Justicia bajo el ruido

La justicia española resolvió en 2024 siete millones de asuntos que resultaron en dos millones de sentencias. Sacando una media entre los más de 5.400 jueces, tocan a 1.400 asuntos y 325 sentencias cada uno al año. Con datos como estos intentó este viernes la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, poner en perspectiva la situación de sobreesfuerzo en que viven los juzgados españoles. Lo hizo en su discurso de apertura del año judicial, en presencia del Rey, de las altas instituciones del Estado y de personalidades públicas.

El Partido Popular y el sector conservador del CGPJ habían intentado convertir un acto solemne en un teatro político en contra del Gobierno. El PP, con un gesto de descortesía institucional al despreciar su presidente, Alberto Núñez Feijóo, la invitación a acudir; los vocales conservadores del CGPJ, con la petición de que se impidiera hablar al fiscal general del Estado por estar encausado en el Supremo.

La apertura del año judicial es un evento reglado por ley en el que solo habla quien tiene que hablar. Eso no significa que el acto fuera ajeno al tenso contexto político en el que se desarrolló. Pero tanto Perelló como el fiscal general, Álvaro García Ortiz, pusieron por delante la institucionalidad sin dejar de reconocer ese contexto. Dice mucho del tiempo actual que esto sea sorprendente. El procesado García Ortiz hizo bien al señalar el elefante en la habitación. Admitió ante la cúpula judicial las “singulares circunstancias” de su intervención y expresó “respeto a todas las opiniones” sobre su caso. Después, presentó el informe anual de la Fiscalía, que es lo que tiene que hacer el fiscal general en ese acto.

Por su parte, Isabel Perelló rechazó en su discurso las “insistentes descalificaciones de la justicia provenientes de los poderes públicos”. La frase habría sido una retórica defensa de la independencia judicial, habitual en este tipo de discursos, si no fuera porque las críticas a algunos magistrados derivan con frecuencia en una generalización poco atinada. Perelló recordó que el Poder Judicial cuenta con sus propios instrumentos para “sancionar conductas inadecuadas de los jueces”. Es bueno saber que lo tiene en cuenta. Si algo faltó en su discurso fue autocrítica y demandar a los miembros de la judicatura que garanticen la apariencia de imparcialidad evitando, también ellos, manifestaciones políticas o unas instrucciones tan descabelladas como la del juez Juan Carlos Peinado.

Lo más parecido a una intervención política directa que hizo la presidenta del Poder Judicial fue la advertencia sobre el proyecto de reforma del acceso a la carrera judicial que ha planteado el Gobierno y que ha recibido un fuerte rechazo de una parte de la judicatura. Isabel Perelló afirmó que hacen falta más de 500 jueces de manera urgente y pidió “mejoras y reformas”, pero advirtió de que el proyecto legislativo puede comprometer “la calidad de la formación” de los futuros magistrados.

Aunque sean discutibles sus argumentos, su reclamación de un mayor consenso y de la participación del CGPJ merece ser escuchada. Solo con un diálogo honesto y respetuoso entre las instituciones se puede ser útil a los ciudadanos, a los que antes que la ideología de cada juez les interesa que la justicia sea ágil y rigurosa.