¿Cuántos naufragios y duelos?

Reservada tradicionalmente a la competencia exclusiva de los Estados (art. 149.1.2 de la CE 78), la política y legislación de migración y asilo pasó a ser, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa junto a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (2009), una materia europea sujeta a la potestad legislativa del Parlamento Europeo conforme a los principios de responsabilidad y solidaridad (art.80 TFUE).

Después de 14 años, migraciones y asilo han demostrado ser, de lejos, el asunto más divisivo de la UE. Lo es geográfica, ideológica y políticamente. También electoralmente: se suceden las elecciones decididas sobre este eje. Tan intensa controversia bascula sobre una aproximación predominantemente negativa que dura demasiado tiempo: presenta la inmigración hacia Europa como un mal cuya amenaza debe ser conjurada por todos los medios al alcance, tanto externos (presionando a países terceros para retenerlos en su territorio o aceptar repatriaciones a cambio de cooperación, ayuda humanitaria o preferencias comerciales) como internos (responsabilizando a los Estados miembros de primera entrada y penalizando los llamados “movimientos secundarios”). Frente a esta mirada negadora, una mayoría europeísta en la Eurocámara opone la comprensión de la migración como un hecho que ha acompañado siempre la historia de la humanidad, como sumatoria de diásporas y mestizajes, cuyo manejo es viable con tal de que sea europeo en su escala y contenidos.

La inmigración ya aporta réditos positivos al conjunto de la UE y sus Estados. Contribuye al sostenimiento de su modelo social con cotizaciones e impuestos vinculados al trabajo. El mantra, explotado por populismos reaccionarios, de que ha venido a depredar servicios públicos esenciales (educación, sanidad) no se sustenta en ningún dato. En una UE envejecida y acuciada por una glaciación demográfica que la ha hecho perder peso relativo en la economía y en la población mundial, la inmigración se perfila como un factor imprescindible de reverdecimiento, por más que las extremas derechas que han hecho de la xenofobia y el rechazo su caballo de batalla arguyan una pretendida conspiración maquinada para reemplazar poblaciones, a la que se refieren con resonancias nazis: Umvolkung, Ersetzung, Remplacement…

Durante más de tres años el Parlamento Europeo ha trabajado denodamente para debatir y enmendar la iniciativa adoptada por la Comisión Von der Leyen (2019/2024), consistente en cinco reglamentos (leyes europeas directamente vinculantes para los Estados miembros y generadoras de derechos para las personas comprendidas en su régimen jurídico). El objetivo es no solo desbloquear el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) ordenado por los tratados, sino establecer un equilibrio equitativo y aceptable entre responsabilidad (compartida) y solidaridad (efectiva y vinculante), obligatoria especialmente en situaciones de crisis y emergencias derivadas de actuaciones de Salvamento y Rescate, cronificadas en aguas de regiones fronterizas del Mediterráneo y Atlántico (Canarias). Con programas europeos de redistribución y realojamiento de personas rescatadas, con sus especialidades en grupos especialmente vulnerables.

Esas crisis migratorias no constituyen referencias vacías de contenido: aluden a escenarios tan estremecedores como reiterados. Embarcaciones frágiles, atestadas de seres humanos que, en su huida de la desesperación y oclusión de su esperanza de una existencia vivible y mínimamente digna, arrojándose desde sus países de origen a redes transnacionales de tráfico criminal, zozobran yéndose al fondo. La tragedia es recurrente, pero en cada caso es única en su interpelación: cada una de esas víctimas se ha representado a sí misma, certera y lacerantemente, la probabilidad de perder la vida en el empeño, y la de sus seres queridos, a menudo menores indefensos que nada pudieron decidir ni menos aún elegir. ¡Y, sin embargo, siguieron adelante, perseverando en el riesgo en su ruta hacia el Dorado! Si tantos miles de inocentes perecen sin alcanzar Europa debe haber una causa, feroz por inapelable: no sólo el modelo de negocio de las mafias sin escrúpulos —que debe, por descontado, ser combatido con toda la fuerza de la ley penal y la cooperación judicial—, sino también el actual e inaceptable statu quo en que las guardias costeras de los Estados se vean, primero, desbordadas, si es que no compelidas a postergar su rescate a toda costa, o —todavía peor— tentadas a derivarlas a aguas en que algún otro equipo de salvamento asuma la responsabilidad no solo de esa operación sino de todo el costoso procedimiento posterior (atención humanitaria, identificación, control de identidad, sanitario y de seguridad, de su gestión asistencial y de las ayudas conexas a cada reconocimiento de un nivel de protección). ¡La ausencia de una red europea que mutualice el socorro ante un naufragio inminente muestra aquí con crudeza toda su letalidad!

Frente a la continuidad y enormidad del drama, en ningún caso es una opción ritualizar el duelo poniendo el grito en el cielo con teatralidad en cada pleno del Parlamento tras cada catástrofe en la mar. Urge no sólo acabar con la sensación desolada de que cada Estado está “abandonado a su suerte” en su “primera línea” (los denominados Frontline States: España, Italia, Malta, Chipre, Grecia), sino poner en pie un mecanismo europeo de Salvamento y Rescate —como venimos exigiendo con insistencia desde la Eurocámara— en el que todos los socios se impliquen en una respuesta que sea europea en su alcance, en su coherencia profunda con sus valores proclamados y en su respeto al Derecho europeo y a la legalidad internacional humanitaria y marítima.

La presidencia española del Consejo de la Unión Europea —de este semestre— no es solamente la última pista plenamente operativa en toda su longitud antes del final del mandato del Parlamento y de la Comisión Europea (la próxima presidencia belga coincidirá con las elecciones europeas, fechadas el 9 de junio de 2024), sino que es, además, para este reto, la última oportunidad. Fallar, no conseguirlo, tendría no solo consecuencias desmovilizadoras a la hora del encuentro con la ciudadanía en las urnas, sino que implicará, sin más, haber renunciado a cumplir con los imperativos del Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y a la ambición proclamada cuando se ratificaron por todos los Estados miembros.