El baile de los organismos reguladores

El viernes, el Consejo de Ministros aprobó los nombramientos de tres nuevos consejeros de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y dos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), con lo que se da el primer paso para la renovación de estos organismos. En algunos casos lleva hasta tres años de retraso por la falta de consenso entre los principales grupos políticos. No obstante, este puede ser el comienzo de un baile que afecta a varios organismos reguladores y supervisores más, que se enfrentan, o están punto de ello, a la reposición obligada de sus cúpulas.

La propuesta de los nombramientos en la CNE y CMT -bajo los auspicios de la Ley de Sostenibilidad, que limita a siete sus miembros- es responsabilidad del Ministerio de Industria, cuyo titular, Miguel Sebastián, los ha acelerado a última hora ante el inminente vencimiento de todos los miembros de las dos comisiones y pese a que no llegó a ningún consenso con el PP. El principal partido de la oposición quiere cambiar el sistema de designación actual por consenso entre el Gobierno y las fuerzas políticas y proponer que los cargos sean votados con mayoría de tres quintos del Parlamento para el presidente y absoluta para los consejeros.

Miguel Sebastián ha acelerado los nombramientos a última hora ante el inminente vencimiento de todos los miembros de las comisiones

Las dificultades para la renovación que puso el PP en esos organismos industriales se repiten en otros. Parece ser el caso de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en la que hay dos huecos por llenar desde hace meses, pese a las reclamaciones al respecto de su presidente, Luis Berenguer, cuyo mandato expira el próximo 30 de septiembre. Las propuestas para cubrir esas vacantes de la CNC corren a cargo del Ministerio de Economía, al que también le compete los de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo en el que existe una plaza de cinco desde hace más de un año sin cubrir. El puesto del regulador bursátil parece destinado a alguien de la confianza de CiU, y de hecho Economía intensificó las negociaciones con el Gobierno catalán tras llegar a la presidencia Artur Mas. No obstante, todo está parado, probablemente a la espera de otros nombramientos.

Tanto Berenguer como Julio Segura, presidente de la CNMV, han reclamado al Gobierno que las incorporaciones sean de personas que conozcan la responsabilidad y no se limiten a un reparto de poder político. Esa es la cuestión más peliaguda y que explica casi siempre los retrasos. Ante esa evidencia, la prédica del Gobierno es que busca perfiles técnicos y lo más independientes posibles, lo que entraña dificultad, entre otras cosas, porque entre las huestes políticas no siempre existen expertos en una materia determinada. Eso, añadido a las diferencias salariales con la empresa privada, hace que se recurra con frecuencia al mundo académico.

En cualquier caso, a la vista de los nombramientos realizados en la CNE y CMT, no se cumplen del todo esas premisas. En la CNE se han nombrado a dos (el profesor de la Universidad de Comillas Tomás Gómez, a propuesta del PSOE, e Idoia Zenarruzabeitia, exportavoz y consejera de Hacienda del Gobierno vasco, del PNV) y el mes que viene cumple el plazo de los otros cinco miembros, entre ellos la presidenta, Maite Costa, para cuya sustitución se da por seguro a Carlos Ocaña, actual secretario de Estado de Hacienda, y Jorge Fabra, Luis Albentosa y Jaime González (propuestos por el PSOE) y Sebastiá Ruscadella (CiU). En la CMT, Bernardo Lorenzo es el nuevo presidente y junto a él se incorporan Marta Plana, por CiU, y Xabier Ormaetxea, por el PNV, los tres con currículos convincentes. Los cuatro restantes acaban en diciembre.

El próximo año, además, termina el mandato del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (en junio), y de Julio Segura (en octubre). En ambos casos, son después de las elecciones generales, por lo que si hay relevo en La Moncloa, será el momento de comprobar si los ánimos de cambio se cumplen o todo sigue igual. Están desocupados, asimismo, los siete cargos del Consejo de Medios Audiovisuales (CEMA) y dos de la Comisión Nacional del Sector Postal. En el Tribunal de Cuentas, donde los mandatos no tienen límite de renovaciones, los 11 miembros -más una plaza por el fallecimiento de Antonio de la Rosa- tienen su mandato caducado. En este caso, como en el Defensor del Pueblo, parece que va ligado a un acuerdo en el Tribunal Constitucional.