Un viejo rey y el Estado de las autonomías

Aunque los delitos y los castigos son tan antiguos como lo es la humanidad que los comete y sanciona, la manera de redactar las normas básicas de convivencia y la forma en que se condena a quien las contraría ha sido muy cambiante. Los primeros textos legislativos en castellano eran narraciones con nombres y apellidos de personas penadas por una culpa; son muy curiosas, servían para inspirar a los jueces y se llamaron fazañas. Siguieron los fueros, textos que hipotetizaban (si alguien roba, que pague), y que avisaban de las condenas de forma más universal, aunque esa universalidad estuviera muy limitada por el ámbito de aplicación de la ley: Castilla reunía numerosos fueros de pueblos o comarcas, distintos entre sí, sin un texto global común. Fue un logro trascender esta jurisdicción de narraciones particulares y de fueros locales, y ese logro tiene un responsable: un monarca audaz intelectualmente, Alfonso X el Sabio (1221-1284), que consolidó en Castilla un derecho mucho más abarcador y ambicioso, simbolizado en un código legal de una gran trascendencia: las Siete partidas.

Ese ordenamiento que son las Siete partidas fue un hito en la historia de nuestro derecho: se legisla pensando más allá del pueblo propio y el resultado es una obra de regulación jurídica realmente acaparadora, que incluía a los habitantes de la parte de Andalucía recién incorporada a Castilla, a los de Murcia, a los leoneses, a los manchegos... Las Siete partidas son una obra fundamental, pero no solo del derecho español: a las gradas para invitados del Capitolio se puede acceder a través de 23 puertas sobre las que se sitúan otros tantos relieves que reverencian a personajes relevantes de la historia legislativa estadounidense, y ahí está Alfonso X. La ley alfonsí sirvió para estructurar la convivencia de ese país tan nuevo que era Estados Unidos: se tradujeron las Siete partidas al inglés y todavía en el siglo XIX estas se aplicaban en la Luisiana.

Hoy hay mucho de apasionamiento acotado y foral en un país como el nuestro, que tiene una carta suprema en el ordenamiento jurídico común, que está, o debería estar, por encima de los privilegios territoriales. En España, los derechos igualitarios están avalados por nuestra Constitución pero la financiación autonómica, y de ello dan fe las disensiones internas dentro de los propios partidos políticos, no nos iguala a todos los españoles ni en oportunidades ni en la cartera de servicios a la que tenemos derecho. Déjenme que piense aquí en Andalucía, como podría pensar en Extremadura sin tren o en los pueblos vaciados de las dos Castillas.

En este mes celebramos los 800 años del nacimiento de ese rey sabio enterrado en Sevilla que creó la primera disposición legal que igualaba a todos los súbditos bajo unos mismos derechos, independientemente de la parte del territorio en la que habitaran. Las Siete partidas fueron inspiradas por el aliento europeo que emergía de la Universidad de Bolonia. El mismo viento inclusivo de equidad y nivelación debería abrirnos los ojos ahora ante la necesidad de igualar los distintos territorios de España.

Hay, por cierto, otro medallón hispano en el Capitolio estadounidense: el del judío Maimónides (nacido en Córdoba en 1138). Maimónides dijo que las acciones políticas de quien gobierna deben emanar “conforme a la mesura de derecho, no por mero arrebato de la pasión”. Pues eso.