Mucho más que el 0,7%

Yo era un joven profesional alocado y con una cintura de avispa cuando el gobierno de José María Aznar aprobó en 1998 la primera Ley de Cooperación de nuestro país. Con ella se establecieron las bases de un modelo institucional y legal que ordenó el trastero, pero que caducó pocos años después y ha encorsetado esta política pública hasta el día de hoy. Hasta el día de ayer, en realidad. Porque en la reunión del Consejo de Ministros de esta semana se aprobó el anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible Y la Solidaridad Global. Con ello comienza la tramitación parlamentaria de un compromiso de legislatura que podría traer a la cooperación de nuestro país una renovación que necesita de forma desesperada.

La importancia de este proyecto de ley empieza en sus contenidos, pero su alcance dependerá de las negociaciones de estos meses. Sin aburrirles con los detalles, el texto propone nuevos estatutos para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y para sus profesionales. Ambos operan en un marco administrativo y laboral groseramente inadecuado para sus funciones y objetivos, y la ley abre la puerta a una reforma en profundidad. Frente a la dispersión actual de la cooperación estatal, el sistema precisa de una gran agencia pública poderosa, con capacidad de liderazgo y propuesta, margen de maniobra y un cuerpo profesional que se beneficie de la excelente cantera de nuestro país.

Se incluye también una ambiciosa propuesta en materia de cooperación financiera, con la creación del Fondo Español de Desarrollo Sostenible y el propósito de incrementar la agilidad e impacto de estos instrumentos. No está claro que lo consiga. Este será, sin duda, uno de los asuntos que más se discutan en la tramitación parlamentaria, como adelantaron algunos grupos en las discusiones previas.

Y un caramelo inesperado: la propuesta de blindar por ley el compromiso de destinar a la ayuda al desarrollo el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB). Garantizando, además, que una décima parte esté dedicada a la acción humanitaria. Yo me hubiese conformado con algún mecanismo que evitase la intolerable montaña rusa en la que se han convertido los presupuestos de la ayuda, pero esto sin duda es mejor. Veremos si sobrevive a los tiburones fiscales del Parlamento y de Hacienda.

En el capítulo de las omisiones, el proyecto de ley insiste en una gobernanza decimonónica de la Cooperación Española, con un sistema cruzado de comisiones que mataría de envidia a un subdirector general albanés. No sé cuál es el método idóneo para gobernar una política en la que intervienen tantos actores y que precisa de una capacidad de adaptación mayor a la de otros ámbitos de la gestión pública. De lo que sí estoy seguro es de que el sistema actual no funciona, así que no parece muy buena idea cavar más hondo en el mismo agujero.

Tampoco queda adecuadamente reconocida la cooperación descentralizada, que constituye una meritoria rareza del caso español. El sistema de cooperación debería estimular el desarrollo de una modalidad de ayuda que ofrece elementos distintivos y que acerca a los ciudadanos con eficacia a la política pública. Por supuesto que existe el riesgo de que algunas comunidades y ayuntamientos conviertan esto en chiringuitos locales, pero eso también pasa con las ONG y no ha sido razón para ningunearlas.

Esta ley no pasará a la historia por su audacia. La visión es continuista en la medida en que perpetúa un modelo al servicio de la Acción Exterior, disperso y en manos de diplomáticos, un cuerpo poco conocido por su capacidad de innovación. Pero supone una apuesta política tangible y una oportunidad de elevar la Cooperación Española a la altura de los desafíos de nuestro tiempo. La pandemia es una monumental vindicación del valor de los bienes públicos globales, de la necesidad de incorporar actores estatales y privados, y de la validez de herramientas como la Agenda 2030. Esta misma lógica se extiende al clima, la educación, la movilidad humana, los conflictos y cualquier otro asunto en el que un sistema de ayuda sofisticado contribuye a hacer nuestras sociedades más justas y más inteligentes. Con la nueva ley, el Gobierno ha asumido algunas de las lecciones de esta transición y rescata a la cooperación del túnel del tiempo en el que está atrapada.

Hay algo, sin embargo, que no debería cambiar con respecto a 1998: el consenso político que sustentó la primera ley y que había logrado mantenerse hasta hace bien poco. Algunos recordamos con melancolía el compromiso y la generosidad con los que se negoció una norma cuyas consecuencias iban infinitamente más allá de los intereses a corto de uno u otro partido. Parece difícil recuperar ese tono en la macrogranja en la que se ha convertido hoy el Parlamento, pero seguro que podemos aspirar a la madurez de la mayor parte de los partidos, muy especialmente de la oposición liderada por el Partido Popular. Este no es un territorio para entramparse en la miopía electoral o en la tormenta de inmundicia que sin duda generará Vox. No se puede repetir el dislate de la subcomisión que antecedió este anteproyecto, donde el ruido de otros asuntos arruinó un dictamen que se podría haber aprobado con un consenso razonable.

No era evidente que muchas de las reformas que necesita la Cooperación Española precisasen de una nueva ley. Pero este procedimiento es tan eficaz como cualquier otro y ofrece una tracción política difícil de conseguir de otra manera. Ojalá termine bien y sea una victoria de todas.

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