Humillar a las víctimas

La resistencia contra cualquier avance en el reconocimiento de las víctimas olvidadas de la Guerra Civil y el franquismo es un pilar de la extrema derecha española, cuya ideología es heredera directa de los vencedores. En su actual forma política, Vox, se convierte además en otro aspecto de la guerra cultural que la alimenta electoralmente desde hace años. La novedad es que sus pactos con el PP tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023 han llevado su retórica revisionista a las instituciones. Así, Aragón ha derogado su ley de memoria histórica, los gobiernos de Castilla y León y Comunidad Valenciana trabajan en proyectos para sustituir las suyas, mientras en Cantabria, Baleares y Extremadura existe ese compromiso programático entre las formaciones de Feijóo y Abascal. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática advirtió ayer contra este tipo de iniciativas y anunció que si es necesario presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Las normas autonómicas de memoria surgieron para facilitar la aplicación de la ley estatal de 2007, que reconoció por primera vez el derecho a exhumar los miles de cadáveres repartidos en fosas comunes para darles sepultura digna. Se acababa así con una larga anomalía española. La ley, sin embargo, dejaba en manos de las familias el ejercicio efectivo de esa búsqueda. El Gobierno de Mariano Rajoy no tocó la norma, pero mostró un absoluto desinterés por ayudar a los familiares, muchos de ellos, ya ancianos. La nueva Ley de Memoria Democrática, de 2022, obliga al Estado en todos sus niveles a hacerse cargo de la búsqueda y exhumación.

Ahora Vox se propone derogar una por una esas leyes allí donde tenga poder para hacerlo, es decir, donde el PP se lo permita, y sustituirlas por otras con una retórica falaz. La cruzada extremista parte de dos premisas falsas. Primero, que la ley solo reconoce a las víctimas de un bando, cuando en realidad alude expresamente a todas las víctimas de la Guerra Civil. Y segundo, que la legislación sobre memoria ataca el espíritu de la Transición. Bien al contrario: es la extrema derecha quien parte de argumentos marginales para relativizar la dictadura o equipararla con la II República como si fuera todo parte de un mismo periodo violento, en contra del amplísimo consenso historiográfico mundial en torno al siglo XX. En un giro orwelliano, las nuevas leyes propuestas por Vox se llaman “de concordia”.

La memoria del golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil, la dictadura y la Transición democrática no pertenece a un partido ni a un territorio. Hay pocos asuntos verdaderamente nacionales que apelan a todos los españoles por igual. En este sentido, la ley estatal sigue vigente, pero unas víctimas tendrán apoyo autonómico y otras no. Las mayorías de PP y Vox tienen derecho a derogar las leyes regionales, pero al hacerlo envían un mensaje inequívoco: en lo que dependa de ellos, las víctimas están solas. Promover leyes revisionistas es, además, humillarlas.

Vox tiene su propia opinión sobre la dictadura franquista, el cambio climático, el feminismo o el aborto. Es un partido reaccionario sin complejos y se lo ha dejado muy claro a los españoles. El que debe resolver sus contradicciones es el PP, que se presenta ante los votantes como un partido que defiende los consensos constitucionales mientras concede pábulo político y apoyo institucional al extremismo.