¿Quién manda en el PP?

La candidata del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que fue la segunda fuerza, por detrás del PSOE, en las elecciones del 28-M, fue ayer meridianamente clara en las razones políticas de su rechazo a incluir a Vox en el Gobierno regional: “Yo no puedo dejar entrar a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a la papelera la bandera LGTBI”. Asuntos todos ellos que forman parte de los consensos no escritos —y también de los escritos en la Constitución— de los españoles. Guardiola se llevó un aplauso transversal por estas palabras. El resultado fue que el PP y Vox se votaron a sí mismos y la Asamblea extremeña será presidida por la socialista Blanca Martín como fuerza más votada.

La ruptura de esas negociaciones ha puesto sobre la mesa la disparidad irreconciliable de criterios que el PP está utilizando en sus acuerdos con la extrema derecha, el caos de unas negociaciones en las que no parece haber nadie al mando general. ¿Por qué lo que es perjudicial para los extremeños no lo es para los valencianos y para la multitud de ciudadanos que desde el sábado tienen en el gobierno de sus Ayuntamientos a Vox junto al Partido Popular? O Vox es inocuo para el PP “porque lo ha votado mucha gente”, como aseguró Feijóo tras el pacto valenciano, o pone en peligro la cohesión social, como afirma la líder extremeña. No obstante, Guardiola no los quiere en su gobierno, pero les había ofrecido, a cambio de que la invistan, presidir la Asamblea regional, donde están representados todos los extremeños. Las contradicciones de la política fragmentada, con la que el PP ha sido implacable en la legislatura que acaba, asoma a sus puertas antes incluso de formar los gobiernos.

La responsabilidad de Feijóo en esta decisión no es ningún misterio, salvo que el partido que lidera haya abrazado la doctrina no ya federal sino confederal de organización interna y cada barón o baronesa pueda actuar según su buen criterio y según las características de los territorios donde pretenden crecer o consolidarse. En Valencia, sí, en Extremadura, no, y en Baleares aún están negociando tras colocar al frente del Parlamento a un negacionista del cambio climático, la violencia machista y las vacunas. La supresión de las concejalías de Igualdad en múltiples ayuntamientos —Valladolid, Toledo, Burgos, Huelva, Ciudad Real, Elche, Talavera de la Reina u Orihuela— no es una decisión menor.

Los ayuntamientos son la primera administración a la que acuden los ciudadanos en demanda de ayuda, también las maltratadas, las acosadas, las mujeres empobrecidas por las múltiples brechas que generan desigualdad de género. ¿Los responsables populares de estos pactos tienen menos escrúpulos que María Guardiola, que los ha rechazado de forma clara y con gran indignación? ¿O los escrúpulos dependen del número de diputados que obtenga Vox y de lo imprescindibles que resulten para que el PP se haga con el poder?

La pregunta pertinente a estas alturas es quién manda en el Partido Popular y quién fija los criterios comunes de estas negociaciones tan importantes para todos los españoles, vivan donde vivan y voten donde voten.