Muerte lenta en Afganistán
Los talibanes prohíben a las mujeres ir a la universidad y destruyen así la posibilidad de salvar y proteger cientos de miles de vidas


La decisión del 20 de diciembre del Gobierno de los talibanes de prohibir a las afganas estudiar en la universidad y la orden dada, cuatro días después, a las ONG para que dejen de emplear a mujeres constituye una sentencia de muerte lenta para el país asiático, cuyo régimen se ha quitado definitivamente la falaz careta de moderación que trató de presentar ante el mundo tras recuperar el poder el 15 de agosto de 2021. En los 20 años que duró la tutela internacional de Afganistán, entre 2001 y 2021, los avances en la educación de las mujeres y en su incorporación al mercado de trabajo fueron decisivos para la mejora de algunas de las lacras que lastraban el desarrollo de un país en el que el 80% de la población vive aún bajo el umbral de pobreza absoluta de la ONU.
Quizá el mejor ejemplo ha sido la reducción de la mortalidad materno-infantil. En 2002, 1.600 madres murieron por cada 100.000 nacimientos vivos, según Unicef; en 2020, esta cifra había caído a 638 muertes. Una de las razones de este progreso fue la incorporación de médicas, enfermeras y matronas a los cuidados obstétricos. En amplias zonas de Afganistán, las prácticas culturales vetan que un hombre trate o examine a una mujer, ni siquiera cuando se trata de salvar su vida o la de su bebé en el parto. Y si la escasez de sanitarias sigue siendo una de las barreras que impide reducir aún más la mortalidad maternal e infantil, ¿qué futuro espera ahora a un país al que los talibanes acaban de privar de sus médicas, enfermeras y matronas del futuro? ¿Quién dará clase a las niñas menores de 12 años, las únicas a las que los talibanes permiten todavía estudiar, si no hay profesoras? ¿Cómo podrán las ONG hacer su trabajo si no pueden emplear a mujeres ahí donde los hombres no pueden intervenir?
Las tres ONG internacionales que este fin de semana anunciaron la suspensión de sus programas en Afganistán —Save the Children, el Consejo Noruego de los Refugiados y Care Internacional— lo subrayaron en un comunicado: sus empleadas “son indispensables”. Si estas organizaciones se marchan definitivamente, los 24 millones de afganos que necesitan ayuda humanitaria según la ONU —de una población de 39 millones— quedarán abandonados a su suerte. Y miles de afganas perderán sus salarios, a menudo el único sustento de sus familias.
Privar a las afganas de la educación tiene otras consecuencias dramáticas. Un estudio del Banco Mundial de 2018 demostraba que la probabilidad de que una niña contraiga un matrimonio precoz se reduce en seis puntos porcentuales por cada año adicional que cursa en la educación secundaria. Una de las primeras medidas que tomaron los talibanes fue cerrar los institutos femeninos. Lo que es otra vía hacia un desastre anunciado: los matrimonios infantiles están detrás de una natalidad disparada y del aumento de la mortalidad materna e infantil. Cada vez menos recursos, lo que significa más pobreza y más muerte.
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