientes en la solapa propia no se limpian ensuciando la chaqueta ajena: el procedimiento de extender la porquería al resto de los partidos, además de reconocer implícitamente la roña propia, infecta al sistema democrático en su conjunto. En el terreno de las comparaciones, por lo demás, será difícil encontrar un rival digno del caso Gürtel, donde se dan cita las relaciones promiscuas entre mafiosos y políticos, la financiación irregular del PP, el soborno de cargos públicos a título individual, los regalos para ablandar voluntades renuentes y el despilfarro del dinero público por culpa de la proliferación de mítines, inauguraciones y festejos que alimentan la vanidad insaciable de los presidentes autonómicos.

El presidente Camps ha hecho un uso higiénico del Código de Buenas Prácticas del Partido Popular. Esas normas internas afectan a los comportamientos que, aun siendo plenamente legales, puedan dañar "la imagen u honorabilidad" del partido. Los dirigentes del PP deberán racionalizar el uso de los medios de transportes oficiales, limitar el gasto en publicidad, no aceptar regalos y rechazar cualquier trato de favor que implique privilegio o ventaja. Los candidatos del PP también están obligados a prestar declaración jurada de que no existe causa jurídica alguna que les inhabilite para participar en unas elecciones y a comunicar a la dirección del partido cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito.

¿Han infringido el Código de Buenas Prácticas popular los 10 imputados o implicados de la candidatura valenciana autonómica? De creer a Rafael Blasco -cuya coherencia política y moral le permite ser hoy consejero de la Generalitat con el PP después de haberlo sido ayer con el PSOE- la lista encabezada por Camps no plantea problema antiguo: todos sus miembros son personas "de una ética absolutamente fuera de cualquier tipo de duda".