Maduro se atrinchera

Las elecciones celebradas en Venezuela el pasado domingo están todavía lejos de un desenlace claro, pero su efecto inmediato es un acelerado deterioro del conflicto político y social del país. La negativa del presidente, Nicolás Maduro, a mostrar las pruebas de su triunfo frente al candidato opositor Edmundo González Urrutia ha agravado la crisis interna y ha desencadenado una reacción mundial que, conforme pasan los días, ha elevado la presión sobre el actual presidente desde distintos frentes, todos para exigir transparencia sobre el resultado de la votación.

Potencias latinoamericanas gobernadas por la izquierda como Brasil, México y Colombia han pedido una “verificación imparcial” de los resultados del 28 de julio. Estados Unidos y la Unión Europea solicitaron desde el primer momento la publicación de las actas de votación en las que reside la única posibilidad de comprobar los resultados anunciados. El jueves, Washington fue más allá y reconoció como ganador al aspirante opositor citando “pruebas abrumadoras” de su victoria.

Además de las denuncias de fraude de la oposición, que asegura tener copias de las actas que demostrarían una victoria de su candidato por amplio margen y cuyas cifras no han sido desmentidas, las dudas se han multiplicado por la opacidad del proceso electoral. Lo certifican, por ejemplo, los observadores del Centro Carter, una de las misiones independientes que presenció los comicios, que emitió un demoledor informe cuestionando el carácter democrático de la jornada. El Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo el control mayoritario del chavismo, proclamó como ganador a Maduro horas después del cierre de los colegios. Lo hizo anunciando unos números provisionales, con el 80% escrutado, que otorgaban al sucesor de Hugo Chávez una victoria con un 51,2%, siete puntos por delante de su principal rival. Pero una semana después la situación se ha precipitado.

En primer lugar, han comenzado las movilizaciones y, con ellas, la represión de las fuerzas de seguridad. Distintos organismos en defensa de los derechos humanos cifran los muertos entre 10 y 20 hasta el viernes, además de decenas de heridos y cientos de detenidos. La líder de la oposición, María Corina Machado, que no pudo concurrir por estar inhabilitada, se refugió en un lugar seguro ante las amenazas de Maduro, quien dijo que tanto ella como González Urrutia “deberían estar tras las rejas”. Machado reapareció este sábado arropada por sus seguidores en la manifestación de Caracas.

En este contexto, Maduro y su círculo más cercano han optado por atrincherarse. El Gobierno ha rechazado mostrar las actas de las elecciones, escudándose en un supuesto ataque informático lanzado, afirman, desde Macedonia del Norte, o en los desórdenes callejeros. Después, ha jugado la carta de la justicia. El presidente solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una auditoría de las elecciones y afirmó que están dispuestos a entregar a esa instancia la totalidad de las actas. El gesto tendría sentido en un sistema con separación de poderes real, pero la máxima instancia judicial de Venezuela también está cooptada por el aparato gubernamental. El viernes, Maduro compareció ante ese órgano judicial y fue ratificado como ganador de las elecciones ante la silla vacía de su principal oponente, que rechazó participar en el acto.

La maniobra de dilación en la publicación de las actas, que a todas luces parece dirigida a ganar tiempo, se produce en medio de un clamor por la transparencia. Caracas respondió a la presión internacional con la ruptura de relaciones con siete Gobiernos latinoamericanos, entre ellos los de Argentina, Perú y también el de Chile, encabezado por el progresista Gabriel Boric. Maduro decidió, además, difundir un memorando de entendimiento con Estados Unidos alcanzado durante una negociación en Qatar el año pasado, irrelevante para la cuestión fundamental, que es quién tuvo más votos en las elecciones. Poco después el secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que cuentan con pruebas fehacientes de la victoria de González Urrutia.

La actitud del régimen chavista, que parece decidido a considerar un ataque al Estado cualquier cuestionamiento del resultado electoral, desembocó este sábado en manifestaciones masivas en las calles convocadas por la oposición y contestadas por partidarios del chavismo. Ante las amenazas, no es impensable un escenario de violencia política si una serie de actores internos y externos no consiguen reconducir la escalada de tensión.

Por muy lejana que parezca en estos momentos, la única solución viable para evitarlo es una negociación. Y para que esa hipótesis se concrete resulta clave el papel de las potencias regionales lideradas por referentes de izquierda, como el brasileño Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro o los mexicanos Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que son quienes conservan canales de interlocución con el atrincherado régimen de Maduro. EL PAÍS reveló el viernes que los tres presidentes actúan de forma coordinada y coinciden en dos elementos centrales para reconducir la crisis: exigir al chavismo la publicación de las actas electorales y tratar de abrir una negociación directa entre Maduro y González, sin la presencia de Machado. Todos los actores internos y externos dispuestos a mantener la cabeza fría deben poner de su parte en estas horas cruciales para que se cumpla la voluntad de los venezolanos expresada en las urnas.