El Gobierno de Malasia condena la diversidad sexual: “Ser gay aquí me convierte en un criminal”

“Cuando era pequeño repasaba en el espejo mis ademanes femeninos y trataba de corregirlos”, relata Gavin Chow, (30 años, Kuala Lumpur). Desde muy joven, el activista por los derechos LGBTI fue consciente de la carga que le suponía ser un hombre homosexual en Malasia, en donde las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo son un delito que se paga con penas de hasta 20 años de prisión. Human Rights Watch (HRW) denuncia la discriminación impulsada por el propio Gobierno hacia la comunidad LGBTI, en un informe publicado a principios de este mes. La persecución a la orientación sexual y la identidad de género diversas en este país contempla desde el rechazo social y las prácticas de conversión, hasta los barrotes de una cárcel.

El discurso de odio hacia las conductas sexuales catalogadas en contra del “orden de la naturaleza” se ha alimentado durante años, incluso en las altas esferas del Gobierno. “Cuando escuché sobre el caso de Ibrahim Anwar (ex viceprimer ministro de Malasia) a principios de los 2000, me di cuenta de que ser gay aquí significaba convertirse en un criminal”, comenta Chow. Anwar fue acusado por sodomía [práctica de la penetración anal] y abuso de poder en 1998, y acabó en prisión durante seis años, en medio de una campaña de desprestigio de su principal detractor político, Mahatir Mohamad, para alejarlo del poder. El cargo de sodomía de Anwar se desestimó en 2004, pero la persecución hacia la comunidad LGBTI no se detuvo.

Desde entonces, cuando Chow apenas era un niño, la represión hacia cualquier expresión sexual distinta de la heterosexualidad empezó a escalar. En 2004, cuando Anwar quedó en libertad, HRW puso sus ojos en la realidad de comunidad LGBTI en el país y lanzó un primer estudio sobre la situación. “En Malasia, la discriminación contempla varios niveles. Hay leyes nacionales que criminalizan las conductas sexuales y expresiones de género. Leyes regionales y religiosas, y una especie de odio social generalizado”, explica Kyle Knight, investigador de HRW en temas LGBTI. Las leyes religiosas que menciona Knight obedecen a la Sharia (reglamento islámico), y aplican para el 60% de la población del país, que pertenece a la comunidad musulmana.

El más reciente informe titulado I don’t want to change Myself (no quiero cambiarme), publicado por HRW y Justice For Sisters –una campaña promovida por activistas del país, que da seguimiento a las violaciones de derechos humanos hacia la comunidad LGBTI–, enuncia que desde hace diez años, el Departamento Federal de Asuntos Islámicos, conocido como JAKIM, promueve campamentos llamados mukhayyam, en los que se llevan a cabo prácticas de conversión, que tienen como fin cambiar la orientación sexual o la identidad de género de los participantes. En 2018, JAKIM se jactó de que 1.450 personas se habían “recuperado de la enfermedad” a través de estos campamentos. Además, el primer ministro, Ismail Sabri Yaakob, reforzó este discurso en junio de 2021, anunciando que 1.733 personas LGBTI habían asistido a estos programas desde sus inicios.

En 2018, el Departamento Federal de Asuntos Islámicos se jactó de que 1.450 personas se habían “recuperado de la enfermedad” a través de campamentos de ‘conversión’ de la orientación sexual e identidad de género

Las huellas emocionales de estas prácticas son difíciles de borrar. “Uno de mis amigos pasó por un proceso de conversión en una iglesia hace años, y me contó que aún es incapaz de masturbarse”, cuenta Gavin. “Muchos no quieren compartir sus historias para no revivir el trauma”, añade Knight, quien junto con el equipo de Justice for Sisters recabó más de 70 testimonios de personas afectadas por los mukhayyam. Para hacer frente a este panorama hostil, Chow creó PLUHO (People Like Us Hang Out, que significa “personas como nosotros se juntan”) en compañía de otros activistas hace seis años. “Queríamos crear un espacio de reafirmación positiva para la comunidad, en respuesta al clima de tensión en Malasia. Además, esperábamos contribuir al acceso de servicios de salud mental”, recalca el joven de ascendencia china. “No quiero que mis amigos o amigos de mis amigos mueran más a causa del suicidio”, subraya el activista, quien recuerda que se enteró del caso de 14 miembros de la comunidad que habían acabado con su vida durante un encuentro de PLUHO. “No se realizan estadísticas sobre estas muertes”, lamenta.

Para las personas trans, la presión y el rechazo se recrudecen. El Estado las criminaliza con la imposición de castigos a “hombres que posan como mujeres” de acuerdo a la Sharia. “Mi situación es privilegiada en comparación a la comunidad transgénero, que arrastra la peor parte de la discriminación”, considera Chow. No en vano, el reporte elaborado por HRW y Justice For Sisters, comienza citando el caso de Nur Sajar, una empresaria cosmética trans que sufrió la persecución del Estado el año pasado. Najar tuvo que huir hacia Tailandia en busca de refugio para escapar de la cárcel y la humillación pública en su país, en donde las autoridades designaron a más de un centenar de hombres para capturarla. De acuerdo con el informe, las autoridades de Malasia alegaron que “el despliegue masivo de las fuerzas del orden y las disputas diplomáticas para forzarla a regresar a Malasia no tenía como objetivo ‘castigarla’ sino más bien ‘educarla”.

El peso de las creencias musulmanas es un recurso utilizado por el Gobierno para insistir en una narrativa de violencia hacia la comunidad. “No se pueden justificar estas violaciones solo con el argumento de la religión. Algunos países vecinos que también tienen población musulmana están apuntando hacia otra direcciones”, destaca Chow, quien cita los ejemplos de Taiwan, Singapur, Vietnam y Tailandia, en donde también hay practicantes del Islam, y en donde los Gobiernos han hecho avances en materia de derechos LGBTI. Por ejemplo, en Vietnam ya no se trata la homosexualidad como un desorden médico –la OMS eliminó la homosexualidad del listado de dolencias psiquiátricas en 1990– y Singapur está a un paso de despenalizar el sexo entre parejas del mismo sexo. “Espero que el giro en las conversaciones de los países cercanos contribuya a la educación aquí en Malasia”, zanja. Su tono de voz al otro lado del teléfono, sin embargo, no transmite mucha esperanza. Knight, por su parte, confía en el activísimo de personas como Chow y en el apoyo mutuo entre la población para encarar las arbitrariedades. “La comunidad LGBTI de Malasia es fuerte y está lista para pelear por sus derechos, sin importar lo mucho que el Gobierno intenté reprimirlos”, concluye.

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