Una juez investiga la contratación de cargos de IU en Manilva

El Ayuntamiento malagueño ha pagado 69.800 euros a empresas del esposo de la alcaldesa

La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, a la salida de los juzgados de Estepona.
La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, a la salida de los juzgados de Estepona.JULIÁN ROJAS

Una denuncia del comité de empresa del Ayuntamiento de Manilva (Málaga, 11.000 habitantes) ha revelado que los 17 miembros de la lista de Izquierda Unida, así como 57 familiares directos o políticos de estos, han sido contratados por el Consistorio, la mayoría de ellos en el último mandato municipal. El Ayuntamiento, la principal empresa del pueblo, también ha dado trabajo a miembros del comité local de IU, partido que gobierna en Manilva, con la alcaldesa Antonia Muñoz al frente, y a los integrantes de la candidatura de la coalición de izquierdas en el cercano municipio de Benahavís, formada casi íntegramente por militantes manilveños.

La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, forma parte de las diligencias de investigación 80/2010, abiertas por la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Estepona, Isabel Conejo. La juez, que fue la primera instructora del caso Astapa, contra la corrupción municipal en Estepona, investiga también una serie de facturas, que totalizan al menos 69.854 euros, pagadas por el Ayuntamiento a dos empresas del esposo de la regidora, en una de las cuales tiene el 50% de la propiedad.

Según la denuncia, la regidora tiene empleados a 13 parientes

Según la denuncia, Antonia Muñoz, imputada en esta causa por delitos contra la integridad de la Administración pública es, de lejos, lAntonia Muñozpara el Ayuntamiento, un total de 13. La mayoría de ellos, afirma el escrito de UGT, son primos hermanos y familiares directos de estos.

Otra edil con numerosos familiares trabajando en el Ayuntamiento es Francisca López. Según la denuncia, la encargada de Bienestar Social tiene siete parientes. Francisco Medina, número ocho de la lista y contratado como director de área, tiene a seis familiares, entre ellos una hija y una prima, la cual ha pasado de estar contratada de forma temporal a indefinida. Otro director de área, Miguel García, número 11 de la lista, comparte empresa con un hijo y tres hermanos, afirma el escrito de UGT. A través de su gabinete de prensa, el Ayuntamiento ha rechazado la llamada de EL PAÍS para contrastar la información.

Aunque, según el comité de empresa, la mayoría de las contrataciones se han realizado en este mandato, algunos de los familiares que trabajan para el Ayuntamiento ya lo hacían antes de las elecciones de 2007. Según la denuncia, la cuñada del concejal de Obras, Mario Jiménez, y un hermano del edil de Recursos Humanos, Diego Díaz, contratados desde la legislatura anterior, han pasado de tener contratos temporales a indefinidos.

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Uno de los problemas más acuciantes de la economía municipal es la extensa plantilla de empleados públicos, más de 500, que con el brusco descenso de los ingresos urbanísticos ha tenido dificultades para cobrar sus nóminas con puntualidad.

UGT presentó una denuncia inicial y la juez Conejo les exigió que detallaran los hechos. En una ampliación, relataron que las empresas Carpintería Valentín SL y Muebles Valentín SL, ambas pertenecientes al esposo de la regidora, Valentín Carayol, han facturado entre 2009 y 2010 no menos de 69.854 euros al Ayuntamiento. Esta cifra corresponde a las facturas a las que ha tenido acceso el comité de empresa. "Creemos que son muchos más trabajos y algunos de ellos realizados mediante subcontratas, pero el Ayuntamiento no nos ha facilitado las facturas".

Fuentes cercanas a la alcaldesa señalan que las supuestas irregularidades tienen más que ver con el ámbito administrativo que con el penal y aseguran que muchos de los familiares empleados en el Ayuntamiento trabajaban para el Consistorio mucho antes de que Antonia Muñoz llegara a la alcaldía. Los denunciantes señalan que muchos de los trabajadores entraron en el municipio sin pasar procesos de selección, algo que las mismas fuentes califican directamente como "una mentira".

Sobre la firma

Fernando J. Pérez

Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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