Cartas con premio
Las misivas escritas por los presos de ETA son impecables en la sensibilidad pero vaporosas en lo esencial
Hay géneros literarios que parecen no pasar de moda. En la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA, uno de ellos es el de las cartas. Basta una carta más o menos sentida, más o menos lacrimógena, más o menos bien redactada y con una letra estupenda, y de pronto se nos pide que creamos en un arrepentimiento sincero, profundo, transformador. Una carta, al parecer, puede incluso conllevar premios. Como el de la semilibertad.
Conviene decirlo desde el principio para que no me coloquen en el papel que otros querrían adjudicarme: no estoy en contra de la reinserción de los presos de ETA. Nunca lo he estado. Al contrario. Sé muy bien lo importante que es la reinserción y que se haga bien. Nos jugamos mucho en ello. Nos jugamos que el terrorismo no quede legitimado como una vía eficaz o tolerable para conseguir objetivos políticos. Una democracia debe poder defenderse no solo castigando el crimen, sino también deslegitimando de raíz la violencia política que lo inspiró. Nos jugamos, en definitiva, que el mensaje que quede para el futuro no sea que matar mereció la pena y que, con un poco de paciencia y un buen lenguaje terapéutico, todo termina quedando más o menos resuelto.
Precisamente por eso llevo años denunciando el fraude que está cometiendo el Gobierno vasco con la mal llamada reinserción de los presos de ETA. Si la reinserción de los presos de ETA se hace mal, no solo se perjudica a las víctimas; se perjudica también a la sociedad entera, que recibe una enseñanza devastadora sobre lo que fue el terrorismo y sobre cómo se sale de él.
En el caso del terrorismo, además, hay algo que algunos se empeñan en ignorar: no estamos ante delincuencia común. Los terroristas de ETA no mataron por codicia, por arrebato o por una patología privada. Mataron para imponer un proyecto político mediante el terror, para expulsar de la vida pública a quienes pensábamos distinto y para condicionar la libertad de todos los ciudadanos. Lo hicieron en nombre de una causa y al amparo de un entramado político y social que justificó, protegió y jaleó esos crímenes durante décadas. Por eso, cuando hablamos de arrepentimiento en este contexto, no basta con una emoción íntima ni con una fórmula bien calculada sobre el “dolor causado”. Hace falta algo más incómodo y difícil: una ruptura visible con la lógica política e inmoral que sostuvo el terrorismo.
Y ahí está el problema. Las famosas cartas que ahora sirven para acreditar supuestos procesos de reinserción suelen ser impecables en lo sentimental y vaporosas en lo esencial. Hablan mucho del dolor, pero poco —o nada— de la injusticia radical del crimen. Hablan del sufrimiento de las víctimas, pero esquivan cuidadosamente el juicio moral sobre el acto terrorista y sobre el proyecto político al que sirvió. Hablan de convivencia, de paz, de reparación, de humanidad compartida. Todo muy conmovedor. Todo muy presentable. Todo muy útil para un expediente. Pero casi nunca contienen lo decisivo: una deslegitimación inequívoca del terrorismo como instrumento político y una ruptura clara con el mundo que todavía hoy sigue resistiéndose a condenarlo de verdad.
Sé que el arrepentimiento de verdad existe, porque lo conozco de primera mano. Pienso, por ejemplo, en los testigos protegidos del sumario por el asesinato de mi hermano, Gregorio Ordóñez. No se sabe quiénes son, y es lógico que sea así mientras el procedimiento judicial siga en curso. Pero precisamente su colaboración con la justicia es lo que hace valioso y creíble su arrepentimiento. Han hecho algo que tiene consecuencias reales y están pagando un precio muy alto por ello: ya no cuentan con la protección ni con el respaldo social y político del entramado que sigue considerando a los presos de ETA como “presos políticos”. Al contrario, sé que viven en condiciones muy difíciles y precarias. No siguen arropados por el mismo espacio político que hasta hace apenas 15 años animaba a los fanáticos disciplinados a cometer crímenes gravísimos, de los más graves que contempla el Código Penal.
Nada de eso ocurre en la mayoría de los casos que ahora se nos venden como grandes éxitos del sistema. De hecho, los últimos autos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria sobre Soledad Iparraguirre, Anboto, y Juan Ramón Carasatorre, el que disparó a mi hermano Gregorio Ordóñez, han supuesto una desautorización contundente de esta política penitenciaria fraudulenta: el juez ha dejado claro que el artículo 100.2 no puede utilizarse como un atajo hacia la semilibertad sin una motivación reforzada, sin una progresión penitenciaria real y, en el caso de Carasatorre, ni siquiera sin el preceptivo plan específico de ejecución tratamental. No es una opinión de las víctimas: es un juez diciendo que no todo vale. Y tampoco es nuevo. La propia Audiencia Nacional ya advirtió en 2023, al revocar el tercer grado del etarra Xabier Atristain, que esas cartas privadas no sirven si no van acompañadas de signos inequívocos de desvinculación de la izquierda abertzale.
Lo que estamos viendo, por tanto, no son errores aislados, sino una forma de proceder que encaja perfectamente con el final de ETA negociado cuyas consecuencias llevamos años padeciendo las víctimas. Es una operación política más para vaciar las cárceles y normalizar la impunidad sin obligar a los terroristas a deslegitimar de verdad la violencia que practicaron.
