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ELECCIONES INFERNALES / 17
Columna
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España vota contra España

Algunos colegas retuercen esto para decir que los ministros españoles defienden en Bruselas lo contrario que en Madrid pero hacen lo que debe hacer la Presidencia de turno de la UE

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans (izquierda), el martes.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans (izquierda), el martes.Diego Casillas (Europa Press)

El 29 de junio, la ministra sueca de Medio Ambiente, Romina Pourmokhtari, anunció que los Veintisiete habían alcanzado una posición común sobre la Directiva europea de Restauración de la Naturaleza: “Hay una mayoría cualificada. Gracias a todos por sus esfuerzos. Hoy hemos dado un paso importante en pro de la naturaleza”. Pourmokhtari, a pesar de esas palabras, había votado en contra. ¿Por qué? Porque como encargada de presidir aquella reunión debía defender la postura con más probabilidades de provocar un acuerdo, aunque a su Gobierno le pareciera un mal acuerdo y fuera a votar en contra. Así debe comportarse un Ejecutivo cuando asume la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Es un mediador, un forjador de consensos, no el que se aprovecha de su papel para intentar que se apruebe su visión de los asuntos. Lo que hizo la ministra sueca (27 años, conservadora) no fue excepcional, es lo que debe hacer la Presidencia. Pero les voy a contar un cuento porque algunos colegas retuercen esto para decir que los ministros españoles defienden en Bruselas lo contrario que en Madrid. Este lunes El Mundo tituló: “El Gobierno facilita desde la presidencia española prorrogar las nucleares en… el resto de la UE”.

Los hechos dicen que el Gobierno firmó en 2019 con las eléctricas un plan de cierre de los reactores nucleares que de forma escalonada acabará con ellos en España en 2035, al final del período para el que fueron construidos. El Partido Popular, que con Mariano Rajoy se negó a mantener abierta Garoña (las eléctricas aceptaban la prórroga si el Estado pagaba los costes), se unió con Casado y Feijóo a Ciudadanos y a Vox para pedir esas prórrogas. La noticia daba a entender que la vicepresidenta Teresa Ribera defiende unas cosas en Madrid y otras en Bruselas (ya saben, gente sin palabra), donde propone que “se pueda subvencionar la ampliación de la vida de las centrales nucleares”. El Mundo afeaba a Ribera que “la flexibilidad que exhibe en la UE es enormemente contradictoria con la rigidez del programa electoral socialista”. Ribera está haciendo lo que debe hacer la Presidencia: mediar, buscar consensos, intentar poner de acuerdo a un país antinuclear como Alemania con otro pronuclear como Francia. Aunque lo que termine por aprobarse no sea exactamente lo que ella querría. En aras de una reforma del mercado eléctrico europeo que los Veintisiete, todos, creen necesaria.

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