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Más regímenes híbridos y menos democracias plenas: manual para acallar a la sociedad civil

Activistas iberoamericanos reflexionan en Mérida sobre el retroceso de espacios para la participación ciudadana con vistas a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en marzo en República Dominicana

Un grupo de manifestantes indígenas ecuatorianos pasa junto a bloqueos de carreteras en llamas mientras se dirigen hacia Quito, después de una semana de protestas contra las políticas económicas y sociales del presidente Guillermo Lasso, en Machachi, el 20 de junio de 2022.
Un grupo de manifestantes indígenas ecuatorianos pasa junto a bloqueos de carreteras en llamas mientras se dirigen hacia Quito, después de una semana de protestas contra las políticas económicas y sociales del presidente Guillermo Lasso, en Machachi, el 20 de junio de 2022.JOHANNA ALARCON

Son los “perros guardianes” de los derechos y las libertades, quienes sacan “uñas y dientes” para velar por el “cumplimiento de las obligaciones del Estado” y los que “perciben los problemas antes de que estallen”. Así describe a la sociedad civil y los movimientos sociales Inés Pousadela, investigadora uruguaya de Civicus, una alianza global dedicada a fortalecer la acción ciudadana, presente en 175 países. “Ni el más democrático de los Estados está suficientemente bien equipado para controlarse a sí mismo”, afirma Pousadela. Por eso, sostiene, la sociedad civil es “muy molesta”, tanto que, según constata esta doctora en Ciencia Política, actores estatales y privados están recortando con éxito sus espacios de actuación con el fin de acallarla mediante la intimidación de activistas, la represión de manifestaciones o la detención de periodistas.

Pousadela participa en Mérida junto a decenas de activistas, que representan a más de 2.000 organizaciones de 19 países, en el XIV Encuentro Cívico Iberoamericano, un espacio de diálogo para reivindicar a la sociedad civil que se reúne en la Asamblea de Extremadura este martes y miércoles con el objetivo de elaborar propuestas que fortalezcan la actuación de las organizaciones sociales. Sus conclusiones serán presentadas en la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, los días 24 y 25 de marzo, en Santo Domingo (República Dominicana). “La sociedad civil, pilar fundamental de la democracia, se encuentra bajo severas amenazas”, ha advertido Andrés Allamand, secretario general iberoamericano, durante la presentación del evento este martes. “Desde el año 2016, estamos en un proceso de regresión, hay más regímenes híbridos y autoritarios, y menos democracias plenas”, ha añadido.

El secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand (centro), este martes en la Asamblea de Extremadura.
El secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand (centro), este martes en la Asamblea de Extremadura.Jero Morales (EFE)

Este retroceso de la calidad democrática es tangible en el “espacio cívico”, el lugar tanto físico como virtual donde actúa la sociedad civil. “Los espacios de participación social son cada vez más frágiles, hay muchas restricciones y persecución a las personas defensoras de derechos humanos o del medio ambiente”, sostiene la activista uruguaya Cristina Prego, representante de la Comisión Articuladora de los Encuentros Cívicos.

Pero aunque los métodos para limitar el espacio en el que actúa la sociedad civil son muy amplios, hay, según Pousadela, un patrón de represión que se repite y que los representantes sociales que participan en el encuentro de Mérida luchan por revertir. Estas son algunas de las tácticas más empleadas durante los últimos años para acallar a la sociedad civil en los países latinoamericanos, de acuerdo con la investigación realizada sobre el terreno por cientos de organizaciones agrupadas bajo el paraguas de Civicus. Identificarlas, aseguran, es el primer paso para combatirlas:

1. Intimidación

El objetivo es amedrentar a cualquiera que pretenda participar en acciones de protesta social, como defensores de los derechos humanos, periodistas, actores políticos e incluso ciudadanos anónimos. Las formas de intimidación, que Civicus ha documentado en hasta 19 países latinoamericanos, son muy variadas, desde interrogaciones policiales arbitrarias basadas en falsas acusaciones hasta ataques en redes sociales. Un participante que prefiere no desvelar ni su nombre y ni siquiera su país de origen para evitar futuras represalias a su vuelta relata que la intimidación es una “herramienta poderosa” que provoca la autocensura ante el miedo de “sufrir los castigos que han sufrido otros”. “La gente tiene incluso miedo de hablar con otras personas, de que les escuchen”, cuenta.

Desde el año 2016, estamos en un proceso de regresión, hay más regímenes híbridos y autoritarios, y menos democracias plenas
Andrés Allamand, secretario general iberoamericano

En el Salvador, bajo el régimen de excepción decretado en marzo de 2022 por el Gobierno de Nayib Bukele para acabar con las pandillas, han sido encarceladas más de 60.000 personas. Pero al tiempo que se han logrado debilitar a algunas de las principales organizaciones criminales, como la Mara Salvatrucha-13 o Barrio-18, Civicus ha denunciado detenciones arbitrarias de defensores de los derechos humanos. Es el caso, según la organización, de la líder comunitaria Alicia Yamileth Pineda Chicas, arrestada el 10 de abril de 2022 por un presunto delito de “agrupación ilícita”. O el de Esmeralda Beatriz Domínguez de Peña, una educadora detenida el pasado 19 de abril.

Los efectos de la intimidación son evidentes. En Cuba, por ejemplo, “en el último año y medio no ha habido restricciones relacionadas con las protestas porque ha tenido éxito el uso de la intimidación para evitarlas”, sostiene Pousadela.

2. Represión de manifestaciones

Sin embargo, cuando las protestas sociales estallan, se evidencia que la intimidación ha fracasado y emerge la represión de las protestas. Y queda plasmado en distintas acciones, como detención de manifestantes, disolución de protestas o un empleo excesivo de la fuerza. “Los muertos en Perú” durante los enfrentamientos entre ciudadanos y policía son el ejemplo más reciente, recuerda Cristina Prego.

La activista uruguaya Inés Pousadela, este martes en Mérida durante el XIV Encuentro Cívico Iberoamericano.
La activista uruguaya Inés Pousadela, este martes en Mérida durante el XIV Encuentro Cívico Iberoamericano.ASAMBLEAEX.ES

Pero no el único. En junio de 2022, por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones indígenas convocaron un paro nacional para protestar contra las políticas económicas y sociales del Gobierno. Su líder, Leónidas Iza Salazar, acabó detenido acusado de “paralizar los servicios públicos”. Las manifestaciones se saldaron, además, con varios heridos como consecuencia del lanzamiento de botes de gases lacrimógenos. En Riobamba (al sur de Quito) algunos ciudadanos sufrieron heridas causadas por perdigones, según denunció la Defensoría del Pueblo. También varios agentes de policía resultaron heridos durante los enfrentamientos.

3. Restricciones legales

“Los poderes legislativos estudian muy bien las tácticas de los movimientos sociales: si bloquean rutas, lo ponen en los códigos penales y lo convierten en delito, algo que ha sido muy común en los países de la zona”, explica Pousadela. Es el caso de Paraguay, donde se tipificó como delito la obstrucción del tráfico. En otros Estados se intenta dificultar la posibilidad de organizar manifestaciones con leyes que restringen el uso del espacio público. El ejemplo más extremo es del de Nicaragua, donde el presidente, Daniel Ortega, ha llegado a declarar ilegales las manifestaciones contra el régimen sandinista.

El espacio cívico está en un estado lamentable
Inés Pousadela, investigadora de Civicus

4. Ataques a periodistas

Bajo la lógica de que “lo malo no es solo que ocurran las protestas, sino también que se sepa que ocurren”, cada vez más periodistas latinoamericanos sufren agresiones en el ejercicio de su profesión. “No se trata solo de los asesinatos de periodistas en México, donde es más peligroso ser periodista que en un país en guerra”, sino de que los informadores son objetos de distintos tipos de violencia, lamenta Pousadela. “Tenemos cada vez más casos de periodistas atacados mientras cubren las protestas” e incluso Civicus ha documentado ataques con armas de fuego en Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. “No siempre, aunque sí muchas veces, los autores son fuerzas estatales”, concluye.

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Sobre la firma

Patricia R. Blanco
Periodista de EL PAÍS desde 2007, trabaja en la sección de Internacional. Está especializada en desinformación y en mundo árabe y musulmán. Es licenciada en Periodismo con Premio Extraordinario de Licenciatura y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid.

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