La Iglesia y EL PAÍS

Matar al mensajero nunca ha sido la solución para atajar un problema y mucho menos uno muy grave. Pero esa es exactamente la estrategia que ha escogido la Conferencia Episcopal Española (CEE) ante la investigación elaborada por EL PAÍS sobre abusos sexuales cometidos desde los años cuarenta por personas pertenecientes a la Iglesia española. En lugar de tomar cartas con seriedad, diligencia y transparencia en un asunto de extrema importancia, la CEE ha optado por descalificar, tanto desde la propia institución como a través de medios en cuyo accionariado participa, como la cadena Cope, el trabajo riguroso realizado por los profesionales de este periódico. La labor ha quedado plasmada en el informe entregado al papa Francisco quien, a diferencia de sus subordinados en España, sí ha dado pasos concretos que los segundos deberían haber emprendido hace décadas.

Tras día y medio de injustificado silencio, la CEE expresa en una nota aclaratoria —cuya elaboración responde a la publicación, el pasado domingo por parte de EL PAÍS, de la noticia de que el Vaticano supervisa todo el proceso tras el dossier entregado a Francisco con 251 nuevos casos de pederastia en nuestro país— que “sería deseable que las acusaciones que recoge el citado informe tuvieran mayor rigor, ya que su contenido, de carácter muy dispar, hace difícil extraer conclusiones que puedan servir a una posible investigación”. Se trata de una afirmación falaz. En la investigación realizada por los periodistas de este medio se ha aplicado un criterio restrictivo, es decir, se ha optado por descartar numerosos casos en los que pudiera haber no ya una duda razonable, sino circunstancias de cualquier tipo que llevaran la investigación de un caso concreto a un callejón sin salida. Ha primado la calidad de la información sobre la cantidad. Pero el organismo que representa a los obispos españoles se permite con una nota llena de retórica generalista arrojar la duda sobre una labor de años cuyo resultado constituye la única contabilidad de referencia existente en nuestro país de casos de pederastia cometidos por personas de la Iglesia, sin excluir los casos publicados por otros medios.

De hecho, esta labor nunca se hubiera producido si los obispos españoles hubieran reaccionado como debían ante las denuncias realizadas por las víctimas. Algunos casos pertenecen a un pasado remoto, pero tampoco lo han hecho con los menos lejanos en el tiempo a pesar de las instrucciones explícitas de la Santa Sede, a la que deben obediencia. En ellas se indica claramente que quien recibe la denuncia tiene el deber de iniciar una investigación. A la inacción pasmosa se suma un intento de descrédito. Ambos contrastan con la actitud adoptada tanto por el mismo Vaticano como por numerosas órdenes religiosas con presencia en España y en cuyo seno también ha habido denuncias de abusos sexuales.

La actitud de la CEE ante estas revelaciones lleva a la inevitable conclusión de que no está interesada en que se investiguen unos hechos terribles. Además del daño causado a las víctimas, lo ocurrido escandaliza a la sociedad española, incluyendo a los católicos. Los obispos de EE UU, Francia y Alemania decidieron libremente hace años encargar a organismos independientes la investigación veraz y acreditada que aquí ha asumido EL PAÍS.