Mesa progresista

La sesión constitutiva del Congreso de los Diputados en la decimoquinta legislatura ha dejado una Cámara Baja en manos del bloque progresista (cinco de los nueve miembros de la Mesa son del PSOE o de Sumar) con la presidencia para la socialista balear Francina Armengol, votada a la primera por una mayoría absoluta de 178 síes, una cifra producto de la sintonía de siete formaciones políticas que fue posible por el acuerdo a última hora entre el PSOE y Junts, formación dirigida desde Waterloo por el prófugo Carles Puigdemont.

Las condiciones del pacto para la constitución de la Mesa no suponen en principio ninguna cesión a las reivindicaciones independentistas de fondo: una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación. Lo que sí ha aceptado el PSOE es crear sendas comisiones de investigación sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, y sobre el espionaje a líderes independentistas que, con aval judicial, llevó a cabo el CNI a través del programa Pegasus de intervención de comunicaciones.

Los independentistas presumieron de haber conseguido llevar las lenguas cooficiales al Congreso de los Diputados, al igual que ocurre ya en el Senado. La nueva presidenta de la Cámara le dio ya ayer carta de naturaleza al uso de todas las lenguas del Estado también en la Carrera de San Jerónimo empleándolas ella misma y anunciando su autorización para hacerlo. ERC adelantó algo más: un acuerdo para confeccionar una ley orgánica donde “el catalán sea lengua plenamente oficial en todas las instituciones del Estado —incluida la justicia—”, que habrá que ver si tiene encaje en el marco jurídico español. Queda para más adelante la negociación sobre la “desjudicialización” del procés.

La aritmética parlamentaria dejó sin el control de la Cámara baja al PP de Alberto Núñez Feijóo, la fuerza más votada el 23-J pero muy lejos de la mayoría absoluta necesaria, de la que sí disfruta en el Senado, constituido también ayer. En una maniobra aparentemente imprevista, el PP decidió no prestar sus votos a Vox para que esta formación lograra uno de los puestos en la Mesa del Congreso. Nadie explicó si se trataba de acaparar poder para los populares o si es un cambio de estrategia en relación con la extrema derecha, cuyos votos le son imprescindibles para una hipotética investidura a la que formalmente no ha renunciado. Este hecho provocó una ruptura de consecuencias imprevisibles entre ambos partidos que ya han puesto en marcha juntos gobiernos en cinco autonomías y más de 40 grandes ciudades. Si Feijóo pretendía postularse para la investidura con el aval de 171 votos (los suyos más los de Vox y el único de UPN, tal y como afirmó con rotundidad la víspera), ayer se escenificó la soledad y la impotencia de los populares con sus 137 escaños más uno de UPN y otro de Coalición Canaria ante el enfado de Vox, que se votó a sí mismo. En total 139 apoyos, frente a los 178 de Francina Armengol.

La primera partida parlamentaria de la nueva legislatura se inclina así claramente a favor de una mayoría progresista capaz de sumar también otros apoyos transversales, algo muy importante en la nueva realidad política española decidida por los ciudadanos en las urnas. Es, de hecho, un primer paso para que Pedro Sánchez vuelva a ser investido presidente del Gobierno aunque las fuerzas independentistas advirtieron que todavía queda mucho camino por recorrer hasta llegar a ese desenlace, con una negociación que se anticipa complicada. Próxima estación, las consultas del Rey.